Cerramos nuestro anterior artículo con la “conducta errática” de Javier Milei. En este último mes las vendettas a potenciales aliados se multiplicaron. La escalada del conflicto con los gobernadores le dio una veta aún más psico-rivadaviana al Presidente de la Nación. Siendo justo, el desquicio fue general. Los adversarios a la Rosada se refugiaron en la Historia nacional del XIX. Se enunciaron los pactos preconstitucionales, la Confederación, los federales (Quiroga, Rosas, Dorrego) y los unitarios (Lavalle, Paz). El fallo judicial federal en favor de Chubut calmó las aguas. Con el llamado al Pacto de Mayo la Rosada ganó tiempo. Entiendo que en esta interconsulta entre los psiquiatras presidenciales y los asesores en historia de sus adversarios, se pierde mucho de un necesario análisis político situado que permita desentrañar las claves de las múltiples propuestas de reforma del presente. Esto es lo que proponemos para nuestro artículo.

La ciencia política de gabinete intentaría explicar el presente con ejes rectores: izquierda-derecha, republicanismo-personalismo, progresismo-conservadorismo, federal-unitario. Sin embargo, las discusiones más prolíficas de la coyuntura son transversales. ¿En qué teoría englobar el debate de la corrupción? ¿Qué concepto refiere a la modernización de las relaciones laborales o de las federales? Considero que es conveniente volver a la idea de lo “realmente existente” que impone un análisis histórica y coyunturalmente situado. ¡A por ello!

¿Cuál es la “ética pública realmente existente”? Uno tiende a pensar que refiere a un procedimiento público de auditoría, evaluación y debido proceso en la judicialización de actos de corrupción. Pues bien, asistimos en febrero a una campaña de desprestigio sobre Fernanda Miño, ex Secretaria de Integración Socio Urbana de Nación, con el solo objetivo de que dicha agencia pierda el jugoso Fondo de Integración Socio Urbana que ahora controla el mega Ministerio de Economía, ofrendándolo a un objetivo de equilibrio fiscal que paralizó las obras en una centena de barrios carenciados. Aún no se ha pedido disculpas ni concedido derecho a réplica. Si el “discurso de ética pública” es una herramienta que se usa dependiendo de a quien se mire, pierde su sentido igualador frente a la ley y tiembla la confianza social. Por ahora, la ética pública realmente existente parece sesgada. Por ejemplo, ¿cae sobre ese tema el endeudamiento a cualquier tasa, sin control legislativo y para gasto corriente? ¿La incompatibilidad entre la función pública y los beneficios fiscales en el desempeño empresarial privado es también tema de ética pública? Teléfono para el Ministro.

¿Cuál es la “reforma laboral realmente existente”? En la discusión interna al peronismo en particular, parece permear este debate. Una lectura de la presente sociedad de la información evidencia teóricamente la necesidad de reformas en el corto plazo. En general, el progresismo no avanzó en dichas reformas por cuestiones de diagnóstico: el problema no sería de regulación laboral sino de los niveles de productividad y la potencialidad de inversión por expectativa de crecimiento. Es decir, el problema de las contrataciones sería la crisis. Así, las estadísticas nacionales verifican a los tiempos de mayor protección laboral como los de mayor expansión de oferta de trabajo. Entonces, existen propuestas sueltas: 1) las obligaciones laborales y sociales podrían graduarse en escalas empresarias, 2) se debería formalizar modos de trabajo digital y/o a distancia, asegurando beneficios laborales, 3) habría que revisar los tiempos procesales del juicio laboral para compatibilizar el volumen de las indemnizaciones con la continuidad de la actividad empresarial, 4) habría que implementar la jornada de 6 horas. Aunque sostienen un principio central atendible de no retroceso en derechos ya conquistados, estas propuestas no suelen estar entramadas ni tener una ofensiva parlamentaria considerable del progresismo.

Del otro lado, la propuesta de los sectores de derecha suele estar mejor entramada, se estructura sobre el principio de la flexibilización, la formalización de la precariedad de los vínculos laborales, la extensión de los periodos de prueba, los recortes en derechos indemnizatorios, la responsabilización de las cargas sociales sobre trabajadores, etc. Aún con evidentes efectos de empobrecimiento general y contracción del mercado interno, estas propuestas suelen tener mejor llegada a la opinión pública por su simplicidad discursiva. De esta manera, la “reforma laboral” progresista o expansiva, en este presente, no es más que un oxímoron; una contradicción que en la actual orientación de ideas preponderante entre los proyectos parlamentarios solo sería habilitante de la retracción de los derechos laborales y sociales.

¿Cuál es la “reforma electoral sindical realmente existente”? La respuesta oficial a la tibia oposición del sindicalismo argentino es, una vez más, la amenaza de su reforma electoral. Como las anteriores, es una consigna a priori legítima si se observa la media de edad de los líderes sindicales. Pero más allá del apriorismo teórico, este tema tiene dos significaciones históricas puntuales. Por un lado, el poder político pone sobre la mesa dicha reforma si y solo si los referentes sindicales se muestran coyunturalmente díscolos. Así las cosas, “democratización” significa “prenda de negociación”, lo que la deslegitima frente a la opinión pública. Por otro lado, desde antaño, abrir el juego a nuevos actores siempre ha significado una oportunidad para la militancia sindical de base: más joven, con más capacidad y voluntad de movilización. En este sentido, es probable que en un marco de ajuste estructural, “democratización” significaría “avanzada de los combativos”. Esto sería un error táctico; uno más de los que ya nos tiene acostumbrados la total inexperiencia del equipo presidencial.

¿Cuál es el “poder provincial realmente existente”? Cerramos el artículo por donde empezamos. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de las provincias, el dominio originario de los recursos naturales y la autonomía de sus instituciones republicanas de gobierno. Formalmente, el poder provincial es bastante amplio, pero siempre se encuentra permeado por el debate público nacional. Por ejemplo, Frigerio ha expresado públicamente su coincidencia programática con el ajuste estructural de Nación. Ansioso por acordar, ha quedado aturdido frente a la catarata de insultos y al desfinanciamiento de la Casa Rosada. En el otro extremo el Gobernador de Chubut (tampoco peronista) capitaneó en febrero una fuerte defensa de sus recursos coparticipables. Frente a su sorpresa, desde los medios privados oficialistas le han caído todos los estigmas. Con los epítetos de “pro-sindical” o “dialoguista con el peronismo” blanquean que una identidad política o solo el diálogo con específicos sectores puede usarse como insulto en televisión. Mas allá de la función ideológica de los medios ¿nacionales?, lo importante aquí es que la verdadera significación actual del “poder provincial realmente existente” radica en un delgado equilibrio entre un colaboracionismo pusilánime y un confrontativismo mediáticamente estigmatizado. Equilibrio inmovilizante, por cierto. Como nos enseña el caso de Santa Fe, bajo cualquier signo partidario la inmovilidad de lo público solo deja tierra fértil para la mejor oferta de mercado: la del crimen organizado. Los gobernadores no pueden perder el tiempo en redes digitales. Su poder emerge de una red socioterritorial, que debe complementar seguridad, salud, cultura, educación y defender sus presupuestos. Coincidencias programáticas coyunturales no deben cercenar la densidad de las capacidades estatales para la reconstrucción de la paz social.

Ética pública dependiendo del acusado, reformas laborales en un solo sentido, cambio electoral sindical como “amenaza”, poder provincial encorsetado y a tiro de titular periodístico. Si de significaciones situadas hablamos y en honor a los tiempos que corren, recomiendo un tag de búsqueda en internet: “Moreno, Liniers, Córdoba”. Intuyo que podría ilustrar la significación histórica de la convocatoria al mayo cordobés.