Del total adeudado, $ 382 mil millones (65 %) son títulos públicos, $202 mil millones son con el Estado nacional (35 %), y $52 millones (0,01 %) es con bancos privados y deuda consolidada. Cabe destacar que la deuda con los bancos privados se redujo casi en su totalidad, un 80% dado que solo se financiaron $ 260 mil, mientras que en el 2022 la misma había llegado a $1,3 millones. Por otro lado, la deuda con el Estado Nacional se incrementó 245 % (su variación real fue de 11 %) y el monto de los bonos públicos se incrementó en 301 % (29 % aumento real).

Intereses de la deuda
Los intereses devengados en el 2023 suman $17 mil millones lo que representa el 6 % de total de los recursos públicos disponibles, luego de afrontar el pago de salarios, jubilaciones y coparticipación a municipios, que son los gastos rígidos a la baja.
Del total de los intereses devengados en el 2023, el 48 % correspondió a intereses del bono ER2025, que son US$3 5 millones, es decir $8 mil millones aproximadamente, correspondiente a las dos cuotas desembolsadas según el acuerdo con los bonistas, que son pesificadas y registradas al tipo de cambio a la fecha de su efectivo pago.
Son bonos en dólares estadounidenses, emitidos por el gobierno entrerriano en el 2017 y reestructurados en 2021 cuando la provincia se declaró en imposibilidad de pago (default). Estos bonos representan actualmente casi la totalidad de la emisión de títulos públicos provinciales, y el 64 % del stock de deuda total de la provincia de Entre Ríos.

Vencimientos próximos del bono ER2025
El perfil de vencimiento del bono ER2025 en el 2024 entre amortización e intereses ascenderá a US$ 130 millones. Una cuota de US$64 millones, que ya se pagó en febrero de 2024 y la otra proyectada en agosto de US$ 66 millones.
Vale aclarar que hasta 2023 sólo se pagaron montos correspondientes a intereses de la deuda, y que el pago de capital comenzó en 2024.

Conclusión
El último ejercicio financiero provincial, arrojó un déficit de $67 mil millones, a diferencia de los 3 años anteriores que fueron superavitarios (2020-2022). Esto coloca a la provincia en una posición de vulnerabilidad frente a los próximos vencimientos de pagos de la deuda.
Este diagnóstico, dispara la necesidad de repensar las cuentas públicas y el funcionamiento del Estado Provincial para poder afrontar los pagos. Buscar generar más recursos públicos para afrontar estas obligaciones no es viable dada la excesiva presión impositiva vigente que reduce el capital de trabajo, favorece la informalidad y afecta la competitividad de la Provincia. Se está en una situación financiera compleja, en una provincia donde la mayoría de sus gastos son inelásticos y rígidos a la baja, ya que la mayoría corresponden con erogaciones en personal y seguridad social y dónde en el contexto actual, la deuda con el Estado Nacional será un desafío con el nuevo cambio de gobierno.