Balbi fue declarado culpable por un jurado popular y recibió una condena de 16 años de prisión. Aunque en un principio se había dispuesto su traslado a una unidad penitenciaria común, actualmente se encuentra internado en el Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Antonio Roballos de Paraná. Esta situación ha generado críticas y sospechas en parte de la comunidad, que cuestiona si el condenado está recibiendo un trato judicial diferenciado al que correspondería. La polémica no se limita a Paraná. En Victoria, ciudad de origen del condenado, las opiniones están divididas. Desde que se conoció la sentencia, distintos sectores sociales expresaron posturas contrapuestas: mientras que una agrupación de mujeres —acompañadas por muchas personas que apoyan los testimonios de las víctimas— exigieron justicia y el cumplimiento efectivo de la pena, también emergieron voces que relativizan la condena o llaman a la “prudencia”, lo que generó tensiones públicas. En este contexto, integrantes de la agrupación Madres Protectoras se manifestaron frente al Hospital Salaberry —donde Balbi estuvo alojado inicialmente— para reclamar que se garantice el cumplimiento efectivo de la condena y rechazar cualquier tipo de privilegio judicial. La manifestación fue pacífica, con carteles y mensajes que exigían igualdad ante la ley. Cabe recordar que la internación de Balbi fue dispuesta tras una crisis de salud mental posterior a la sentencia. Informes médicos indicaron que no estaba en condiciones de permanecer en un penal y, por ese motivo, un juez autorizó su traslado provisorio al hospital psiquiátrico Roballos, bajo custodia policial permanente. No obstante, esa decisión fue señalada por sectores críticos como un posible alivio indebido en las condiciones de detención, alimentando la percepción de trato desigual. El informe psiquiátrico presentado ayer no fue divulgado por motivos de confidencialidad, pero será determinante en la decisión que deberá tomar la Cámara de Casación: si Balbi continuará bajo atención médica o si será trasladado a una unidad penitenciaria para cumplir su pena. Por el momento, el tribunal quedó en deliberación. Se espera que el fallo se conozca en los próximos días. La resolución es aguardada con gran interés, tanto por el alto perfil del caso como por el impacto que puede tener en la percepción pública sobre la equidad del sistema judicial. &nbsp;

Caso Eugenio Balbi: informe psiquiátrico presentado y fuerte expectativa social por el fallo

El presidente del STJ, vocal Leonardo Portela, junto a integrantes del Alto Cuerpo, abrirá formalmente el año judicial del corriente año, tal como lo establece la Ley&nbsp;Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos. En la oportunidad se realizará un repaso de lo actuado durante 2024 y se darán a conocer los lineamentos trazados para 2025.Al acto asistirá el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio; autoridades judiciales e integrantes de la magistratura; representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; de fuerzas de seguridad; de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial; del Colegio de la Abogacía; de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. &nbsp;

Acto oficial de apertura del Año Judicial 2025

El expediente en el que interviene está caratulado “Caminos, Carolina Lorena- Erro, Luis Alberto- Figueroa Pablo Daniel- Iturbe Mariano Emanuel-Dunat Mariano Héctor Ignacio S-fraude a la administración pública por administración fraudulenta. Expte. 4893 y sus acumulados s/Incidente de Recusación”. La medida fue tomada el 5 de marzo debido a reiteradas conductas procesales consideradas improcedentes y dilatorias, que entorpecen la administración de justicia. Según la resolución, el abogado cuestionó que se haya rechazado in limine la recusación formulada contra el vocal Daniel Carubia y que, a su vez, la Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Florencia Bascoy, haya rechazado suspender una audiencia. El reclamo del letrado -quien entre otros defiende al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a la senadora provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz)- escaló hasta la Sala Penal del STJ, con un recurso de revocatoria, pero obtuvo como respuesta una fuerte reprimenda. “Se advierte que no es ésta la primera ocasión en la que emergen inconductas profesionales incompatibles con su rol de auxiliar de la justicia, por parte del letrado que, en lugar de coadyuvar a la celeridad del proceso, insiste en planteos improponibles sólo retardatarios de la labor jurisdiccional”, sostuvieron en el STJ. En este sentido, se recordó que en el expediente “Reggiardo, Carlos Guillermo s/Recurso de Revisión (Art. I.7 del Reglamento de OGA) s/Administrativo” [Expte. Nº RR-0002], el STJ ya le había advertido sobre la importancia de actuar con buena fe, honestidad, transparencia y lealtad procesal. No obstante, la reiteración de estas prácticas inadecuadas llevó al Tribunal a aplicar la sanción de apercibimiento, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Nº 6902. Entre las acciones que motivaron la sanción, se menciona la interposición de recusaciones múltiples, incluyendo una contra el presidente de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia, sin fundamento fáctico ni legal, así como la presentación de recursos a pesar de su manifiesta irrecurribilidad.&nbsp; “Pese al recordatorio efectuado, en plena inobservancia a los principios de la buena fe procesal, probidad y respeto, entorpeciendo de esta manera la expedita administración de justicia, cuando en el ejercicio de su profesión es su deber ser un servidor de la misma, de acuerdo a las normas de ética profesional, este Tribunal considera que esta reiterencia debe ser sancionada, a los fines de corregir estos desvíos e irregularidades en el marco de un proceso, consistentes en la gran cantidad de articulaciones ineficaces y dilatorias, tales como las innumerables recusaciones articuladas en el presente, incluida la que ha sido planteada contra el Presidente de este Tribunal, sin fundamento fáctico y legal alguno, y los sucesivos recursos aventurados, a pesar de la legal prescripción de ser irrecurribles, corresponde, en ejercicio de las facultades sancionatorias que le competen a esta Sala, de acuerdo a lo normado en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Nº 6902”, argumentaron. De modo que se le aplicó al letrado la sanción de apercibimiento y se comunicó la decisión al Colegio de la Abogacía de la Provincia. La resolución fue firmada por los vocales del STJ, Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak.(I:Análisis) &nbsp;

La Sala Penal del STJ sancionó al abogado Reggiardo por insólitos planteos dilatorios

La Corte Suprema rechazó&nbsp;analizar un&nbsp;pedido de recusación&nbsp;que habían hecho los rugbiers condenados por el crimen de&nbsp;Fernando Báez Sosa, contra los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores que intervinieron en el juicio. De esta forma, según el documento al que accedió&nbsp;TN, los magistrados del máximo tribunal de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, denegaron el recurso por considerarlo&nbsp;“inadmisible”. La presentación había sido deducida por la defensa de Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, liderada en su momento por el abogado Hugo Tomei. También habían recurrido ante la Cámara de Casación Penal para pedir que los integrantes de la Sala II de Apelaciones sean apartados para intervenir en los futuros fallos, y luego presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.Qué condenas recibieron los rugbiers&nbsp;por el crimen de Báez Sosa Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli&nbsp;fueron condenados en febrero de 2023 por el Tribunal N°1 de Dolores a&nbsp;prisión perpetua&nbsp;por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía, pero mantuvo la pena. Del mismo modo,&nbsp;Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel. En marzo del 2024, Casación revisó la sentencia del tribual N°1 de Dolores y confirmó cada una de las penas, pero realizó una modificación.&nbsp;Los ocho rugbiers estaban condenados por homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía, pero los jueces determinaron que ese agravante no se pudo comprobar. Los abogados que defienden a los jóvenes apelaron la decisión de Casación y aguardan la resolución de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que revisa el fallo. Los letrados insisten en que no hubo premeditación y creen que a algunos de los condenados podrían reducirles las penas. “Una vez que falló Casación, todas las partes interpusimos un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Eso lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Así que estamos a la espera de esa resolución. Una vez que salga,&nbsp;queda todavía el extraordinario federal, en el que luego resuelve ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, yo creo que para que las condenas queden firmes,&nbsp;pueden pasar dos años más”, explicó a&nbsp;TN&nbsp;Facundo Améndola, abogado de los papás de Fernando. (TN)&nbsp;

Un nuevo revés judicial complica a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Torrilla fue acusado por castigar con un rebenque a un caballo, en el marco de una jinetada que se realizó en Gualeguay el 18 de diciembre de 2022, en las instalaciones del Club Yaguarí, de esa localidad. El hecho fue denunciado el 6 de julio de 2023 por la Asociación Civil Ecoguay y la causa fue elevada a juicio el 12 de agosto de 2024. El pasado viernes se alcanzó el acuerdo por el que Torrilla admitió su culpabilidad. El magistrado también le impuso a Torrilla reglas de conducta. Entre ellas, deberá fijar domicilio, el que no deberá variar sin previo aviso al organismo de control; tendrá que realizar un curso de concientización sobre el respeto y buen trato a los animales, cuyos contenidos mínimos deberán versar sobre la concientización sobre el trato digno a los animales y que se reconozca que son seres vivos que sienten, que merecen respeto y empatía. También le ordenó adoptar prácticas responsables, como cuidar la salud del animal, respetar sus espacios naturales, no perturbar sus hábitats o brindarle lugares adecuados de habitabilidad. En el proceso intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Ana Paula Elal. Por la querella hizo lo propio Ana Ardaiz y Francisco Froy, con el patrocinio letrado de Cecilia Inés Dominguez y Fernando Di Benedetto. La defensa del imputado la ejerció el abogado Martín Bisso. &nbsp;

Maltrato animal: condenan a un hombre a dos meses de prisión condicional

El juez técnico,&nbsp;Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, dispuso este lunes 17 que la pena, una vez que la condena adquiera ejecutoriedad, se cumpla en la unidad Penal que determine el Servicio Penitenciario de acuerdo a sus capacidades operativas de alojamiento. Mientras tanto, cumplirá su prisión preventiva en la Unidad Penal Nª 1 de Paraná.Las audiencias del juicio fueron presididas por el juez técnico Crespo, en tanto que el fiscal Iván Yedro intervino en representación del Ministerio Público Fiscal. Balbi Eugenio fue asistido por el abogado Marcelo Sánchez. Tras la cesura, el acusado se descompensó y fue asistido en el lugar por personal de salud. Finalmente fue internado en el hospital Fermín Salaberry de Victoria donde quedó en observación.La audiencia de cesura fue el viernes 7 de marzo &nbsp;en los Tribunales de Gualeguay, ocasión en la que el Ministerio Público Fiscal pidió &nbsp;una pena de 17 años para el imputado. El juicio se desarrolló en el salón del Concejo Deliberante (Ezpeleta y Sarmiento) de la ciudad de Victoria desde el martes 25 y hasta el viernes 28 de febrero pasado. La audiencia de cesura y el dictado de la pena fueron en los Tribunales de Gualeguay.Por tratarse de la imputación de delitos contra la integridad sexual, el debate fue a puertas cerradas. Se trató del decimoquinto juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.&nbsp;&nbsp;

Un reconocido personal trainer en competencias de triatlón estará 16 años preso

Fue detenido un hombre de 56 años, quien sería funcionario de Barrera Sanitaria (M.G.A.P), desempeñando funciones en el paso de frontera Concordia –Salto. Se realizó un allanamiento, cuya orden fue solicitada por la Fiscalía actuante y expedido por el Juzgado en lo Penal y Adolescentes de 4to. Turno. Finalizadas las actuaciones, se incautaron: 2.000 dólares, 30.000 mil pesos, 2 teléfonos celulares, 3 juegos de cuchillos, una vaina y tenedor, tres vainas, 17 cuchillos, 5 frascos de miel, 4 cajas de farantel equinos, 2 cajas de tranquilizante ACEDAN, 11 mates de madera, 3 tablas grandes, 4 copetineras, 3 porta tablas medianas , 14 tablas medianas, 3 porta tablas chicos, 17 tablas chicas, martillo de madera , 3 porta juegos de cubiertos y tablas, vaso de metal y 6 candelabros. Posteriormente, se realizaron nuevas tareas de observación en una finca de Barrio Artigas, y con orden de allanamiento se detuvo a una mujer de 50 años de edad, también funcionaria de Barrera Sanitaria (M.G.A.P.) y cumpliendo funciones en el paso frontera Concordia – Salto. En el allanamiento incautaron 57.300 dólares, 28.900 pesos, 11.940 pesos argentinos, un auto Volkswagen Polo y varios comestibles y artículos. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto dispuso anoche la formalización de E.D.A.L por la presunta comisión en calidad de autor de reiterados delitos de “contrabando especialmente agravados” y reiterados delitos de “cohecho calificado”. Se le impuso prisión preventiva por el término de 120 días. En relación a la mujer, también funcionaria del paso de frontera, se informó que continúa detenida, se aplicó “corte de plazos” y continúan las actuaciones judiciales. (Diario Cambio de Salto) &nbsp;

La Justicia uruguaya procesó a dos empleados del paso fronterizo de Salto Grande

Afuera de los tribunales de&nbsp;San Isidro, el aire parecía suspendido, como si Buenos Aires contuviera la respiración ante lo que iba a suceder. Adentro, las puertas se abrieron para dar inicio a uno de los procesos judiciales más esperados y cargados de tensión de los últimos tiempos.&nbsp;Diego Armando Maradona&nbsp;regresa al centro de la escena. Esta vez, sin gambetas ni goles imposibles, pero envuelto en la más cruda búsqueda de justicia. Pasaron cuatro años y dos meses desde aquella tarde sombría del 25 de noviembre de 2020. Maradona murió a los 60 años, en una casa del barrio privado&nbsp;San Andrés&nbsp;en&nbsp;Tigre, según la autopsia, por un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca. Pero los fiscales lo escribieron sin rodeos en el expediente:&nbsp;“Murió en una situación de desamparo” y “librado a su suerte”. Hoy, el proceso que busca esclarecer quiénes fueron los responsables de ese final empieza a desplegar sus cartas. La escena se completa con las voces de sus hijas,&nbsp;Dalma&nbsp;y&nbsp;Gianinna Maradona, que desde la madrugada, a través de sus redes sociales, enviaron un mensaje que retumbó entre los seguidores de su padre y que anticipó el tono que tendrá el juicio.&nbsp;“Llegó el día. Este partido no lo vas a jugar solo”, escribió Dalma, acompañando la frase con una imagen imborrable: Diego, enfundado en la camiseta argentina, mirando al horizonte, preparándose para salir otra vez a la cancha. Gianinna fue más escueta pero igual de contundente: una foto del perfil oficial de su padre con la leyenda que se ha vuelto bandera en cada rincón donde se lo recuerda:&nbsp;“Justicia por Diego”. En la cuenta de Instagram que ambas administran desde la muerte del exfutbolista, el clamor se replicó: una imagen negra, austera, cargada de gravedad, con esas tres palabras que parecen una condena y una promesa al mismo tiempo. La causa tiene nombres y apellidos. Siete personas se sentarán en el banquillo de los acusados: la psiquiatra&nbsp;Agustina Cosachov, el neurocirujano&nbsp;Leopoldo Luque, el psicólogo&nbsp;Carlos Ángel Díaz, la médica clínica&nbsp;Nancy Edith Forlini, el enfermero&nbsp;Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros&nbsp;Mariano Ariel Perroni&nbsp;y el médico clínico&nbsp;Pedro Pablo Di Spagna. Una octava acusada, la enfermera&nbsp;Dahiana Madrid, será juzgada más adelante, en un proceso paralelo. Todos deberán responder por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una calificación que podría significar condenas de entre 8 y 25 años de prisión. Dalma habló horas antes en&nbsp;LAM&nbsp;(América), dejando frases que helaron la sangre. “La Justicia tendría que fallar a su favor (de Diego). Había personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué no lo hicieron”, dijo. Y luego fue más allá: “Queremos que estas personas digan quién los contrataba, quién les pagaba los sueldos, quién manejaba la casa”. La sospecha de un entorno poderoso que, según ella, se encargaba de blindar a los médicos y enfermeros, sobrevuela el proceso. “Ellos tienen mucha plata, que nosotros no tenemos. Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia, voy a ir hasta lo último”, sentenció. Las primeras jornadas serán técnicas. La lectura de la acusación fiscal, los alegatos de apertura de las defensas. Pero en el ambiente se palpa lo inevitable: llegarán los testimonios. Se presentarán&nbsp;192 testigos. Entre ellos, la exesposa de Diego,&nbsp;Claudia Villafañe; amigos íntimos como&nbsp;Verónica Ojeda, y hasta sus propios hijos, que deberán sentarse frente a los jueces y revivir las últimas semanas del ídolo. El juicio se extenderá hasta julio. Serán meses largos, cargados de declaraciones y pruebas. En ese tribunal se discutirá, en definitiva, una pregunta que desde 2020 ronda la mente de millones: ¿Murió Diego Armando Maradona por el peso inevitable de sus propias enfermedades o porque quienes debían cuidarlo fallaron de manera imperdonable?&nbsp;Dalma lo dijo sin titubeos: “Este partido no lo va a jugar solo”. Y el eco de esa frase resuena como una sentencia. (Infobae) &nbsp;&nbsp;

El duro reclamo de Dalma y Gianinna Maradona en el primer día del juicio por la muerte del Diez

Nexos comerciales y sospechas de corrupción González, señalado como cercano a Kueider, fue propietario de la camioneta utilizada por el exsenador para cruzar a Paraguay. Además, ambos fueron socios en Betail SA, una empresa investigada por la compra de propiedades en Paraná y su posible vinculación con fondos de origen dudoso. Por su parte, Crucitta aparece en diversas sociedades creadas en Buenos Aires y compartió negocios con González en Arrocera Los Colonos y NEOPOP SA, entre otras firmas. Su celular fue secuestrado en diciembre durante un allanamiento a su estudio jurídico, donde también se detectaron registros de empresas vinculadas a la causa.Cruce de competencias y vínculo con otros casos La investigación de Kueider comenzó en Entre Ríos, pero la jueza federal Sandra Arroyo Salgado busca absorber el caso y vincularlo con otra causa por presuntos sobornos de la empresa Securitas a funcionarios públicos de la provincia. El fiscal Arias sostiene que los hechos investigados en Entre Ríos no justifican la intervención del fuero federal, y la decisión final sobre la competencia podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.Expectativas sobre la apertura de los teléfonos El análisis del contenido de los celulares es clave para la investigación, ya que la Justicia de Paraguay nunca secuestró los dispositivos de Kueider ni de su secretaria, Iara Guinsel Costa. Si bien la defensa de González sostiene que “no hay nada relevante” en los mensajes, la fiscalía considera que la información obtenida podría ser determinante para esclarecer el origen del patrimonio del exsenador y sus vínculos financieros con terceros.(I: Infobae-El Heraldo) &nbsp;

Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider: abrirán los teléfonos de dos personas clave

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 2, en el marco de los autos “C. L. F. c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986” y teniendo en cuenta la existencia de una causa similar caratulada “CEPIS c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Nulidad de Acto Administrativo”, decidió admitir la tramitación de dos expedientes donde se cuestionaban las designaciones de los ministros de la Corte Suprema por decreto en comisión, y su acumulación procesal.En el primer expediente, un ciudadano (C. L. F.) inició un amparo colectivo contra la el Estado Nacional buscando la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N° 137/2025 que designó a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo, como jueces del máximo tribunal. Para el actor, según indicó Diario Judicial, tal designación violaba los principios fundamentales de la organización política del país, como la división de poderes, el principio republicano, el principio democrático, la garantía del debido proceso, el principio de independencia e imparcialidad del poder judicial, así como el principio de los actos propios, configurando además abuso del derecho. Por su parte, la Asociación Civil, Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) también peticionó la nulidad e inconstitucionalidad del mismo decreto, alegando que se designó con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta a los jueces, lesionando disposiciones constitucionales y tratados internacionales que garantizan la independencia del Poder Judicial de la Nación, la inmunidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones de sus integrantes, así como la división de poderes y la forma republicana de gobierno.En ambos casos se requirió el dictado de una medida cautelar interina que suspenda los efectos de tal decreto de forma inmediata ante de la toma de juramento de los mismos. Si bien el Ministerio Público Fiscal entendió que el juzgado federal de La Plata no era competente y que se debía remitir las actuaciones a la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Alejo Ramos Padilla se apartó de ese dictamen y confirmó la competencia de su tribunal, ya que de lo contrario conllevaría “un vaciamiento de las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias frente a la promoción de procesos colectivos como el que dio origen a las presentes actuaciones”. Seguidamente dispuso la acumulación de los procesos por aplicación del artículo 188 del Código Procesal Civil y Comercial (Cpccn), y confirmó la legitimación activa y pasiva del caso, considerando el principio pro actione, debiendo privilegiarse la interpretación más favorable a hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva. Más aún cuando la Corte tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todas las personas pueden verse afectadas, a criterio de Ramos Padilla, si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin acuerdo del Senado de la Nación, prestado en sesión pública convocada al efecto. En cuanto a las cautelares requeridas, si bien el magistrado recordó el precedente que le tocó evaluar en 2015 cuando se designó como jueces de la Corte a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti y se dictó una medida similar, en el presente caso era diferente la situación puesto que García-Mansilla ya asumió el cargo y no se podía adoptar decisiones parciales, dado que es el mismo decreto el que designa a ambos jueces. Por ello señaló que, dado la gravedad institucional de la cuestión, se requería un mayor debate donde participen todos los involucrados. No obstante, y pese a que “razones de igualdad desaconsejan dar un tratamiento diferente a idénticos planteos sobre el mismo vicio de origen respecto a ambos candidatos propuestos”, “en el tiempo procesal oportuno” y luego de que se presenten los informes y se escuche a las partes la cuestión podía ser revisada nuevamente.Finalmente, se ordenó notificar de los procesos a los jueces Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo y a su vez que se realice la consulta al Registro de Procesos Colectivos.<section class="noteSuggested" data-id="62135" data-title="Puede interesarte"></section> &nbsp;

Se judicializa la integración de la Corte Suprema con las designaciones de Lijo y García Mansilla por decreto

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño. Además de los nuevos jueces de Concordia, prestaron juramento Jesús David Alexis Penayo Amaya, quien estará a cargo del juzgado de Garantías y Transición de Colón, y Nadia Paola Benedetti, jueza del juzgado de Garantías y Transición de Villaguay. Los magistrados fueron designados por el gobierno provincial tras obtener acuerdo en la Cámara de Senadores y superar el proceso de concurso correspondiente. &nbsp;

Mauricio Guerrero asumió como Juez de Garantías N°1 en Concordia

Este jueves al mediodía, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento a Manuel García Mansilla, quien fue designado por decreto por el presidente Javier Milei. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y contó con la presencia de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La asunción se produce en un contexto de fuertes críticas hacia el Ejecutivo, luego de que Milei nombrara por decreto a García Mansilla y a Ariel Lijo como nuevos integrantes del máximo tribunal, evitando el proceso de aprobación del Senado. A pesar de las objeciones de la oposición y el debate sobre la legalidad de la medida, la Corte aceptó la designación de García Mansilla y postergó la jura de Lijo, quien actualmente se encuentra de licencia. Desde el Gobierno habían manifestado su intención de que los cinco jueces del tribunal estuvieran presentes en la apertura del año legislativo, pero la demora en la oficialización de Lijo impide que ese escenario se concrete. Por otro lado, la Corte aún debe definir si acepta la licencia de Lijo, lo que podría abrir la puerta a su asunción o generar un nuevo foco de tensión con el Ejecutivo, que insiste en completar el tribunal lo antes posible. &nbsp;

Manuel García Mansilla asumió como juez de la Corte Suprema en medio de la polémica

Manuel García Mansilla asumió como juez de la Corte Suprema

La Oficina del Presidente Javier Milei anunció hoy la designación en comisión de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras casi un año sin tratamiento de sus pliegos por parte del Senado.Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.&nbsp;NA

Corte Suprema: Javier Milei nombró a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto

El secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, estuvo presente en representación del gobierno provincial.La ceremonia fue presidida por el defensor General de la provincia de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y contó con la presencia del intendente Francisco Azcué.Jorge Sebastián Tito fue designado por decreto provincial N° 4107 MSJ del 27 de diciembre de 2024, luego de haber recibido Acuerdo de la Cámara de Senadores.Acompañaron, además, el jefe departamental, comisario inspector José María Rosatelli; integrantes de la Cámara de Casación Penal; del Tribunal de Juicio y Apelaciones; de la Sala Civil y Comercial; el fiscal Coordinador, José Daniel Costa; el defensor de Casación jurisdicción Paraná, Luis Pedemonte y Gaspar Reca Ríos; integrantes de la magistratura de la primera instancia de los distintos fueros; agentes fiscales; defensores /as públicos; el secretario general de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Germán Dry; autoridades del Colegio de la Abogacía, sección Concordia; integrantes del Instituto de Derecho Penal; personal administrativo y familiares a amigos. &nbsp;

La provincia acompañó la jura del defensor de Casación Penal de la jurisdicción de Concordia

Según el cronograma fijado, el martes 18 de marzo a las 8.30 deberá comparecer Allende en el Salón de Audiencias Nº 3 en los Tribunales de Paraná. Para ese mismo día, a las 10.30, está citada su hija Victoria Allende. Al día siguiente, miércoles 19 de marzo, será el turno de la esposa de Allende, Adriana Guadalupe Satler. La mujer, que fue ubicada por su marido en la planta de la Cámara de Diputados, tendrá que presentarse a las 8.30. Para el mismo miércoles, a las 10.30, está citado el otro hijo del dirigente sindical: Julio Alejandro Allende, también ubicado por su padre en la planta permanente de la Cámara de Senadores. Por último, el jueves 20 de marzo a las 9, deberá comparecer para ser indagada la primera esposa de Allende, Diana María Cristina Traverso. Las citaciones llevan la firma del juez de Garantías Nº 8, Pablo Zoff, que está a cargo del Juzgado de Transición Nº2, donde tramitan los legajos contra Allende y familia.&nbsp; Se corresponden con la determinación del objeto procesal, luego del análisis de medidas de prueba e informes periciales presentados, que debe ser puesta en conocimiento de los acusados quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de declarar o abstenerse de hacerlo y podrán optar por responder o no las preguntas de los fiscales intervinientes, Gonzalo Badano y Sofía Patat. A José Ángel Allende se le imputa haber incrementado “de manera desproporcionada” su patrimonio entre 2000 y 2016, período en el cual se desempeñó como diputado provincial. Y que para lograrlo, se valió de sus hijos Julio Alejandro y Victoria Allende, su primera esposa Diana María Cristina Traverso y su segunda esposa Adriana Guadalupe Satler “quienes actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular su patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”, describieron los fiscales en un escrito al que tuvo acceso este medio. Cabe recordar que la investigación penal respecto del patrimonio de Allende comenzó en 2012 a partir de una denuncia periodística de la revista&nbsp;ANÁLISIS. Entre otras inversiones adjudicadas a Allende en ese período se destacan vehículos de alta gama, aportes a distintas sociedades anónimas, pasajes aéreos, gastos de viajes a México, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá y otros destinos. También la compra de caballos pura sangre, casas y departamentos premium y otros bienes suntuarios como embarcaciones, autos de colección y reformas y equipamiento de distintos inmuebles. A los hijos de Allende, su esposa y su ex esposa se los imputa por “haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial” del gremialista y ex legislador. &nbsp; &nbsp; “A sabiendas de que su capacidad económica era insuficiente para justificar inversiones y compras en relación a sus fuentes de ingreso, actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular el real patrimonio”, se indicó en el escrito, en el que se detallaron una serie de inversiones a nombre de ellos: sociedades, lanchas, autos, departamentos y camionetas, entre otras. A la vez, se imputa a Allende por haberse interesado de forma directa en el otorgamiento de subsidios por parte de la Cámara de Diputados cuando era su presidente, a la Fundación Esperanza, en la que primero fue titular él mismo y luego su esposa con su hija en el rol de tesorera. La calificación legal de este delito es la de negociaciones incompatibles con la función pública. (Análisis)&nbsp;

Allende y su familia desfilarán por Tribunales en marzo

Este viernes, la Justicia abrió una investigación penal para esclarecer el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, tras la promoción realizada el 14 de febrero por el presidente Javier Milei. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga al mandatario por presuntos delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Según el escrito presentado por el fiscal, el objetivo es determinar&nbsp;“las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento de SLIBRA”.Avances en la investigación y principales implicados La investigación también examinará la participación de otros involucrados, entre ellos Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. El jueves, la jueza María Servini derivó la causa a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3. En respuesta, el fiscal Taiano solicitó la intervención ampliada de la&nbsp;Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia&nbsp;del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este refuerzo investigativo busca preservar y recuperar pruebas, así como rastrear las plataformas digitales vinculadas a la criptomoneda. Fuentes judiciales informaron que se han solicitado datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y empresas privadas como Google para esclarecer los hechos denunciados. Karina Milei fuera de la investigaciónA pesar de algunas denuncias que la mencionan, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, no ha sido incluida en la investigación de Taiano. Se la había señalado por presuntamente organizar reuniones a cambio de dinero, una práctica admitida por el creador de la criptomoneda, Hayden Mark Davis.

Investigación $Libra: el fiscal Taiano pone la mira en Javier Milei y suma expertos en ciberdelincuencia

La decisión judicial se basó en los fundamentos presentados por la fiscal del caso, Dra. Montangie.De La Madrid, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, deberá continuar bajo esta modalidad. Su defensa busca evitar su traslado a la unidad penal de Gualeguaychú, que sería el destino habitual en estos casos.Según fuentes judiciales, la estrategia del abogado se centra en dilatar el proceso y permanecer en su domicilio, utilizando todos los recursos legales disponibles, incluso aquellos considerados “descabellados e inoficiosos”.Cabe recordar que, el 15 de enero, la defensa de De La Madrid presentó un habeas corpus, el cual fue rechazado por el juez de Garantías Mario Figueroa, confirmando la continuidad de la prisión preventiva. &nbsp;

Ratificaron la prisión preventiva para abogado Pedro Silvio De La Madrid

Brenda Struminger (Infobae) - El Gobierno cambió el discurso sobre las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, en medio del escándalo por las criptomonedas y en la previa de la probablemente espinosa sesión del Senado para decidir el futuro de los pliegos. Dos días antes del debate legislativo sobre el primero, descartaron de plano la posibilidad de nombrar a Lijo por decreto, como habían insinuado con firmeza en varias oportunidades. E incluso admitieron que tienen otros nombres de magistrados en carpeta para el caso de que se caiga el pliego. La discusión en el recinto está prevista para el viernes.Y, en el Gobierno, mientras intentaban sin éxito sacudirse las esquirlas de la polémica por $LIBRA, deslizaron que está prácticamente descartado nombrar a Lijo por decreto, como había planteado el propio Milei. Y que incluso tienen cinco nombres en mente para reemplazarlo, en caso de que sea rechazado. La votación para definir los reemplazos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se perfila reñida, según todos los pronósticos. El kirchnerismo, que tiene la mayoría, después de largos coqueteos y negociaciones, deja trascender que no acompañará. Y en el Gobierno, que necesita una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, dicen que prefieren evitar un nombramiento de Lijo por decreto. Según argumentan, porque a partir de entonces, todos los fallos de los magistrados estarían sujetos a revisión. Pero no descartan nombrar por decreto en el caso de García Mansilla, y del otro, eventual candidato, cuyo nombre no se definirá mientras Lijo siga en carrera. “Si rechazan a Lijo, vamos a proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar”, dijo un asesor presidencial. Los dos más firmes por los que se inclinan en la Casa Rosada son Ricardo Ramírez Calvo, recomendado por el propio García Mansilla, que trabajó a su lado; y Ricardo Manuel Rojas, el ex juez penal y autor del libro “La Inflación como delito” al que Milei había propuesto ser Procurador del Tesoro tras la escabrosa salida de Rodolfo Barra. Rojas rechazó el cargo -que finalmente aceptó el abogado Santiago Castro Videla-, y no está claro si en el momento en que declinó la propuesta sabía que podrían ofrecerle una designación para el Máximo Tribunal de Justicia. En la lista de suplentes aparecen también el constitucionalista Carlos Laplacette, que también había sonado para encabezar a los abogados del Estado, autor de numerosos trabajos sobre derecho constitucional e integra el estudio Cassagne. Y Alberto Bianchi, otro abogado constitucionalista de perfil académico, cercano a Videla Castro y autor, entre otros, del libro Recurso Extraordinario, en alusión al recurso que funciona como puerta de entrada para acudir a la Corte Suprema.Hay en cantera, también, una jueza, la única mujer en la lista de eventuales reemplazantes de Lijo, pero por ahora prefirieron evitar difundir su nombre. Según dijeron, para evitar exponerla. Uno de los principales argumentos contra las nominaciones de Milei era que no había ninguna mujer, pero en la Casa Rosada aseguran que el aspecto del género no será determinante. &nbsp;

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