Marcone explicó que esta demanda no es solo un reclamo económico, sino que tiene un enfoque de fondo. “Apunta a asegurar que la provincia reciba un tratamiento justo en la distribución de recursos generados. El bajo precio que se establece para la energía de Salto Grande reduce de manera significativa los ingresos destinados a la CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande), afectando directamente las obras y mejoras complementarias que nuestra región necesita para crecer”, agregó.
“El objetivo aquí es claro: proteger los intereses de Entre Ríos en un marco de respeto y federalismo, defendiendo el derecho de nuestra provincia a recibir un flujo de recursos que fortalezca su desarrollo. Al exigir una revisión de las condiciones actuales, no se busca confrontación, sino justicia y equidad para las generaciones presentes y futuras de entrerrianos”, subrayó.
Marcone expresó además su respaldo a esta medida, convencido de que la defensa de los derechos provinciales es una acción coherente con los principios del federalismo y la autonomía. “Entre Ríos debe contar con los recursos que le corresponden para avanzar en su desarrollo de forma autónoma, sin depender de favores ni de intereses personales. Es una posición que todos debemos acompañar para que las políticas de desarrollo respondan verdaderamente a las necesidades de nuestra gente”, concluyó.