Sergio Urribarri estará en el banquillo virtual de los acusados
El exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel asistirá a las audiencias de manera virtual. Está acusado de haber financiado en 2015 su campaña proselitista con dinero del Estado. Pedirán 9 años de cárcel.
Sergio Daniel Urribarri comenzará a ser enjuiciado este lunes en Paraná por cinco causas de corrupción. El exgobernador entrerriano y actual embajador argentino en Israel presenciará las audiencias de manera virtual.
Los delitos que se le atribuyen son peculado, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles. Según adelantaron los fiscales, para el exgobernador pedirán 9 años de cárcel.
Las audiencias se desarrollarán a partir de las 9 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia -STJ-, los días lunes, martes y jueves de cada semana. Además, se permitirá un aforo de 100%, según se informó desde Tribunales.
Las causas
El juicio aglomera tres causas en las que Urribarri está procesado por haber utilizado dinero del Estado para financiar su campaña proselitista conocida como �SSueño Entrerriano⬝, con la que buscaba posicionarse a nivel nacional en 2015.
Las dos restantes corresponden al direccionamiento de contratos públicos para favorecer a las empresas de publicidad Next SRL y Tep SRL, ligadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y a Global Means S.A., del empresario Germán Buffa.
Una de esas causas del �SSueño entrerriano⬝ investiga el pago por parte del Estado de una solicitada contra los �Sfondos buitres⬝, que fue publicada en diferentes medios de comunicación a nivel nacional y que fue utilizada para promocionar la imagen de Urribarri.
Otra es la que atañe a la organización de la Cumbre del Mercosur, que se realizó el 2014 en Paraná. En este caso, la Fiscalía sostiene que el dinero que debía ser para gastos organizativos del encuentro de presidentes se utilizó para difundir cuatro spots proselitistas.
Asimismo, el expediente sostiene que se direccionó la contratación pública para favorecer a la firma Nelly Entertainment S.A., propiedad del conocido empresario Jorge �SCorcho⬝ Rodríguez, quien contó con información privilegiada para poder presentarse a la licitación y convertirse en adjudicatario.
Por último, el Ministerio Público Fiscal investigó la asignación de partidas presupuestarias para la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata en enero de 2015, con el objetivo de promover, por ese entonces, la precandidatura del gobernador entrerriano.
