La iniciativa, en la que está trabajando junto a sus pares, apunta a lograr un aporte del Estado provincial con el fin de mitigar el impacto que están sufriendo las universidades públicas, con asiento en la provincia de Entre Ríos, producto de la quita del subsidio a la tarifa eléctrica aplicada por el gobierno nacional.
De esta manera, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) tendrían una quita del 30% en sus facturas de luz.
“La educación pública gratuita y de calidad es un derecho universal y un bien público y social, que no se puede ni se debe medir en términos de rentabilidad”, afirmó el senador.
En este marco, mencionó al educador José Benjamín Zubiaur (1856-1921) que fue rector del Colegio del Uruguay y primer presidente de la Asociación Educacionista “La Fraternidad”, que sostuvo que sólo el Estado, “que es la resultante de todas las fuerzas sociales, puede organizar una enseñanza que no ofenda conciencia alguna y que abrace en su seno a todos los espíritus, ni responda a un propósito de lucro, sentimiento tan antípoda de su elevada función”.
Según la ley de Educación Superior, el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, pero esto es justamente lo que no está sucediendo en el caso de UTN y UNER, y allí radica la necesidad de la asistencia propuesta. En cuanto a la Uader, que está a cargo de la jurisdicción, también significará un alivio en sus finanzas.
El proyecto de ley señala que el aporte a las universidades de un porcentaje del costo de sus facturas de luz se hará en forma transitoria, y hasta que se restituya la subvención que eliminó el gobierno de Javier Milei.
“Los enormes incrementos en las facturas de luz de los últimos meses, que se suman a la quita de subsidios y los recortes presupuestarios a las universidades que dispuso el gobierno nacional, han causado incertidumbre acerca del normal funcionamiento de esas Casas de Estudios”, señaló Oliva. La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica a tal punto que, sin una ampliación presupuestaria, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro (1997).
A modo de resumen, algunos de los problemas que están padeciendo son: falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores; el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la falta de actualización de los gastos de funcionamiento; la no renovación de los sistemas nacionales de becas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otras.
“Las universidades públicas tienen una alta valoración en la sociedad argentina, no solo por su tarea de formación, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”, dijo el senador uruguayense.
“Nos parece oportuna la propuesta para que, desde la legislatura entrerriana, podamos ratificar la importancia de tener a la educación pública dentro de las prioridades, jerarquizando su asignación presupuestaria, para poder seguir brindado un servicio de calidad, no arancelada y con ingreso libre”, puntualizó Oliva.

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