En su reunión de Acuerdo General Nº 22/12, del 14 de agosto de 2012, el STJER estableció un régimen de rotación anual de inhábiles judiciales, alternándose anualmente entre el “Día de la Abogacía”, 29 de agosto; y el “Día de la Magistratura”, 15 de septiembre, correspondiendo a este último durante el presente año. Cabe destacar que el Acuerdo mencionado establece que, si la conmemoración de turno llegase a coincidir con una fecha inhábil, se trasladará al día hábil siguiente.

El 16 de septiembre será inhábil judicial por el Día de la Magistratura

Las acusaciones incluyen la presunta creación de una “fiscalía paralela” y la falsificación de un decreto oficial. para designar a su pareja, Analía Romero y a su hermana Daiana Alfonsina de La Madrid como empleadas permanentes del municipio con la categoría más alta, lo que ha causado gran conmoción en la localidad. Pedro de La Madrid, quien ya cuenta con una condena penal condicional y la suspensión de su matrícula como abogado por estafa procesal, habría ideado un esquema en el que utilizaba correos electrónicos apócrifos para notificar al municipio y a otros actores judiciales sobre causas inexistentes.&nbsp; Según la denuncia, el abogado manejaba dos cuentas falsas: ministeriofiscalconcordia@gmail.com y oficinadegestiondeaudienciasc@gmail.com, desde las cuales enviaba falsas notificaciones judiciales, incluyendo citaciones y denuncias, con el fin de ganar poder dentro del gobierno local.Modus operandiLa estrategia de De La Madrid le permitió avanzar en su posición dentro del municipio, cobrando por gestiones que, en muchos casos, no existían. Se le otorgó control sobre la digitalización de normativas, la página web oficial y la redacción de decretos. Sin embargo, uno de estos decretos resultó ser falso, lo que derivó en la segunda denuncia en su contra. Falsificación&nbsp; de un decretoLa acusación sostiene que De La Madrid falsificó un decreto para designar a su pareja, Analía Romero, y a su hermana, Daiana Alfonsina de La Madrid, como empleadas permanentes del municipio con la categoría más alta, igualando en nivel al intendente Javier Goldín.Para encubrir esta maniobra, el libro de decretos correspondiente al año 2021, donde estaba registrado dicho documento apócrifo, desapareció del archivo municipal, lo que también fue reportado ante las autoridades.Investigación en cursoEl Ministerio Público Fiscal de Concordia se encuentra investigando estas denuncias, las cuales podrían derivar en cargos graves contra De La Madrid, como falsedad ideológica, usurpación de títulos, estafa procesal y asociación ilícita. De comprobarse los delitos, las consecuencias legales para el ex asesor jurídico podrían ser severas. Impacto en el municipioEl caso ha desatado una tormenta política en Estancia Grande, afectando la imagen de transparencia del gobierno encabezado por el intendente Javier Goldín. Las miradas están puestas en los avances de la investigación judicial, que esclarecerá las responsabilidades de cada uno de los involucrados en este entramado que ha conmocionado a la comunidad local. &nbsp;

El municipio denuncia a exasesor jurídico por montar una “fiscalía paralela” y falsificar un decreto

El abogado sostuvo que el exmandatario fue imputado como ministro de Gobierno en el primero de seis hechos, pero estaba de licencia por campaña política y, por lo tanto, no estaba en ese rol funcional.La audiencia en la que se ventila el requerimiento de elevación a juicio comenzó entre febrero y marzo de este año, pero estuvo suspendida desde abril hasta la semana pasada porque recusaron al juez que está a cargo del proceso, Julián Vergara.El abogado de Urribarri recordó que la acusación contra el exmandatario resume “seis hechos que Fiscalía entiende que deben ser concursados realmente, es decir, juzgados individualmente, que arrancan con la licitación pública 01/08”.Cullen señaló que Urribarri está imputado “primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador”, por haberse interesado en la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales -una de las firmas que conduce el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros-, para la adquisición de software para la administración pública, siempre según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF).“La imputación como ministro de Gobierno desde enero de 2007 es imposible porque Urribarri estaba de licencia. Del 14 de septiembre de 2006, Urribarri no detentaba el cargo de ministro que sostiene el hecho imputado. Esto es crucial para nosotros”, dijo el defensor. “Le adjudican a Urribarri una calidad funcional que no tenía. Tienen que reformular el hecho. Y para eso estamos acá, para controlar la acusación que nace de una manera que falta a la verdad”, subrayó. “Esto se vuelve a repetir”, advirtió el abogado. “Los seis hechos se dan a través de una actuación sistemática de Urribarri, según la acusación, que en función de su cargo se interesaba y favorecía Cardona Herreros. Estamos bajo supuestos que no existen”, acotó e insistió: “Hay que adecuar la acusación para poder ejercer la mejor defensa posible”.Cabe señalar que entre este lunes y el viernes, Cullen y los otros defensores de Urribarri (los abogados Fernando Burlando y Javier Baños) completarán el alegato defensivo en representación del exmandatario provincial. El resto de las defensas ya lo hicieron: Guillermo Smaldone como exministro de Trabajo de la provincia (que se representa a sí mismo); Humberto Flores como exsecretario de Hacienda de la provincia (representado por Leopoldo Lambruschini); Carlos Haidar como exdirector de Informática de la provincia (representado por Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez); Diego Cardona Herreros (representado por Ignacio Díaz y José Velázquez); Luis Erbes como exsecretario de Presupuesto y Finanzas (representado por Franco Azziani Cánepa); Miguel Ulrich como exdirector de Liquidaciones (continúa en el cargo y está representado por Gaspar Reca). Los fiscales a cargo de la investigación y la acusación son Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Ambos entienden que entre 2007 y 2015, en la provincia de Entre Ríos hubo una especie de “mesa de negocios” conformada por exfuncionarios políticos, el empresario paraguayo y empleados ejecutivos de sus empresas, que diseñaron licitaciones ajustadas, por montos millonarios que beneficiaron a las empresas de Cardona. Esas negociaciones implicaron sobreprecios y retornos de dinero para funcionarios públicos y privados. Los fiscales sostienen que las dádivas quedaron registradas en comunicaciones personales (telefónicas, correos electrónicos y planillas contables). No sólo refirieron a montos dinerarios sino también a viáticos, pasajes, paquetes turísticos, entre otros beneficios.“Estamos frente a una remisión a juicio que no supera el tamiz necesario de lo que establece el Artículo 402 y 403”, puntualizó el abogado. Y volvió a pedir la “reformulación” de la acusación para que se les vuelva a correr vista, vuelvan a defenderse y continuar con el proceso. En ese sentido, el defensor le reclamó al juez que dicte la nulidad. Para Cullen no pueden defenderse correctamente si la acusación no se readecúa. “Mi defendido no puede ser autor de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública si no estaba en el rol de funcionario público, no puede”, resaltó.Además, el defensor se quejó de que los hechos acusados contengan menciones a personas que estuvieron imputadas y acordaron suspensiones de juicio a prueba.“Le imputan conductas a personas que no pueden venir a defenderse. Si su señoría permitiera la continuidad de la remisión de estos hechos, estamos ante un problema gravísimo. Se van a comprobar hechos que involucran a personas que no pueden defenderse”, insistió. De ese modo se refirió el letrado a quienes dentro de este proceso acordaron con Fiscalía suspensiones de juicio a prueba. Es decir, aquellas personas que estuvieron imputadas por participación en los hechos investigados, que no eran funcionarios públicos sino empleados privados como Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares -todos ejecutivos de las empresas de Cardona Herreros- que acordaron probation y multas por sus conductas.“Queremos que se adecúe la acusación a otra que permita el mayor derecho posible de defensa. Todo lo otro que dijeron los colegas que me precedieron, también debe tomarse”, pidió el abogado, plegándose de ese modo a los alegatos defensivos que lo precedieron.El viernes 13 de septiembre, cuando se reanude la audiencia que pasó a un cuarto intermedio, continuarán las exposiciones los abogados Javier Baños y Fernando Burlando. Los defensores porteños continuarán con planteos de fondo y pedirán el sobreseimiento de Urribarri.La agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), registró jornadas en octubre para continuar con las réplicas de los fiscales a los alegatos defensivos, luego las dúplicas de los abogados, la resolución del juez y, para la etapa final, se espera la discusión sobre la prueba no controvertida que ingresará al juicio oral. Por último, habrá que sortear un tribunal que conduzca un futuro juicio oral y fijar fecha para su realización. Todo eso, si no se dicta un sobreseimiento. &nbsp;InvestigaciónLa causa tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que, en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.Según la hipótesis de los fiscales, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario.Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.&nbsp; (Análisis)

La defensa de Urribarri pide que dicten la nulidad y reformulen la acusación

La presidenta del tribunal&nbsp;fundamentó su oposición al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que Báez sea derivado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Entendió que la condena que pesa sobre el exministro, no está firme. Asimismo, fundamentó su rechazo a los pedidos de los fiscales para que Urribarri y Aguilera sean alojados en la cárcel bajo la modalidad de prisiones preventivas. A su voto se plegó el vocal Julián Vergara. De modo que, por mayoría, el tribunal impuso medidas restrictivas de la libertad contra los tres condenados: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución.&nbsp;El cumplimiento de estas coerciones impuestas, del que deberán dar cuenta, estará vigente hasta que la sentencia “sea ejecutable”. En disenso se pronunció el vocal Elvio Garzón, que no coincidió en lo medular de los votos que le precedieron. Para el juez, existe un riesgo de fuga latente que, en el caso de Aguilera y Urribarri, puede concretizarse. Además, subrayó una disparidad a la hora de aplicar las prisiones preventivas. “Son las personas más vulnerables las que soportan las medidas más gravosas, el encierro en unidades penales”, marcó. En uno de los puntos que sí coincidieron los tres jueces, fue denegar el pedido de Mauro Urribarri para que levanten el embargo sobre la casa del lago de Federación, inmovilizada en febrero de 2018. En la audiencia que discutieron las preventivas sobre los condenados del “megajuicio por corrupción”, el abogado Emilio Fouces se presentó en representación de Kriptax Inc SA, la empresa familiar de los Urribarri, y en nombre de Mauro Urribarri como presidente del Directorio. La mansión de Federación está inscripta como bien empresarial. De modo que al dictar la medida cautelar sobre la propiedad por la condena a Sergio Urribarri, tanto su hijo como la empresa se consideraron perjudicados. &nbsp;La solicitud fue rechazada de plano por los tres jueces.&nbsp; (Análisis)

Urribarri, Aguilera y Báez continuarán en libertad con restricciones

“La participación activa y comprometida en ese proceso debe estar alejada de cualquier acto de violencia y represión. “La Democracia es escuchar y considerar todas las voces, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.&nbsp; ‘‘Solo así se construye una sociedad más justa e inclusiva”. &nbsp;

Tras la violencia policial: El Superior Tribunal de Entre Ríos llama al diálogo

Se destacó el intercambio que se establecerá con los profesionales extranjeros que participarán. Habrá expositores de México, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Graciela Chiappa, titular de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, repasó los ejes y temáticas que estarán presentes en este encuentro que fue declarado de interés por Diputados.La Cámara baja declaró de interés legislativo las Jornadas Internacionales de Derecho de Familia, a realizarse en el Centro de Convenciones de Concordia el 29 y 30 de agosto. Radio Diputados conversó al respecto con Graciela Chiappa, titular de la sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, organizadora del encuentro. “Son las primeras jornadas que hacemos en Derecho de Familia con estas características, internacional”, dijo Chiappa, quien agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados y, específicamente del autor de la iniciativa, Marcelo López. En cuanto a los contenidos que se desarrollarán en el encuentro, dijo que comprenderán toda la problemática actual de esta rama del Derecho y la complejización que cada día va tomando y que “requiere de soluciones cada vez más novedosas y acores al caso planteado”. También destacó el intercambio que se establecerá con los profesionales extranjeros que participarán, algunos de manera remota y otros en forma presencial. Habrá expositores de México, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. La entrevistada repasó los distintos temas que abordarán los expositores, los cuales hacen hincapié en los derechos de las infancias, que son el eje del Derecho de Familia, y de los adultos mayores, que “se están haciendo muy visibles”. La organización está a cargo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Sección Concordia y cuenta con la colaboración de la Asociación de Abogados de Salto -República Oriental del Uruguay, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR) y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.&nbsp;

Concordia se prepara para las primeras Jornadas Internacionales de Derecho de Familia

Con respecto al menor involucrado por conducir uno de los vehículos, la fiscal denegó el planteo del doctor Ernesto Figún, solicitando la imputación del joven de 16 años que conducía el vehículo involucrado en el siniestro.&nbsp; El abogado de los familiares de las víctimas fatales había requerido que se lo impute por “homicidio con dolo eventual”, como así también que se incluya al padre del menor, Sergio Andrés Pessolani, como partícipe necesario.&nbsp; Tras analizar las evidencias disponibles, la fiscal determinó que no existen elementos suficientes para encuadrar al adolescente en el delito de homicidio con dolo eventual, lo que hace inviable la imputación solicitada, tal lo publicado por 7Páginas. En cuanto a lo solicitado por el doctor Pessolani, autorizó a pegar nylon en las ventanas y vidrios rotos del vehículo de su propiedad, el cual permanece secuestrado en la Comisaría Nº 23 como parte de la investigación. En tanto, le denegó su pedido de ampliar un informe de Vialidad, argumentando que las pruebas necesarias ya fueron cumplimentadas por los organismos municipales, provinciales y con la documentación policial existente en el legajo. La Fiscal también dejó en claro que las partes tienen el derecho de producir sus propias pruebas y evidencias, conforme al Código Procesal Penal. La investigación responde a un hecho trágico que cobró la vida de una familia de Concordia, el pasado 2 de abril. El padre de familia y su hijo de 8 años murieron en el acto, mientras que la mujer y otra hija, a los pocos días del trágico suceso.Octavio Telliz manejaba el Volkswagen Fox en el que viajaban su esposa, Daniela Dos Santos, y sus dos hijos, Ian y Ariana. Regresaban a Concordia luego de pasar el fin de semana largo en Federación.&nbsp; El choque se produjo contra un Chevrolet Cruze, en el cual se conducía un joven de 16 años y otra menor de edad.

Accidente fatal en Federación. Fiscal descartó la imputación por dolo eventual 
al joven de 16 años involucrado

Vazón, fue designado en noviembre de 2022 como Secretario del Consejo de la Magistratura Nacional, con la firma del presidente del organismo, Horacio Rosatti. Según la denuncia, Vazón habría estado cobrando por sus servicios en ambos cargos, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación formal bajo la carátula de “Fraude a la Administración Pública”.El fiscal Gonzalo Badano, encargado del caso, ha solicitado al Consejo de la Magistratura Nacional que informe si Vazón estuvo contratado bajo cualquier modalidad desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Esta información es crucial para determinar si el abogado oriundo de Concepción del Uruguay, incurrió en la defraudación al Estado, lo que podría llevar a una pena de prisión de 2 a 6 años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.Vazón, quien tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, ya que fue vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos, fue designado por Macri en 2016 como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Su carrera ha estado acompañada de figuras cercanas, como el actual ministro de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el ex candidato a intendente Juan Ruiz Orrico, quien fue destituido tras un accidente fatal en el que se encontró alcohol en su sangre mientras conducía un vehículo estatal. La investigación sobre Vazón se centra en la posible violación del artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino, que contempla la defraudación agravada contra la administración pública. Este delito es especialmente grave debido a la naturaleza del daño, que afecta directamente al Estado, y se castiga con severidad debido a la mayor protección que merece la propiedad del Estado en comparación con la de los particulares.El desarrollo de esta causa podría tener importantes implicaciones no sólo para Vazón, sino también para la integridad del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, un organismo clave en la selección de jueces y funcionarios judiciales en la provincia. La comunidad judicial y política de Entre Ríos espera con atención los avances de esta investigación, que podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la administración pública.<figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf.jpg" alt="PDF - 1"></figure><figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf_1.jpg" alt="PDF - 2"></figure><figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf_2.jpg" alt="PDF - 3"></figure> &nbsp;

Presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón bajo investigación por presunto fraude a la administración pública

Presidente del Consejo de la Magistratura bajo investigación por presunto fraude a la administración pública

El martes 30 de julio la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial, el andamiaje burocrático que establece cuándo se realiza un juicio y qué jueces participan, informó que el martes 6 de agosto, a las 9,30, se haría una audiencia para resolver el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer efectivas las condenas aplicadas en 2022 en el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri; al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Será ante el tribunal conformado por la camarista María Carolina Castagno, y los jueces de Garantía Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, reseñó Entre Ríos Ahora.El 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses. El abogado Leopoldo Cappa introdujo un planteo y dijo que hay en trámite ante la Cámara de Casación Penal un recurso de queja que cuestiona la integración del tribunal para tratar ese pedido. Pero la OGA le dijo que no haría lugar a ese reproche, aunque igual suspendió la audiencia prevista para el martes 6 y la reprogramó para este jueves 22, a las 9. ¿La razón? Uno de los jueces que integra el Tribunal, Elvio Garzón, extendió el pedido de licencia médica. Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños, el equipo de defensores de Urribarri, volvió a pedir el aplazamiento de esa audiencia con el argumento de que su reproche a la conformación del tribunal sigue en pie y ahora llegó en queja a la Sala Penal del STJ.La OGA les respondió que su planteo se había vuelto abstracto por cuanto por segunda vez volvieron a aplazar ese trámite. Ahora, en razón de la enfermedad del abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Entonces ese trámite, la audiencia para hacer efectivas las condenas que se pidió en abril, se pospuso, sin fecha.(I:Análisis) &nbsp;

Aplazan otra vez la audiencia por prisiones a exfuncionarios

Por otro lado, el secretario del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, José Raúl Velázquez, dijo que en la matrícula “hay unanimidad en la oposición al proyecto”. El Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales (Inecip), cargó contra el argumento económico esgrimido por “sectores minoritarios” del Poder Judicial provincial para reducir la competencia del juicio por jurados.En base a datos oficiales de la Justicia entrerriana, fijó en $ 6,6 millones las remuneraciones a 12 jurados durante un proceso que insuma 4 días. “Asumamos que todos los juicios duraran 4 días (en la práctica, suelen durar menos: 2 o 3 días), y que se realizaran 80 juicios por año (lo que representaría) el doble de los que se realizaron en 2023, que fueron 39”, plantó el instituto. En esta estimación, el costo total anual de los juicios por jurados sería de $ 530 millones.En comparación al presupuesto anual de 65 millones de pesos del Poder Judicial de Entre Ríos, el procedimiento insumiría apenas el 0,8 % “aun exagerando los días y duplicando la cantidad de juicios por jurados que se hacen por año”, resaltó el Inecip.Por su parte, Velázquez indicó a esta Agencia que la discusión sobre el juicio por jurados “se ha dado internamente y se ha consultado a los integrantes” del instituto quienes “por unanimidad se han expresado en contra de la reforma”.Cuestionamientos&nbsp;del Instituto Penal&nbsp;del Colegio de la Abogacía Además, consignó que no existen razones “ni jurídicas, ni empíricas ni emocionales” para introducir la modificación que se discute en la Legislatura.“Recurren al argumento de la revictimización para decir que no es viable el juicio por jurado”, en casos de violencia de género o hacia menores, señaló. “Pero hay una cuestión – acotó – Si se trata de menores, ya sea en caso de un juicio técnico o por jurado, se pasa la entrevista que se hizo en Cámara Gesell. Y en si son mayores, las víctimas declaran por igual ante un juez técnico o un jurado. No hay diferencias”, arguyó. Por último, reclamó: “Sería importante que la Cámara de Diputados, la Comisión que trata el proyecto, nos escuche a efectos de tener las mejores herramientas y tomar la mejor decisión posible”, concluyó. &nbsp;

Siguen las críticas al proyecto para modificar la ley de Juicio por Jurados

La nómina se dispuso conforme la reglamentación de las oficinas judiciales de la provincia, aprobada por Acuerdo General Nº 28/14 del 9.9.14, punto 2do.El listado determina la asignación judicial de los jueces de Garantías para los casos comprendidos en el horario de 13.01 a 6.59 del día siguiente:del 12 al 18 de agosto: Edwin Ives Bastian; del 19 al &nbsp;25 de agosto: Francisco Ledesma; del 26 de agosto al 1 de septiembre: Edwin Ives Bastian; del 2 al 8 de septiembre: Mario Figueroa; del 9 al 15 de septiembre: Francisco Ledesma; del 16 al 22 de septiembre: Edwin Ives Bastian; del 23 al 29 de septiembre: Mario Figueroa; del 30 de septiembre al 6 de octubre: &nbsp;Francisco Ledesma; del 7 al 13 de octubre: Edwin Ives Bastian; del 14 al 20 de octubre: Mario Figueroa; del 21 al 28 de octubre: &nbsp;Francisco Ledesma.

Turnos: Jueces de Garantías de Concordia para los meses de agosto, septiembre y octubre

El hecho imputado es causar sufrimientos innecesarios en un caballo en ocasión de una jineteada en zona de Gualeguay, conforme art. 3 inc. 7 de ley penal de protección animal Nº 14.346.Los abogados comenzaron las investigaciones pertinentes luego de que tomaran conocimiento de atroces videos donde se registraban los hechos denunciados en un espectáculo Publico de jineteada, llevadas adelante en la ciudad de Gualeguay. En los mismos se registran los latigazos con fustas y cadenas en la cabeza del animal cuando yacía en el piso y demás golpes, hasta que por último se registra que el caballo es llevado a la rastra. Por todo ello se acusa al imputado de inmovilizar en el piso, golpear y torturar un caballo. En fecha 7 de agosto de 2024 en una resolución histórica, la Dra. Alejandra M C Gomez, Jueza de garantías de Gualeguay, dispuso mediante resolución fundada, haciendo lugar al pedido de la fiscal y la querella (presentada por los Dres. Juliana D’Arrigo, Cecilia Dominguez y Fernando Di Benedetto en representación de las ONG’S Ecoguay y Conciencia Animal. &nbsp;

Elevan a juicio una causa por delito de maltrato animal en el marco de una jineteada

Hasta el primer semestre de 2024, se realizaron 94 juicios por jurados en la provincia, con un 86,81 % de los juicios resultando en una declaración de culpabilidad y un 96,7 % de los veredictos siendo unánimes. Sin embargo, un gran desafío es que el 38,29 % de los casos aún están pendientes de juicio o resolución. El sistema de juicios por jurados ha mostrado ser más demandante de lo que inicialmente se estimaba. Originalmente, se preveía realizar entre 10 y 15 juicios al año, pero en la práctica, se han realizado cerca de 40 juicios anuales. Esto ha generado una presión considerable sobre el Poder Judicial, que carece de la infraestructura y los recursos necesarios para manejar esta carga de trabajo de manera eficiente. Por ejemplo, en toda la provincia no existe un salón especialmente diseñado para llevar a cabo estos juicios, lo que obliga a las autoridades a alquilar espacios y montar el equipo necesario en cada ocasión. Además, solo se han creado dos cargos adicionales para manejar el incremento en la carga de trabajo, lo que ha llevado a una reasignación constante de funciones y al uso intensivo de los recursos disponibles. El costo de realizar un juicio por jurado también es significativo.&nbsp; Cada jurado recibe una remuneración diaria que, en conjunto con los gastos asociados, puede elevar el costo total de un juicio a entre 4,9 y 6,6 millones de pesos por tres o cuatro días de debate.&nbsp; Estos costos incluyen no solo la remuneración directa, sino también el reembolso de gastos como traslados y el suministro de refrigerios para los jurados.

En Entre Ríos se realizaron 94 juicios por jurados

El exsecretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno fue sentenciado a tres años de prisión por manipulación de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los años 2006 y 2007. La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) a la que también se adicionó la inhabilitación para a ocupar cargos públicos al considerarlo responsable de la información sobre estadísticas que realizaba el organismo, como los índices de inflación y del PBI (Producto Bruto Interno). Anteriormente, el fiscal Diego Luciani había pedido “cuatro años de prisión” y “diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos” para Moreno, en contraposición a la defensa del acusado que solicitó su absolución. Beatriz Paglieri, exdirectora de Índices de Precio de Consumo (IPC), también fue condenada con una pena similar a la de Moreno; también fueron inculpadas dos ex empleadas del INDEC: &nbsp;Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda. Esta es la tercera condena que recibe el exsecretario de comercio: La primera es por dos años y seis meses de prisión por los productos con la leyenda “Clarín Miente” y la segunda, de dos años de prisión “en suspenso” por el caso de los “¿Casco o guantes?” en un hecho vinculado a Papel Prensa. “Se alteraron indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. La inflación no tenía que pasar el 10 % y lo lograban mintiendo”, concluyó Luciani. &nbsp;

Guillermo Moreno fue condenado por manipulación de datos en el INDEC

La audiencia se desarrolló este lunes en los Tribunales de Concepción del Uruguay. Se programó para debatir el pedido de prisión preventiva formulado por el abogado Mario Arcusin, que representa a familiares de Axel Rossi, Leonardo Almada y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre. Los jóvenes murieron el 20 de junio a la madrugada en el accidente ocurrido en la ruta 39.&nbsp; La Fiscalía no acompañó el pedido de la querella y consideró que se podían aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que fue avalado por el juez.&nbsp; Díaz dispuso la libertad bajo reglas de conducta para Orrico por un período de 90 días. El ex presidente del Instituto Portuario y esposo de la jueza Evangelina Bruzzo fijó domicilio en la casa de su madre, en la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Disconforme con la decisión, el abogado de los familiares anticipó que apelará la resolución de Díaz. En un breve contacto con FM Riel indicó que ante la negativa a su pedido de prisión preventiva en una unidad penal pidió que fuese domiciliaria, en Concepción del Uruguay, algo que incluso compartía el defensor de Orrico, Félix Pérez. La libertad bajo reglas de conducta implica que Orrico deberá cumplir con ciertas obligaciones y restricciones, las cuales serán supervisadas por las autoridades correspondientes. Orrico fue indagado el viernes de la semana pasada y fue imputado formalmente por el fiscal Eduardo Santo del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, por la presencia de alcohol en sangre, por el exceso de velocidad y por la multiplicidad de víctimas fatales.&nbsp; (I:Analisis) &nbsp;

Juan Ruiz Orrico seguirá en libertad bajo condiciones y establece residencia en Buenos Aires

Rubén Pagliotto, querellante junto a Eduardo Vugner en representación de la esposa y los hijos de Enrique Fabiani, informó que junto a sus representados mantuvieron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio que se prolongó por más de dos horas. Según precisó, se hablaron varios temas y el gobernador les manifestó que intercederá ante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que Gendarmería y Prefectura “colaboren en forma coordenada” con la Policía de Entre Ríos en la investigación y búsqueda de Fabiani. Fabiani fue visto por última vez el 4 de junio en la estancia La Criolla, en el Distrito Mojones Sud Segunda del Departamento Villaguay, propiedad de Julio Aurelio Lodi, uno de los sospechosos junto a cuatro efectivos de la Brigada de Abigeato de la Policía por la desaparición del hombre de 74 años oriundo de Santa Clara de Buena Vista, Santa Fe. Pagliotto evaluó que la reunión con el primer mandatario provincial fue “muy profunda, muy sincera, se habló de todo”. También agregó que “la familia y yo presentamos nuestras sospechas, nuestras líneas o hipótesis de investigación”. También sostuvo que “fue una reunión fructífera, a cara o cruz, no se le escapó ningún tema. Nos llevamos un firme compromiso del gobernador de interceder ante Patricia Bullrich para que la Gendarmería nacional y la Prefectura colaboren, en forma coordenada, con la Policía de Entre Ríos en la búsqueda e investigación por la desaparición de don Enrique Fabiani. En el encuentro también estuvieron presentes &nbsp;el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el comisario general Ángel Ricle, director de Investigaciones; y el comisario mayor y sub director de Investigaciones, Horacio Blazón. &nbsp;

El Gobernador intercederá ante Bullrich para que Gendarmería y Prefectura colaboren en la búsqueda de Enrique Fabiani

&nbsp;Entendió que la causa fue iniciada bajo la vigencia del sistema de procedimiento Acusatorio Mixto, anterior al Acusatorio Puro y Adversarial y a la implementación del Instituto de Juicio por jurados. La Sala, también denegó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva oportunamente dispuesta a los imputados María José Saavedra, Lucía Lidia Saavedra, Gustavo Saavedra, Daian Amaro Castro, Aldo González, y Mario René Wolff Furlong. El rechazo a los arrestos domiciliarios solicitados, fueron fundados por encontrar indicios concretos de riesgos procesales que habilitan el mantenimiento de la prisión preventiva en los lugares de detención donde se encuentran actualmente. Las impugnaciones fueron interpuestas contra la sentencia de la Cámara de Casación Penal, Sala I, que confirmó las condenas dictadas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. El 23 de noviembre de 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, dio a conocer el adelanto de sentencia en el marco del juicio por los presuntos delitos contra la integridad sexual en Oro Verde.&nbsp; En el desarrollo de esa audiencia la vocal Carolina Castagno aseguró que los abusos sexuales denunciados por las víctimas, menores de edad al momento de haber ocurrido, fueron acreditados durante el juicio. Por unanimidad, el Tribunal fijó las siguientes condenas para las y los imputados: Saavedra, María José: 25 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto). Saavedra, Lucía Lidia: 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto). Wolf Furlong, Mario René: 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero). Saavedra, Juan Pedro: 20 años de prisión de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto). Castro, Daian Amaro: 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto). Saavedra, Gustavo Abel: 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto). Almeria, Natalia Yanina: 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada. González, Aldo Ignacio: 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Todos los imputados e imputadas se encuentran con prisión preventiva. Durante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares. Por tratarse de delitos contra la integridad sexual el debate se desarrolló a puertas cerradas. El 3 de agosto de 2023, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por las vocales María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y el vocal Darío Perroud, rechazaron los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de juicios y la confirmaron integramente.&nbsp;

La Sala Penal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria y confirmó las prisiones preventivas

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado les fijó una caución. Una vez que la integren, podrán abandonar el penal de Ezeiza donde se encuentran alojados. En los planteos defensivos hubo fuertes cuestionamientos a la investigación interna que impulsó Securitas. Las defensas de los Tórtul formularon sendos incidentes de excarcelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que fue resuelto en su favor por los jueces Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.Puntualmente, los defensores Juan Félix Marteau y Alejandro Bisbal plantearon la nulidad de la investigación y consiguieron que la cámara le ordenara a la magistrada que analice el incidente de nulidad que se abrió a raíz del planteo.&nbsp; La acción de los abogados derivó en que las excarcelaciones se hagan extensivas al resto de los imputados. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al expediente, hubo fuertes cuestionamientos a la investigación interna llevada adelante por Securitas, que dio origen a la causa penal. Cabe recordar que los empresarios fueron procesados con prisión preventiva en mayo por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusados de ser organizadores de una presunta asociación ilícita, coautores de cohecho activo y partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública. Los camaristas ponderaron que la causa y los numerosos incidentes que la componen constituyen una investigación de singular envergadura, con múltiples eventos y actores intervinientes. También mencionaron la existencia de gran cantidad de medidas de prueba pendientes de producción. Ante lo que vaticinan será una instrucción prolongada en el tiempo y que no está cerca la culminación de la pesquisa, el tribunal analizó las medidas de coerción. Los magistrados se detuvieron en los riesgos procesales argumentados por Arroyo Salgado en el procesamiento de mayo. La jueza había considerado que los hermanos Tórtul tenían que estar con prisión preventiva por su calidad de empresarios del rubro de la seguridad “con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.También mensuró que los medios a su alcance podían configurar peligros procesales. “Desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”, sostuvo.&nbsp; Además, aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados. Los camaristas analizaron cada punto. “En lo que respecta a la posible obstrucción de la investigación, no hay pautas demostrativas de que la etapa instructoria que transita el legajo pueda ser comprometida a partir de una maliciosa injerencia”, sostuvieron. Para los jueces, los indicadores precisados al respecto por Arroyo Salgado “no lucen claros y determinantes”. Añadieron que “si bien la magistrada indicó como posibilidad cierta que el encausado interfiriera en aquellos testimonios que podrían recepcionarse, tal cuestión luce conjetural y no recibe apoyo de otra circunstancia que le brinde asidero”. Más adelante, desestimaron “la mera circunstancia de haber mantenido vínculo a partir de la actividad comercial desplegada con diversas fuerzas de seguridad” y consideraron que no alcanza de por sí para aventurar una connivencia “para garantizar su sustracción de la autoridad jurisdiccional”. “En todos estos años no se constató o verificó ninguna pauta objetiva que torne razonable y atendible dicha formulación”, remarcaron.Los jueces ponderaron también que los delitos de que se acusa a los Tórtul no son violentos y resaltaron sus condiciones de arraigo “suficientes para neutralizar el peligro de fuga”. También consideraron que los empresarios fueron detenidos en sus domicilios sin que mostraran intención alguna de profugarse y que, incluso, entregaron teléfonos y claves voluntariamente. Más adelante, el tribunal determinó imponer medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva y dispuso la exigencia de una caución real “cuyo monto deberá ser prudencialmente fijado” por Arroyo Salgado. La caución fue fijada por la magistrada y, aunque no trascendieron detalles, &nbsp;los hermanos Tórtul cumplimentarían ese trámite en las próximas horas. Si bien había circulado que en razón de los embargos millonarios que pesan sobre ellos habrían tenido que acudir a allegados, luego se supo que los empresarios están avanzando sin recurrir a fiadores. El tribunal también les impuso la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes. En esta horas se definirá, además, la situación procesal de Daniel Carbonell, socio de los Tórtul en la empresa Tornell SA, actualmente a cargo de la seguridad de Enersa. El plazo vencía el lunes, pero se habría extendido en razón del feriado del 9 de Julio. (I:Analisis) &nbsp;

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