En la ciudad de Santa Fe se llevó a cabo la XVIII Reunión Institucional de la Región Centro bajo el lema “Un modelo de desarrollo desde el interior productivo”. El encuentro contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), y marcó el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque regional, que pasó de Santa Fe a Córdoba. Durante el acto, Pullaro defendió con énfasis el rol del interior productivo en la economía nacional: “Somos el motor del país. No venimos a pedir, venimos a exigir que nos dejen producir”.&nbsp; El mandatario santafesino cuestionó la histórica centralidad porteña en las decisiones económicas y denunció que las provincias de la región aportan mucho más de lo que reciben. “Defendimos al campo y a la industria del saqueo. Queremos rutas, gasoductos y una logística que potencie nuestra capacidad productiva”, remarcó. Por su parte, Martín Llaryora destacó la construcción del bloque como una muestra de madurez política: “Para constituirnos como un núcleo de poder, tuvimos que dejar de lado las diferencias partidarias. Esta región es sinónimo de trabajo y producción, y eso es lo que nos distingue en el país”. Finalmente, Frigerio valoró el crecimiento del espacio común y subrayó los logros alcanzados en el último año: “Logramos frenar el aumento de las retenciones al campo porque alzamos una voz conjunta. Somos el corazón productivo de la Argentina y queremos que nos escuchen más”. También reafirmó la voluntad de proyectar el modelo regional al resto del país: “Vamos a seguir trabajando para construir la Argentina productiva que nos enseñaron nuestros abuelos”. Durante la reunión, los mandatarios coincidieron en fortalecer la articulación entre las provincias para impulsar la infraestructura, el empleo y una agenda de desarrollo que priorice la producción desde el interior del país. &nbsp;

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron más obras, menos retenciones y equidad federal

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el miércoles un proyecto del Poder Ejecutivo, que llegó con media sanción del Senado, para derogar tres artículos del Código Fiscal vinculados al cobro de adicionales impositivos. La votación se realizó sobre tablas y generó cuestionamientos del bloque justicialista, que advirtió una posible violación a la Constitución Provincial y al reglamento interno de la Cámara. Desde el bloque opositor “Más para Entre Ríos”, su presidenta Laura Stratta pidió que se registrara en el acta la forma en que votó cada legislador, ya que, según señalaron, “hay dudas razonables sobre la validez de la aprobación”. La norma fue acompañada por 19 diputados: los 16 presentes del bloque Juntos por Entre Ríos y tres del sector libertario. Sin embargo, desde el justicialismo recordaron que el tratamiento sobre tablas requiere una mayoría especial de dos tercios de los presentes, lo que en una sesión con 33 legisladores equivale a 22 votos afirmativos. A pesar de las objeciones, la presidencia de la Cámara dio por sancionada la ley y concluyó la sesión. Por ahora, no se ha reconsiderado el resultado, aunque la oposición evalúa posibles medidas por la supuesta inconstitucionalidad del procedimiento. &nbsp;

El PJ impugna la aprobación del Código Fiscal

En una entrevista brindada este jueves, el presidente Javier Milei aseguró que el acuerdo que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional no implica una devaluación. “De ninguna manera”, dijo, y explicó que “en Argentina faltan pesos, no dólares”, remarcando que el respaldo de divisas excede ampliamente la base monetaria.El mandatario calificó como “irrelevante” la discusión sobre el tipo de cambio oficial y subrayó que el programa en elaboración con el FMI es “totalmente distinto” al de otras gestiones. Además, vinculó la situación económica con un trasfondo político: “Hubo un intento de golpe, institucional, político, en la calle y en el mercado”, sostuvo. Milei también respondió a los cuestionamientos de Cristina Kirchner, a quien acusó de buscar desestabilizarlo: “’Che, Cristina’ está nerviosa porque Casación le negó el recurso. Sabe que va a ir presa. Entonces hace lo que se llama quemar las naves”. El Presidente volvió a endurecer su discurso contra el kirchnerismo y reafirmó que su gestión avanza en un rumbo económico que, según dijo, no requiere ajustes cambiarios bruscos. &nbsp;

Milei descarta devaluación y acusa a Cristina Kirchner de buscar desestabilizar su gobierno

La presidente del Concejo Deliberante, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó los logros de la sesión del jueves. Se aprobó el proyecto de Ordenanza que institucionaliza el reconocimiento a “Mujeres Concordienses Destacadas”, quienes serán elegidas por concejales en colaboración con distintas instituciones locales. También hubo apoyo unánime a una resolución expresando solidaridad con trabajadores del Peaje Estación Yeruá quienes ven peligrar sus fuentes de trabajo ante el fin de la concesión de la cuestionada empresa Caminos del Río Uruguay. Además, expresó satisfacción por la Jornada 2025 del Clúster del Pecán que se lleva a cabo este jueves 27 y viernes 28 de marzo en el Centro de Convenciones por 11° año consecutivo en Concordia y, que reúne a 250 personas de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México para discutir la producción, industrialización y comercialización del pecán, concluyó.Expedientes Ingresados Para la presente sesión legislativa ingresaron un total de veinticinco expedientes y, también se mocionó en la Orden del Día el ingreso de un expediente del concejal Dr. Mauricio Rey. Los expedientes en su mayoría fueron tratados y aprobados, quedando los restantes para la próxima sesión.Por otra parte, fueron aprobados: Proyecto de Ordenanza prorrogándose por 60 días hábiles, el plazo establecido en el art. 9 de la Ordenanza N° 38.542(Gestión de Compras) desde la entrada en vigencia de la presente norma. Proyecto de Ordenanza instituyendo el mes de Marzo, para el reconocimiento a “Mujeres Concordienses Destacadas” quienes serán elegidas por los concejales en colaboración de las instituciones de la ciudad. (Silvina Ovelar- Celeste Fuscado) Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios para garantizar la continuidad laboral de los empleados del Peaje Estación Yeruá. (De los señores Concejales) Proyecto de Resolución Declarando de Interés Municipal, Cultural y Educativo el “El Festival de Ajedrez” en memoria de Roberto M. Odorisio en el marco de la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a realizarse el 29 y 30 de marzo. (Carolina Amiano) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal, Cultura y Educativo a la propuesta de articulación entre la escuela y el museo: la visita auto guiada como estrategia para la enseñanza, con la colaboración de varias instituciones a realizarse durante los meses de marzo a junio. (Carolina Amiano) Proyecto de Resolución Adhiriendo al proyecto de la Cámara de Diputados referente a la actualización automática de los montos a transferir a CTM para la ejecución del convenio firmado en fecha 25 de febrero de 2004. (Claudia Villalba) &nbsp;

El pleno del Concejo Deliberante expresó su apoyo a los trabajadores del peaje Estación Yeruá

Este miércoles volvió a reunirse la Comisión de Legislación General para continuar analizando el proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la provincia de Entre Ríos (AABIPER). Para ampliar datos y evacuar dudas se hicieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo y Fiscalía de Estado. También este miércoles se reunieron de manera conjunta las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General, para avanzar en un proyecto sobre la conformación del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua.En el Salón de la Vicegobernación encabezó el encuentro la presidenta de la Comisión, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) con la participación de sus integrantes Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos). También asistieron los senadores Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos) y Rubén Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos).En esta oportunidad se hicieron presentes por parte del Poder Ejecutivo el abogado Alejandro Plugoboy, y en representación del Fiscal de Estado, que por cuestiones de agenda no pudo asistir, el abogado Martín Rettore. El proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, consta de seis capítulos y 23 artículos, y tiene por objeto la creación de la AABIPER como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con autarquía económica financiera, y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado, que se constituirá con los bienes y personal de la Dirección de administración de tierras fiscales y la Unidad de control de inmuebles dependientes de la Fiscalía de Estado. A lo largo del articulado se definen las finalidades y atribuciones de la Agencia, como su dirección y organización. Así también se crea el “Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial”, que tendrá por objeto ingresar, registrar y dar de baja los inmuebles que integran el patrimonio del Estado Provincial, con el fin de generar una base de datos unificada que sea utilizada por todas las dependencias provinciales.Plugoboy señaló ante los legisladores que la iniciativa pretende unificar los bienes inmuebles del Estado, con el objetivo de hacer una gestión más eficiente de los mismos, en función de la dispersión que hoy existe en distintos aspectos. En este sentido habló de edificios públicos, islas, que a veces no hay marcos legales claros, por lo tanto la idea es dotar a este organismo para llevar adelante un relevamiento de inmuebles y a partir de eso avanzar en distintas direcciones, políticas públicas y normativizaciones. En este punto marcó que pueden pensarse áreas productivas, culturales, ambientales, etc.El abogado hizo referencia a las posibles ventas de propiedades, entendió que el proyecto no vulnera la Constitución, y apuntó que se contempla la subasta o licitación pública. Asimismo explicó sobre la conformación de la Agencia, el personal, y que se ha tomado referencia para el proyecto a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a nivel nacional.Por su parte, Rettore puso énfasis en el objetivo de centralizar la política inmobiliaria que tiene el Estado provincial. Entendió que se trata de un proyecto superador y para la provincia muy necesario.A lo largo del encuentro los senadores realizaron distintas preguntas y aportes sobre artículos específicos de la iniciativa. El tema seguirá siendo analizado por la Comisión de Legislación General. &nbsp;

Proponen centralizar la gestión de inmuebles del Estado con una nueva agencia provincial

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, se reunió este miércoles con el objetivo de debatir un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Procesal Penal de la Provincia, a fin de incorporar la institución de la reiteración delictiva (reiterancia) como criterio para la disposición de la prisión preventiva. Puntualmente se solicita la modificación del Art Nº 240 e incorporar un nuevo Artículo, el 354 bis que introduce el concepto de “reiterancia delictiva”. En esta primera reunión para el tratamiento de esta iniciativa participaron como invitados Jorge Amilcar García, procurador general del Ministerio Público Fiscal; Raúl Avero, asesor del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, y Juan Pablo Ballhorst, a cargo de la Coordinación Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia. Acerca de esta propuesta legislativa, su autora, la diputada Carola Laner, reseñó: “Hace muchísimo tiempo venimos analizando este proyecto. En diferentes reuniones, la sociedad nos muestra una preocupación latente que es la famosa puerta giratoria, que ha servido para empoderar delincuentes”, en referencia a quienes son detenidos e inmediatamente recuperan la libertad. “Esa demanda de la sociedad tiene relación con datos empíricos. Por ejemplo, en Concordia, el 70% de las detenciones son de personas reiterantes. Lo mismo sucede en Paraná y en diferentes ciudades”, agregó la legisladora. Acerca de los cambios propuestos al Código Procesal Penal de Entre Ríos, precisó que se introduce el término de reiterancia delictiva, que ya está incorporado en otros Códigos como los de Tucumán y Mendoza, donde este instituto “bajó muchísimo los índices delictivos”. También se incluyó la reiterancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y recientemente se aprobó en el Congreso de la Nación.&nbsp; Por otro lado, la comisión abordó un proyecto de resolución que busca otorgar el reconocimiento y beneplácito a los veteranos de guerra de Malvinas oriundos de la provincia de Entre Ríos, presentado por Gabriela Lena. Estuvieron presentes integrantes del Centro de Veteranos de Paraná.La iniciativa prevé solicitar al gobierno de la Provincia la creación y entrega de una distinción honorífica en reconocimiento al mérito y servicio de los veteranos entrerrianos que, por razones de radicación, hoy se encuentran fuera del territorio provincial. &nbsp;

Comenzó en Diputados el debate de incorporar la reiterancia delictiva para disponer la prisión preventiva

No es un secreto para los radicales de Concordia –ni para buena parte de la dirigencia provincial– que Benedetti ha preferido siempre el rol de empresario al de activista comprometido. Nunca se lo vio caminar por los barrios en campaña, ni mostrar el esfuerzo sostenido que exigen las bases.En cada elección se han multiplicado las dificultades para que pasara siquiera un par de días acompañando las recorridas o poniendo el cuerpo en los lugares más críticos. Esa actitud, más cercana a la del político de escritorio que a la del militante convencido, es una constante en toda la provincia.Con una extensa trayectoria cargada de cargos legislativos y protagonismo nacional, muchos creen que su peso en la política se explica más por su poder económico que por su capacidad de construir desde el partido. Basta recordar que en 2015 fue el principal responsable de entregar la estructura radical al PRO sin condiciones, dejando pasar la oportunidad histórica de posicionar dirigentes jóvenes de la UCR en la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. No hubo exigencias, ni reclamos: la subordinación fue total. Y las consecuencias, visibles hasta hoy.Ahora, en medio de una interna que busca renovarse, el “Gringo” Azcué representa una figura nueva, legitimada en las urnas y con un consenso inédito dentro del radicalismo entrerriano. Sin embargo, un tecnicismo menor y una interpretación rígida del reglamento partidario lo dejaron fuera de carrera, en un movimiento que huele más a mezquindad interna que a respeto institucional.Benedetti cuestionó el fallo del tribunal y reivindica la trayectoria radical de Azcué, pero lo hace desde un lugar cómodo, sin asumir su parte de responsabilidad en la falta de renovación real del partido centenario. Su solidaridad es válida, pero llega tarde y sin la fuerza de quien ha demostrado, durante años, priorizar su perfil empresarial por sobre el compromiso activo con el futuro de la UCR.&nbsp; (I:Roca)

Atilio Benedetti: Entre la solidaridad formal y su distanciamiento histórico del radicalismo militante

A las 11 horas, está convocada la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), para tratar el expediente N° 27.154, un proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación. Este encuentro contará con la participación, en calidad de invitado, del fiscal del Estado de la provincia, Dr. Julio Rodríguez Signes. Luego, a las 12 horas, se llevará a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), donde abordarán el expediente N° 26.876, que contiene un proyecto de Ley por el que se sustituye el Artículo 85º de la Ley Nº 9.172, referido a la conformación del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua. Por último, a las 12:30 horas, la Comisión de Peticiones y Milicias, presidida por la senadora Miranda, está citada para trabajar sobre el expediente de Ley por el que se modifica el Artículo 295° del Reglamento General de Policía aprobado por Ley N° 5.654. Todas las reuniones tendrán lugar en el Salón de los Vicegobernadores. &nbsp;

Senadores tratarán hoy miércoles tres proyectos en Comisiones

En el Expediente 27.101 P. se detallan las modificaciones que buscan incorporarse en el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Puntualmente se solicita la modificación del Art Nº 240 e incorporar un nuevo Artículo, el 354 bis que introduce el concepto de “reiterancia delictiva”. La reiterancia tiene el objetivo de impulsar que quienes cometen delitos, tienen antecedentes y detenciones previas, esperen el juicio en situación de detenidos. También se incluye la modificación del Art 340 de la misma, relacionado a la sustitución de la prisión, que hace referencia a la obligatoriedad del uso de tobillera electrónica y a los rigurosos controles que debe haber en caso del beneficio de la prisión domiciliaria. “Desde nuestro espacio somos respetuosos del tratamiento que le va a dar la Comisión al Proyecto. Desde que fue presentado el día 20 de mayo de 2024, hemos recibido mucho interés de parte de diferentes sectores de la sociedad e inclusive desde los referentes de distintos municipios de la provincia de Entre Ríos en cuanto a concretar la aprobación de la Ley de Reiterancia. De nuestra parte, la idea es federalizar el Proyecto en las diferentes ciudades y dar un debate abierto de cara a la sociedad” sostuvo Laner.Una legislatura &nbsp;y un gobierno provincial que escucha el pedido de los ciudadanos “Estamos convencidos que el Código Procesal Penal debe ser revisado conforme a las necesidades operativas y las demandas sociales. Dando lugar a la contemplación de las víctimas que reclaman celeridad en la solución de los conflictos penales, sin que esto implique la violación de las garantías de las personas sometidas a proceso” sostuvo Laner, manifestando también que desde la Cámara de Diputados se debe dotar al Poder Judicial de las reformas legislativas y herramientas necesarias para contar con un Código Procesal que piense en todos los actores. “Mientras los delincuentes no tengan miedo de salir a robar, a matar, a delinquir, mientras la impunidad y el garantismo sigan siendo los grandes aliados de los delincuentes, como sociedad seguiremos desamparados. Entendemos que esta es una forma de ponerle un límite a la dañina puerta giratoria, que solo ha servido para empoderar delincuentes” “Con este Proyecto lo que buscamos es terminar con la puerta giratoria, ese permiso para delinquir, tan dañino que durante tantos años dio la impunidad. Por esta razón creo que este Proyecto será acompañado por todos los legisladores, porque es hora de dar una respuesta a tantas víctimas, de reparar el daño cometido en todos estos años”. &nbsp;

Hoy comienza a tratarse el proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ramírez sostuvo que “la última información que tenemos sobre el caso es que la jueza argentina se ratificó en su pedido de extradición, y el juez Rolando Duarte corrió vista al representante del Ministerio Público y todavía está en fecha para presentar su dictamen donde se va a aconsejar si se hace lugar a ese pedido de extradición o no”.Explicó que “el cuestionamiento que se hace (desde la Justicia paraguaya) es que no hay todavía una imputación propiamente dicha, sino que es una investigación. Por otra parte, dentro del pedido hecho por la jueza argentina hay algunos puntos que no son parte de una extradición formal. Lo que se hace en un pedido de extradición es solicitar que envíen a la persona y tiene que haber doble incriminación, es decir que haya delito tanto en Paraguay como en Argentina, y que no estén prescriptos esos hechos punibles. En este pedido que hace la jueza argentina se pide incautación de celulares, allanamiento del departamento donde actualmente está residiendo y también una declaración de él, y todos esos puntos no son propios de un pedido de extradición, sino que deberían haber sido solicitados por un pedido de ayuda internacional”. En tanto, dijo que “en Paraguay todavía no se concretó una causa por lavado de activos, está siendo investigado, no hay imputación según el exhorto”. Aclaró que “lo que está abierto ante la Justicia es la imputación por tentativa de contrabando, y además hay ante el Ministerio Público una investigación penal por lavado de activos, pero todavía no hay una imputación propiamente dicha, no hay una causa jurisdiccional abierta ante el juez. Sólo es una investigación del Ministerio Público, que puede durar dos o tres años sin imputación, y si no hay una imputación no se abre una causa”. &nbsp;Agregó que esa investigación “es con respecto a las inversiones y compras que hizo antes Guinsel Costa”. Puntualizó asimismo que en Paraguay “el delito de lavado de activos tiene una pena de cinco años, pero si viene del narcotráfico la pena se agrava”. Por otra parte, sobre la prisión preventiva domiciliaria de Kueider, Ramírez comentó que “en Paraguay la ley dice que cada tres meses se debe hacer de oficio una revisión de medidas cautelares, y hace poco se hizo un cambio de domicilio porque habían pedido la casa donde estaba. Sin embargo, la semana próxima podría darse el requerimiento conclusivo de la Fiscalía y puede pedir acusar y pedir juicio oral o pedir una salida alternativa, puede ser una suspensión condicional del procedimiento o cumplir con unas condiciones y después quedar ya sobreseído. O un procedimiento abreviado donde piden una pena, pero normalmente es con un acuerdo con la otra parte, pueden ser dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, es decir que no iría preso, pero tendría algunas condiciones”. Por otra parte, mencionó que “la expectativa de pena por contrabando no es tan alta, son hasta tres años”. Consultado por otras situaciones ocurridas en relación a Kueider, sostuvo que “las investigaciones se manejan bastante cerradas, no se da a conocer mucho y recién con la imputación hay más conocimiento, las investigaciones son secretas prácticamente. Lo último que se supo es que se abrió esa investigación y está en pleno desarrollo, y que se piden informes a las entidades bancarias, a los lugares donde compró y demás”. Por último, comentó que “ahora estamos a la expectativa para ver qué es lo que pide el fiscal del caso” y sostuvo que en la prisión domiciliaria “se cumple en un barrio de Asunción, donde hay casas y no hay tantos edificios de departamentos”. (I:Análisis) &nbsp;

Caso Kueider: “En Paraguay hay una investigación por lavado de activos, sin imputación''

En el marco del Día de la Memoria, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió una extensa reflexión en la que cuestionó el enfoque predominante sobre la historia reciente del país. A través de un mensaje publicado este 24 de marzo, Villarruel sostuvo que “la sociedad argentina sigue dividida, casi 50 años después del golpe de 1976”, y pidió recuperar una visión más integral de lo ocurrido. En su publicación, la titular del Senado repasó su postura crítica sobre la conmemoración de la dictadura, señalando que “la historia ha sido contada desde una perspectiva sesgada”, que —según afirmó— “omitió a las víctimas de las organizaciones armadas” como Montoneros y el ERP, a las que responsabilizó por promover una ruptura institucional durante el gobierno democrático anterior al golpe. Villarruel denunció una “memoria selectiva” que, a su juicio, “convirtió a los uniformados en los únicos responsables y a los guerrilleros en víctimas”, y lamentó que las más de 17.000 personas afectadas por los atentados de estos grupos hayan sido “eliminadas de las páginas de la historia”. A lo largo del texto, también hizo referencia al sufrimiento de civiles y militares asesinados durante los años 70, criticó las indemnizaciones otorgadas a exmilitantes y planteó la necesidad de “cerrar heridas” para construir un futuro basado en el respeto a todas las víctimas. Para Villarruel, este 24 de marzo debe ser también una oportunidad para recordar “a quienes actuaron convencidos de estar defendiendo a la Patria” y para incluir en la memoria colectiva “a los que fueron ignorados por el Estado durante décadas”.

Villarruel cuestionó el enfoque oficial sobre el 24 de marzo y pidió una visión más amplia del pasado argentino

Se trata de una grabación de 2018, producto de una operación de inteligencia de alto nivel encargada por Sergio Urribarri, entonces presidente de la Cámara de Diputados, en un contexto donde Gustavo Bordet buscaba desplazarlo. Con los votos en contra ya confirmados, Urribarri recurrió a operadores porteños para intervenir el sistema de cámaras de la Gobernación, según fuentes de distintos sectores que confirmaron la versión a Página Política. Una vez obtenido el material, se lo envió al entonces secretario de la Gobernación, lo que frenó la maniobra de Bordet para removerlo de la presidencia de la Cámara. Ante la situación, Bordet y Kueider decidieron judicializar el caso y explicar que el dinero en cuestión correspondía a los gastos reservados, que efectivamente se distribuyen sin control. Fue el propio Kueider quien se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y entregó el video. La causa, finalmente, fue archivada.Sin embargo, el video adquirió una nueva propietaria, además de Urribarri, Bordet, Kueider y la Procuración: la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo obtuvo en el marco de allanamientos en Concordia. Las imágenes pudieron filtrarse desde cualquiera de estos actores. La pregunta clave para comprender la trama es: ¿a quién beneficia y a quién perjudica?Consecuencias políticas La permanencia del caso Kueider en la escena mediática tiene múltiples efectos, algunos aún imprevisibles a nivel nacional. En Entre Ríos, en cambio, el peronismo es el principal damnificado. La situación recuerda a la UCR tras el gobierno de Sergio Montiel, cuando los dirigentes parecían más interesados en debilitar a sus propios correligionarios que en enfrentar a sus adversarios externos. Urribarri, por ejemplo, desde que recuperó la libertad, además de retomar el cuidado de su plantación de tomates, se ha dedicado a atacar al peronismo entrerriano. Un hecho curioso si se considera que la provincia está en manos del PRO y el país gobernado por un personaje errático, sobre los cuales el exgobernador no ha hecho mayores comentarios. Su postura es comprensible si se repasa su historia: pasó de ser precandidato a presidente de la Nación a recibir una condena con penas propias de un homicida. En un contexto electoral sin PASO, Bordet carga con las consecuencias de todo lo que se sepa sobre Kueider, su hombre de confianza durante su primera gestión. Si alguien debe asumir la responsabilidad política por la detención del exsenador en Paraguay, ese es el exgobernador y actual diputado nacional. Aunque el video de Kueider no debería tener incidencia en la causa que enfrenta Bordet en Concordia –ya que fue el propio procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, quien lo descartó como prueba–, su viralización, sumada a otros hechos recientes, podría generar un clima favorable para que el jefe de los fiscales reafirme su histórica lealtad al oficialismo e impute al exgobernador. En la justicia, las decisiones no siempre se explican ni se justifican: simplemente se ejecutan. Rogelio Frigerio podría ser el gran beneficiado de esta situación en pleno año electoral, tal como Bordet lo fue cuando Urribarri era blanco de la Procuración General, a la que él mismo había fortalecido con recursos y estructura.El carrusel del poder El “carrusel” de García –donde perdona en la ida y ajusticia en la vuelta– es un fenómeno que debería estudiar el actual gobernador, quien recientemente ha recibido presiones por la lista de fiscales auxiliares revelada por este medio y que disgusta al procurador. Quizás convendría que dialogue con Pedro Báez, quien se sintió traicionado por compañeros de ruta a los que consideraba hermanos. Porque, al final, la calesita gira siempre al ritmo de la música oficialista, lo que tranquiliza a quien está en el poder. Luego, solo quedan los lamentos. (I: Federico Malvasio, Página Política)

¿Quién es el dueño del video de Kueider y cuál es su posible impacto?

El exsenador Edgardo Kueider sumó una nueva causa penal en Paraguay. Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a Infobae. Si avanza, ese expediente podría complicar la extradición a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado, publicó Infobae. La maniobra figura en reportes de operación sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Según esos documentos, publicados por la Revista Análisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectivizó en junio. A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en dólares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunción SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat. Esas dos personas son los supuestos dueños de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta. Infobae había revelado que la compra de esa firma se concretó el 30 de julio del año pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos dueños (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta. La operación de los seis departamentos nunca se concretó. En septiembre, se terminó firmando una rescisión del contrato que habían suscripto en junio. “Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos. Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motivó un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperación que ambos países integran, y hasta se abrió un sumario interno en la UIF local.

El exsenador Edgardo Kueider sumó una nueva causa por lavado de dinero

La reciente aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP) como nuevo sistema de votación en Argentina ha generado preocupación entre las autoridades de la Justicia Electoral, quienes advierten sobre los riesgos asociados a la falta de capacitación y recursos. Ocurre que la ausencia de un plan adecuado para entrenar a los votantes y a las autoridades de mesa podría incrementar los votos nulos y en blanco entre un 3 % y un 5 %, un fenómeno que ya se ha observado en otros países que adoptaron este sistema por primera vez. Este cambio, que será implementado en las elecciones legislativas de octubre de 2025, también enfrenta complicaciones logísticas y políticas que podrían dificultar su correcta ejecución. De acuerdo con el Decreto 1049/2024, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que reglamenta la ley aprobada por el Congreso, la Boleta Única de Papel reemplazará a las tradicionales boletas partidarias en las elecciones nacionales. Este sistema consiste en un único pliego que contiene a todos los candidatos y categorías, permitiendo a los votantes marcar su elección con una cruz. Sin embargo, errores como seleccionar más de un candidato en la misma categoría o dejar espacios sin marcar podrían invalidar el voto, precisó Infobae. El Gobierno nacional ya ha hecho saber que no hay plata para reforzar estas tareas de capacitación, según sostiene en ámbitos de la Justicia Electoral. El panorama se torna aún más complejo debido a los recortes presupuestarios que afectan a instituciones clave en los comicios como el Correo Argentino, responsable de aproximadamente el 90 % de la logística electoral, o la Casa de la Moneda, la entidad que históricamente se ha encargado de la impresión de padrones, planillas e instructivos electorales. Todo esto preocupa y pone por delante un nuevo desafío logístico al ya complicado panorama electoral.Ventajas y críticas La Boleta Única de Papel fue promovida por sectores políticos como La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, quienes argumentaron que este sistema garantiza mayor transparencia y equidad en el proceso electoral. Según estos sectores, la BUP eliminará prácticas como el “voto cadena”, el robo de boletas en el cuarto oscuro y la entrega de boletas partidarias junto con bienes materiales, como electrodomésticos o colchones, que han sido asociados a maniobras clientelares. Sin embargo, jueces electorales y expertos han señalado que en las provincias donde ya se utilizó la Boleta Única, se registraron altos porcentajes de votos en blanco y nulos, especialmente en categorías como senadores, diputados e intendentes. En algunos casos, estos porcentajes superaron el 20 %, lo que, sumado al ausentismo, podría reducir significativamente la participación ciudadana. De ahí la necesidad por reforzar las tareas de capacitación.Detalles técnicos Según el decreto 1049/2024 la BUP deberá incluir franjas horizontales para cada categoría de cargo a elegir y columnas verticales para identificar a las agrupaciones políticas. Cada columna mostrará el nombre, sigla, logotipo y número de identificación del partido, así como las fotografías de los principales candidatos. Además, el diseño contempla medidas de seguridad como un talón troquelado, márgenes de seguridad y la impresión de sellos de agua. Sin embargo, estas características incrementan significativamente los costos de producción. Las autoridades de mesa y los fiscales deberán estar atentos a posibles irregularidades, como la aparición de marcas adicionales en las boletas que podrían anular los votos de una fuerza política, ya sea que se haya realizado de manera intencional (para invalidar el voto), o por error o desconocimiento. En distritos grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se eligen numerosos diputados, la ausencia de los nombres de todos los candidatos en la boleta podría generar confusión entre los votantes. Según advirtieron especialistas, esto obligará a los partidos a imprimir material adicional para informar a los electores, contrariamente al objetivo de simplificación del nuevo sistema. Con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte, el éxito de esta nueva modalidad dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para superar estos obstáculos y garantizar un proceso electoral eficiente y accesible para todos los ciudadanos. Foto: Poder Ciudadano&nbsp;

Preocupa a la Justicia Electoral la falta de capacitación para el sistema de boleta única

Rosario del Tala fue sede de un nuevo encuentro de militantes entrerrianos de La Libertad Avanza (LLA) que hizo foco en los fuertes cambios que se viven a nivel gubernamental, “haciendo centro en las fuertes transformaciones del destino de país que realiza el Gobierno de Javier Milei”, indicaron en un comunicado de prensa. Federico Garófalo, excandidato a intendente de Rosario del Tala; el concejal electo Hugo Rosetti; el referente de la juventud, Aureliano Narváez; y el dirigente talense Ariel Galizzi conformaron una mesa que, junto a Mayda Spiazzi y Sebastián Etchevehere, reunió a representantes de toda la provincia. A puertas abiertas se coincidió en seguir construyendo la estructura partidaria para que, “lo que ya fue gravitante en las últimas elecciones, siga siendo un ámbito de propuestas ciudadanas que tiene como centro dar luz y dejar germinar los 17 Departamentos entrerrianos. Esta seguidilla de reuniones partidarias del grupo de Etchevehere ha generado una elevada y natural concurrencia en cada uno de los espacios visitados”, se indicó. “No nos quedamos en acusaciones cruzadas y no nos creemos los únicos que sabemos ver la película”, enfatizó Etchevehere, quien fue candidato a gobernador por Entre Ríos. Por tal motivo, se analizaron los distintos caminos emprendidos, sus decisiones, el mandato popular de seguir profundizando la transformación y trabajar sobre todo la identidad de cada una de las regiones que conforman la provincia. &nbsp;&nbsp;Eli Barrientos, concejal por el justicialismo, tomó la decisión de salir de su bloque y emprender un camino junto a esta agrupación y lo manifestó públicamente en el encuentro: “Lo importante es ser transparente no solo con uno mismo sino para poder llegar al otro”. El grupo territorial que se viene conformando ha tomado como propias las consignas de trabajar con los distintos sectores socioeconómicos, conocer sus problemáticas y transformarse en un eslabón más de esta cadena de esfuerzo y trabajo que necesita nuestra población. &nbsp;

La Libertad Avanza se reunió para analizar la realidad provincial

La impugnación la presentó Alejandro Carbó por incumplimiento del requisito de observar cuatro años ininterrumpidos de afiliación como dicta la Carta Orgánica.&nbsp; &nbsp;&nbsp; El juez federal con competencia electoral de Paraná, Leandro Ríos, resolvió el sábado 22 de marzo confirmar lo dispuesto por el Tribunal Electoral Partidario de la Unión Cívica Radical (UCR), que en su resolución Nº 13/2025 del 17 de marzo hizo lugar al punto 1 de la impugnación que presentó Alejandro Carbó, histórico dirigente radical que en una carta pública dirigida al joven intendente, le avisó que “cumpliendo los mandatos morales que mi formación ha forjado, debo impugnar tu candidatura” porque, entendió, que “no reunir los requisitos de Carta Orgánica o doblarla a los intereses del caso es un pecado original”.Histórico dirigente de la UCR objetó la candidatura de Azcué a la&nbsp;presidencia del partido porque no cumple con la Carta OrgánicaRíos tomó intervención el 20 de marzo por decisión del Tribunal Electoral, que el día anterior remitió las actuaciones para su resolución. El juez precisó que el conflicto a resolver consistió en determinar si Azcué, como candidato a presidente del partido por la lista Vamos Radicales, cumple con &nbsp;“las condiciones de elegibilidad establecidas en la Carta Orgánica del partido”.Ríos indicó que Azcué renunció al partido para ingresar en el Ministerio Público Fiscal (MPF), señalando que aquello consta en la primera ficha de afiliación que obra en la Secretaría Electoral que exhibe un sello con la palabra “Renuncia” y data del 18 de marzo de 2017.Añadió que el 11 de marzo de este año presentó la nueva ficha de afiliación “que se encuentra en etapa de verificación y que lleva fecha del 10 de octubre de 2022”. También consideró que “no se registran constancias de que Azcué haya solicitado al Comité Provincial el reconocimiento de su antigüedad o que este le haya otorgado dicho reconocimiento”.El juez sostuvo que “en estas condiciones establecidas por la Carta Orgánica del partido, Francisco Azcué no cuenta con la antigüedad para el cargo que se postula contada desde su reincorporación y hasta la fecha de su pretendida oficialización, lo que así se declara”.Añadió que “en efecto, es una limitación impuesta por la ley partidaria y la decisión del Tribunal constituye la última instancia interna de la agrupación política, la que debe regirse por su respectiva Carta Orgánica”.Ríos valoró que aquellas “restricciones resultan válidas y legítimas, atento al principio de regularidad funcional y el ejercicio de poder reglamentario de las autoridades constituidas del partido, que garantizar el ejercicio igualitario de los derechos políticos de los afiliados, sujetos al liminar principio de razonabilidad”.El punto 1 de la Resolución 13/2025 hizo lugar a los argumentos de Carbó en lo que concierne al incumplimiento de “los requisitos establecidos en la Convocatoria (Resolución 1/25)” y de “los artículos 26.2 y 30 de la Carta Orgánica de la UCR, procediéndose al corrimiento de la lista”.El Tribunal partidario distinguió entre “renuncia” y “suspensión” de la afiliación, destacando que Azcué renunció a la afiliación el 23 de septiembre de 2019 para ingresar como fiscal al Poder Judicial.También detalló en su decisión “los requisitos para ser candidato a presidente de la UCR distrito Entre Ríos… que impone una antigüedad en la afiliación no menor de cuatro años para integrar el Comité Provincial”. &nbsp;

El fuero Federal confirmó la impugnación a la candidatura de Azcué para presidir la UCR

El esquema incluyó la compra de departamentos a través de una firma pantalla, préstamos simulados, falsificación de balances y vehículos registrados a nombre de terceros.El núcleo de estas maniobras se realizó mediante la empresa Betail SA, creada días después de que Kueider asumiera en el Senado en 2019. A través de esta firma, sin actividad comercial real, adquirió tres departamentos en Paraná valuados en más de 40 millones de pesos. Las operaciones fueron facilitadas por colaboradores cercanos: un primo, contadores, una abogada y excolaboradores del Congreso. Muchos de ellos fueron detenidos en operativos realizados la semana pasada.La jueza Sandra Arroyo Salgado considera que el entramado tenía como fin otorgar apariencia legal a fondos obtenidos ilícitamente, principalmente durante su paso por la empresa estatal de energía ENERSA, donde Kueider tenía representación por el Ejecutivo provincial. Parte de los fondos podrían estar vinculados a una causa previa, conocida como “Securitas”, donde se investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad a funcionarios de ENERSA entre 2017 y 2019.La Justicia sostiene que los ingresos de Kueider como senador o funcionario no alcanzaban para justificar las operaciones realizadas.Además, en uno de los allanamientos se encontraron videos donde se lo ve contando grandes sumas de dinero en efectivo en su oficina durante su paso por la gobernación. Estos registros refuerzan la hipótesis de que se trataba de dinero fuera del control oficial.Kueider está actualmente con prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, luego de haber intentado ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar. La Justicia argentina ha solicitado su extradición.La causa avanza con una acusación por lavado de activos agravado, que contempla penas severas, e incluye a al menos ocho personas más como partícipes de una presunta red dedicada a ocultar dinero proveniente de la corrupción. &nbsp;

Las maniobras que complican a Kueider por lavado de dinero

Sus libros no solo cuentan historias: desencadenan investigaciones judiciales que han terminado con ex gobernadores, vicegobernadores y senadores detenidos. Nadie ha desnudado el entramado de corrupción política en Entre Ríos con tanta precisión y coraje como él.Reconocido por asociaciones como FOPEA por la calidad y profundidad de sus investigaciones, Enz ha construido una trayectoria sin parangón en la historia política de la provincia.Y ahora vuelve con fuerza. A fines del mes que viene sale a la luz su nuevo libro: “La banda de los contratos”, una investigación minuciosa de más de 300 páginas sobre un caso que estremeció y sigue sacudiendo a la opinión pública.“Un aporte a la ciudadanía y un mensaje también al poder, que por muchos años miró para otro lado”, anticipó Enz.El periodismo, cuando es valiente y comprometido, puede cambiar la historia. Y Daniel Enz lo demuestra con cada página.

Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron más obras, menos retenciones y equidad federal

El PJ impugna la aprobación del Código Fiscal

Milei descarta devaluación y acusa a Cristina Kirchner de buscar desestabilizar su gobierno

El pleno del Concejo Deliberante expresó su apoyo a los trabajadores del peaje Estación Yeruá

Proponen centralizar la gestión de inmuebles del Estado con una nueva agencia provincial

Comenzó en Diputados el debate de incorporar la reiterancia delictiva para disponer la prisión preventiva

Atilio Benedetti: Entre la solidaridad formal y su distanciamiento histórico del radicalismo militante

Senadores tratarán hoy miércoles tres proyectos en Comisiones

Hoy comienza a tratarse el proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva

Caso Kueider: “En Paraguay hay una investigación por lavado de activos, sin imputación''

Villarruel cuestionó el enfoque oficial sobre el 24 de marzo y pidió una visión más amplia del pasado argentino

¿Quién es el dueño del video de Kueider y cuál es su posible impacto?

El exsenador Edgardo Kueider sumó una nueva causa por lavado de dinero

Preocupa a la Justicia Electoral la falta de capacitación para el sistema de boleta única

La Libertad Avanza se reunió para analizar la realidad provincial

El fuero Federal confirmó la impugnación a la candidatura de Azcué para presidir la UCR

Las maniobras que complican a Kueider por lavado de dinero

Daniel Enz vuelve a sacudir el poder: se viene “La banda de los contratos”

Más Leídas de Política

El pleno del Concejo Deliberante expresó su apoyo a los trabajadores del peaje Estación Yeruá

Proponen centralizar la gestión de inmuebles del Estado con una nueva agencia provincial

Comenzó en Diputados el debate de incorporar la reiterancia delictiva para disponer la prisión preventiva

El PJ impugna la aprobación del Código Fiscal

Milei descarta devaluación y acusa a Cristina Kirchner de buscar desestabilizar su gobierno

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron más obras, menos retenciones y equidad federal