Apoco más de una semana de la visita de Javier Milei a la Exposición Rural, el Gobierno cumplió con una de las promesas que el presidente les había hecho a los ruralistas y eliminó los derechos de exportación, comúnmente conocidos como “retenciones”, para algunos los productos lácteos, productos de la categoría vaca, a excepción de animales vivos, cuya codificación sea A, B, C, D y E, y a los productos de la cadena porcina. Además, se redujeron en un 25 % los cargos que recaían sobre distintas cadenas de carne como la bovina, aviar, entre otras. El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al decreto en su habitual conferencia de prensa y sostuvo que “los que producen y los que apuestan son héroes y no son pasibles de ser castigados como se lo venía haciendo en la República Argentina”. Adorni detalló que el sector bovino el año pasado tributó más de 60 millones de dólares en retenciones, “monto que ahora, al no retenerlo en forma compulsiva las arcas del Estado, vuelve a los productores”. En la misma línea destacó la eliminación de la inscripción obligatoria en Registro Único de la Cadena Agroalimentaria, RUCA, al que definió como “un gran delirio heredado que entorpecía la producción y complicaba la vida de los productores”. Mediante el decreto 697/2024, publicado este martes el Boletín Oficial, el presidente cumplió con la promesa de mejorar la competitividad del sector e impulsar la proyección internacional para productos de alta demanda mundial. Las retenciones a los lácteos oscilaban entre 4,5% y 9% y estaban suspendidas hasta junio de 2025. Su eliminación busca darle previsibilidad a la industria para que pueda aumentar su productividad e inversiones. También se redujeron en 25 % las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5 % y 9 %. Para el Gobierno, las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a los granos y tienen un impacto federal masivo, puesto que los productos alcanzados por este decreto se producen en todas las provincias de nuestro país. En los considerandos, el Gobierno explicó que con el decreto busca “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional” y, por otro, “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”. También, se busca “promover un incremento en las ventas a mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, así como de su red de interacción, fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país, además de propender a mejorar la calidad de los productos”.
Desde el Gobierno, precisaron que apuestan por quitar el peso del Estado de los hombros de la producción agropecuaria, que registra 1.2 millones de puestos de trabajo y es responsable por el 63 % del total de productos exportados por Argentina. Según difundieron, el año pasado el 25 % de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de USD 70 millones.
En este contexto, el decreto sostiene que “se evidenció un paulatino pero constante crecimiento interanual en los volúmenes de exportación de los productos lácteos a pesar de contar con precios promedios de exportación más bajos que meses anteriores, dando cuenta de que aumentó la posibilidad de concreción de operaciones, a mayor resguardo de las fluctuaciones en la cotización internacional. La mejora en el tipo de cambio a partir del mes de diciembre de 2023 impulsó y acompañó el referido crecimiento, destacándose un impacto positivo en la mejora en el precio pagado al productor y en la rentabilidad del tambo promedio, que lleva una tendencia positiva en los últimos meses, con valores que no se registraban desde el mes de marzo de 2020’’, sumó el Gobierno a sus argumentos.