Hoy, con dolor e indignación, vemos cómo sectores de la justicia avasallan el derecho y la dignidad de defenderse de nuestros compañeros Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera. Compañeros que conocemos porque hemos militado con ellos y que están siendo sometidos a medidas arbitrarias. Hacemos llegar nuestra solidaridad con los compañeros injustamente privados de la libertad y destacamos la dignidad y entereza con que enfrentaron este proceso tan lamentable. Tanto Urribarri como Juan Pablo Aguilera, y también Pedro Báez, han respondido de manera irreprochable ante la justicia cada vez que se los requirió, cumplieron cada una de las restricciones que se les impuso y no hubo de parte de ellos la más mínima acción que pusiese en dudas su voluntad de responder ante la justicia. Por eso sostenemos que es arbitraria e injusta su detención. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Exigimos que la justicia actúe en el marco del respeto a las normas constitucionales y se garantice el derecho al debido proceso. Al haberse concedido el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la condena no está firme y la prisión preventiva no tiene más sustento que seguir castigando a los compañeros. &nbsp;&nbsp; Nuestra historia nos exige acciones y sacrificios. Los peronistas sabemos que la persecución y los ataques de los poderes fácticos son el precio que se paga por ser leales al pueblo, porque nada grande se consigue sin valentía.&nbsp; Pedimos justicia plena, respeto a los derechos de los compañeros y de todos los ciudadanos y ciudadanas a una defensa justa. &nbsp;

El PJ entrerriano salió en defensa de Urribarri y Aguilera

Es la primera vez en la historia de la provincia que un exgobernador es condenado y detenido por hechos de corrupción.Pero para quienes seguimos de cerca el devenir en la Justicia que acumula Urribarri, aparecía como lógico que se dictara la prisión preventiva.El fallo de las juezas Davite, Badano y Bruzzo, al ponderar el riesgo de fuga, es prudente y razonable, dado el historial de rechazo constante y de cuestionamiento al accionar de la Justicia por parte de Urribarri (acusó que dentro del Poder Judicial funcionaba una mesa judicial que se encargaba de perseguirlo), a lo que se suman su domicilio en una ciudad fronteriza, su evidente solvencia económica y sus relaciones con grupos de poder que lo colocan en una posición de ventaja respecto del resto de los ciudadanos sometidos a la ley.Por eso es importante lo sucedido con esta detención, es un paso más para la consolidación de las instituciones y del Estado de derecho en democracia.Quienes cometen actos de corrupción rinden cuentas y la sociedad les demanda la reparación del daño cometido. Ese es el mensaje.La sociedad espera que el accionar de la Justicia sea contundente cuando se encuentren responsables de hechos de corrupción en el Estado; y que las investigaciones y eventuales castigos se lleven adelante, aun cuando el funcionario se encuentre en el ejercicio de sus funciones.Es decir, que se despejen especulaciones acerca de que la Justicia solo investiga al poder una vez que los responsables se encuentran alejados de sus cargos.Aun cuando resta un paso más, la contundencia de las pruebas y la claridad de los procesos hacen prever que las condenas queden firmes.Es importante que los entrerrianos contemos con la convicción democrática de que quienes cometen actos de corrupción, rinden cuentas.Es vital que los entrerrianos podamos percibir que la impunidad no gobierna; que la justicia funciona; que la prensa independiente cumple su papel en una sociedad libre y que contribuye en la presión pública que demanda por el esclarecimiento de delitos de esta naturaleza. &nbsp;

Diputado Marcelo López. La Justicia dio un significativo mensaje: quienes cometen actos de corrupción, rinden cuentas

Aguilera fue detenido poco después de las 11.30 y fue derivado a Robos y Hurtos, para luego ser destinado a la cárcel. Lo mismo sucedió con Urribarri, quien fue detenido por la Policía en su casa de Concordia y derivado a la Jefatura Departamental de su ciudad, desde donde será trasladado luego a Paraná. En principio ambos pasarán la noche en la cárcel de la capital entrerriana y mañana serían derivados a la Unidad Penal de Gualeguaychú por la falta de capacidad que tiene la UP1. Además, en Gualeguaychú hace varias semanas ya se estaba acondicionando un pabellón destinado a condenados por delitos de corrupción.Casación comunicó su decisión tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. La resolución es de este 19 de noviembre y lleva la firma de las tres vocales de Cámara: Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, en ese orden. La primera de ellas dio los argumentos en una resolución de más de 70 páginas. Badano y Bruzzo adhirieron.Del repaso del fallo, se lee que Davite retomó las presentaciones del recurso interpuesto por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Los cinco llevaron adelante las investigaciones que se acumularon en el “Megajuicio por corrupción” y las acusaciones en el debate público, realizado entre 2021 y 2022. Además, la vocal de Cámara repasó las exposiciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia que se realizó el 31 de octubre de 2024.En efecto, la postura del MPF consistió en “priorizar en esta instancia, luego de haberse respetado todos los criterios, donde se hizo hincapié en los derechos del imputado, presunción de inocencia, no persecución injusta, que no sólo ha quedado desvirtuado por la declaración de culpabilidad, sino por tres instancias judiciales, dos de ellas de revisión, donde dice que la persecución, la acusación definitiva y la condena fueron ajustadas a Derecho, y que se respetaron todos los principios constitucionales. Es ahora cuando debe tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a que se cumpla la pena, ese es el interés que debe priorizarse ahora, también reconocido constitucionalmente; y es un deber del Estado, por nuestra Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.Cabe recordar que en su presentación, el fiscal Ramírez Montrull (uno de los cuatro que investigó a Urribarri y Aguilera), mencionó “el poder que sigue ejerciendo el imputado y que beneficia también a su cuñado. Se deben respetar los derechos de las víctimas, de los ciudadanos, los delitos de corrupción afectan los DDHH, defraudados por los hechos cometidos, y ahora visualizan el riesgo de que los hechos queden impunes, por estar latente el riesgo de fuga. Es en esa línea, resguardando los derechos de los ciudadanos, que se ha expedido el vocal Garzón en la resolución cuestionada, que cita jurisprudencia donde se condenó a los imputados y se dictó la preventiva, por riesgo de fuga. En ese sentido, se expidió Garzón, y es el que hoy solicitan se imponga a los fines de resguardar los intereses de la sociedad. Se deben tener en cuenta la gravedad de las maniobras, la existencia de causas en trámite contra los condenados, el enriquecimiento ilícito en etapa de remisión a juicio, que se ha demostrado el enriquecimiento aproximadamente por 8 millones de dólares, se demostró la capacidad económica para evadirse de la justicia, y va a hacer hincapié en las pautas legales del art. 354 CPPER, sobre la actitud del imputado posterior al hecho.“No hay actitud tendiente a demostrar arrepentimiento, ni a restituir lo sustraído; por el contrario, la actitud fue de constante desafío a la autoridad judicial y sus declaraciones. Qué hace pensar como indicio, que la persona que niega los hechos va a cumplir la condena, si está demostrando con su conducta otra actitud. Ha logrado con este vigente poder, por distintos medios, o ha intentado ponerse en situación de víctima, de perseguido, de negar la declaración de culpabilidad, o intentando poner a las autoridades judiciales que han intervenido, como supuestos delincuentes, denunciándolos de actividades ilícitas.Está demostrando otra cosa con su conducta, una conducta excepcional, no habitual, no es habitual que estemos 5 minutos antes de cada audiencia viendo si se presentó algo para pedir la suspensión, les ha pasado en todo el proceso. Acá, para llegar a la posibilidad de una condena, tuvieron innumerables oposiciones.Eso es riesgo, no tienen por qué soportar los ciudadanos que exista ese riesgo, cuando se le han respetado todas las garantías para llegar a esa condena. Ha demostrado que va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo eso se traduce en riesgo, para los ciudadanos, de que no cumpla con su condena. Han visto cambios de criterio, cambios de fallos, posibilidades que no tienen otros ciudadanos, se asombraba de las recusaciones, suplicaban los Defensores al Tribunal, esa excepcionalidad se da por el poder, llegando a denuncias ilegales en extraña jurisdicción, amenazas con jury, la conmoción en el sistema judicial y democrático entrerriano. Los recursos están a la vista, la cantidad de abogados; hay falta de previsibilidad en las resoluciones, no son las que están habituados, se traduce en inseguridad jurídica, por esa tensión que se genera. Urribarri siempre negó la constitucionalidad de su condena, siempre se expresó contra alguna autoridad judicial, por qué puede pensarse que va a aceptar las consecuencias, o que todo lo que menciona es inocuo. Esas situaciones, las denuncias se hicieron, existen. Después del hecho, Urribarri denunció a quienes lo investigaron y juzgaron, esa actitud es riesgo, no va a cumplir la pena.&nbsp; Esta situación de 10 excepcionalidad que vivimos diariamente, los que llevan la investigación, quieren que cumpla la pena. No la tiene por haber sido dos veces gobernador, no tiene privilegio o inmunidad, al contrario, lo pone en situación de mayores deberes. Se traduce en la posibilidad hoy de tener mayores recursos, hay una causa de enriquecimiento ilícito por 8 millones de dólares, los recursos los tiene, los bienes los tiene, los vínculos los tiene, el dinero no se ha podido recuperar. Eso es porque todavía tiene poder. Esta situación es la que debe considerar el tribunal, fundamentalmente para que esta situación de excepcionalidad ante la ley, hoy la haga cesar el tribunal, esta desigualdad debe hacerse cesar. Se dan los principios, ante la solicitud de la fiscalía; el mérito sustantivo está acreditado, el pedido es proporcional, las penas son de 8 años, y 6 años y medio. Es provisional, hasta que la sentencia quede firme. Mantienen el recurso, y solicitan se haga lugar a lo solicitado”.&nbsp; (ANALISIS) &nbsp;

El exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera ya se encuentran presos

Fuentes vinculadas al caso informaron a LA NACION que Urribarri fue detenido este mediodía en Concordia y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. La orden de detención fue emitida esta mañana por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, quien instruyó al jefe de la Policía de Entre Ríos sobre el procedimiento a seguir.El caso está relacionado con una causa en la que la justicia entrerriana determinó que Urribarri utilizó de manera ilegal fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de maniobras como contratos irregulares de imprenta y publicidad.

Ordenan la captura del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri

Durante la audiencia de cesura en el marco del legajo “Maidana, Jacinto Horacio s/Homicidio agravado”, efectuada el jueves de la semana anterior en la sala de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, el fiscal Matías Argüello de la Vega solicitó para Maidana la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y las costas del juicio. Por su parte, el defensor oficial, Sebastián Tito, pidió que se aplicara a su defendido una pena “cuyo monto se ubique en el tercer medio de entre los 10 y los 25 años de prisión”. Además, el representante de la defensa anticipó la presentación de un recurso de casación contra el veredicto del jurado popular, y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma prevista en el artículo 80 del Código Penal. Hasta que la sentencia quede firme, Maidana seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia. Se trató del centésimo quinto juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo

Schumacher negó el recurso extraordinario provincial y, poco después, concedió el recurso extraordinario federal requerido por los abogados defensores. La decisión evitó que el exgobernador Sergio Urribarri cumpla con el pedido de prisión que hicieron los fiscales del caso, después de la confirmación de la condena a 8 años por corrupción. La reunión fue este martes por la tarde y duró poco más de una hora, bajo un total hermetismo. No participaron asesores y tampoco se difundió. Los únicos presentes fueron legisladores y el personal de la Cámara. Una captura de pantalla de la información subida &nbsp;a la web de la Cámara de Diputados, muestra que no se informó quiénes fueron los legisladores convocados. En el encuentro de la comisión hubo distintos planteos. Las posibilidades eran dos: rechazar in limine la denuncia, es decir inclinarse por considerar que no hay motivos para investigar y cerrar el expediente; y la otra posibilidad, abrir la causa e investigar una cuestión que, en principio, parece compleja de probar. Los diputados hicieron puestas en común sobre la denuncia pero nadie planteó el rechazo abiertamente, nadie consideró que había que refutar la presentación sin tratarla. Una de las falencias para tratar las denuncias ante la Comisión de Juicio Político es que no hay un reglamento claro. Sólo hay disposiciones en la Constitución y son generales. No hay normativa específica sobre días hábiles o corridos, sólo están claras las condiciones para admitir o no el pedido de apertura de un proceso. La Constitución especifica que la denuncia pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, y hay 30 días para aceptar o rechazar el pedido. El trabajo que comenzó ayer tiene que ver con buscar juicios anteriores, todos tienen procedimientos diferentes aunque, sostienen, que en el proceso al exvocal Carlos Chiara Díaz hubo un miniprocedimiento aplicado.&nbsp; (Analisis) &nbsp;

Comenzó un proceso contra la vocal Schumacher por su voto en la causa Urribarri

La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia.La lectura del veredicto se dio unos minutos después de las 11 de este miércoles en la Sala IV de la Cámara de Casación, mientras Cristina Kirchner participaba de una actividad con mujeres en la localidad bonaerense de Moreno.El tribunal condenó a la expresidenta por encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa conocida como “Vialidad” por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. &nbsp;

Cristina Kirchner condenada a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Se trata de un hombre que está imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en el marco de una causa que es investigada por la fiscal Evelina Espinosa y que tiene como querellante a la Dra. Constanza Ortiz.Sobre Rubel recaen dos denuncias que lo señalan de haber abusado sexualmente de forma continua y reiterada de las hijas de su expareja, ambas menores de edad.La pesquisa indica que una de las víctimas habría comenzado a ser abusada a los 12 años hasta los 14. A los 18 años decidió realizar la denuncia ante la justicia y dar a conocer el caso.La otra víctima que hoy en día tiene 13 años, al ver que su hermana dio a conocer los hechos por los que habría pasado, decidió contarle a su madre los abusos que habría sufrido desde sus 6 hasta los 13 años.&nbsp; Y fue justamente la expareja de Ernesto Rubel la que radicó la denuncia en la fiscalía.En la audiencia de este miércoles que será presidida por el Juez de Garantías, Ives Bastian, la fiscal Evelina Espinosa alegará todos los datos y pruebas recabadas en la investigación penal preparatoria y solicitará que la causa sea remitida a juicio.

Avanza la causa por presunto abuso sexual de dos menores en Concordia

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, resolvió “hacer lugar a la impugnación extraordinaria articulada por la defensa técnica del encartado MB, a cargo de Damián Petenatti y Brenda Vittori, contra de la Sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, el 8 de noviembre de 2023”, anuló “parcialmente el fallo impugnado” y reenvió “las actuaciones al tribunal de origen para que, debidamente integrado, se proceda a la celebración de un nuevo debate atento a las consideraciones vertidas en la presente”. Durante el juicio la Fiscalía solicitó una condena de 9 años y 6 meses de prisión por el delito de Robo agravado por el uso de un arma, mientras que la defensa solicitó la absolución en sus alegatos finales cuestionando, además de la autoría, de modo subsidiario, el uso de un cuchillo por parte de su asistido, fundado en un acta de declaración testimonial dada por la víctima y testigo, KAC, durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). También recordó que “el Tribunal entendió probado ‘casi’ en su totalidad el hecho imputado y sostuvo que la utilización del cuchillo por parte de MB tenía falencias explicativas y, en consecuencia, condenó a su defendido por el delito de Robo simple con la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional”. La Sala intervino en función del recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por la defensa técnica de MB, en contra de la Sentencia Nº217 del 8 de noviembre de 2023, dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala II -Concordia-, integrada por Darío Perroud, Evangelina Bruzzo y María del Luján Giorgio.&nbsp;La sentencia hizo lugar el recurso de casación del José Martín Núñez, contra la Sentencia Nº100 dictada el 24 de mayo de 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado unipersonalmente por Eduardo Degano y, en consecuencia, casó el fallo de grado en cuanto a la calificación legal del hecho, subsumiéndolo en la figura de Robo agravado por el uso de arma y reenvió las actuaciones al Tribunal de origen para que, correctamente integrado y previo trámite de ley, proceda a determinar la pena. La defensa fundó sus agravios en tres causales: 1) la invalidez de la instancia de casación por cuanto entendió que MB quedó sin defensa ante el nuevo intento de la acusación pública en obtener un fallo más severo afectando el contradictorio en una etapa fundamental del proceso penal, 2) en subsidio, por la arbitrariedad de lo resuelto porque se casa el fallo dictado por el Tribunal de Juicio por tener una diferencia en la valoración de la prueba, y 3) por verse privado de recurrir la sentencia de manera integral ante un tribunal superior. La Sala, tras desestimar el alegado estado de indefensión ante &nbsp;la casación, expresó respecto de la calificación legal que “incurre aquí el a quo en un primer error, pues efectúa valoraciones de circunstancias que habrían ocurrido -según hipotetizó- en el marco de un juicio abreviado intentado y fracasado por las partes, las que si no pudieron ser valoradas en Juicio para abonar la duda en beneficio del imputado, tampoco pueden serlo -con mayor razón- para extraer conclusiones que terminan siendo utilizadas en perjuicio del imputado, lo que lo hace incurrir en una insalvable contradicción argumental”. La Sala evaluó que los recurrentes cuestionaron que “se efectuó una nueva valoración de las pruebas relativas a la utilización del arma blanca por parte de MB, parcializada y sin apreciar el conjunto de evidencias rendidas, conducentes a la duda sobre ese puntual tramo de la imputación. Circunscripto, como antecede, el alcance del agravio, el cuestionamiento gira principalmente alrededor del testimonio brindado en el juicio oral por KAC, víctima y denunciante y, en especial, de las vicisitudes surgidas a partir del contraexamen llevado a cabo por la defensa técnica mediante la técnica de litigación consistente en confrontar los dichos de la testigo con una supuesta declaración previa de la misma”. Por otra parte, al señalar las hipótesis alternativas para que “’tal vez se pueda explicar’ (sic) porqué el acta posee un contenido que la víctima no reconoció (no obstante asumir que la firma le pertenece), está el a quo reemplazando -con conjeturas- la merituación de la prueba que, a través de la inmediación, resulta propia del Tribunal de Juicio”. Así, la Sala manifestó: “Entendemos que no resultaba posible para la Casación resolver directamente el cambio de calificación más perjudicial para el imputado (robo calificado) sin reenvío para un nuevo juicio pues no se dan las condiciones para obviarlo ya que, conforme expresa el artículo 518 del CPP, solo se torna factible esa posibilidad cuando sea evidente ‘que no fuere necesario la realización de un nuevo juicio’, circunstancia que -por todo lo expuesto- no se da en este caso concreto”. En aquel sentido, los superiores entendieron que “en primer lugar y dentro de las facultades que le son propias como órgano de contralor de lo actuado por el inferior, no lucen desacertadas las consideraciones que llevaron al a quo a establecer las deficiencias de fundamentación por parte del Juez de mérito, quien - sostuvieron- yerra notablemente al dejar de lado la declaración testimonial de la víctima, por la lectura de otras constancias producidas en IPP, como ser una mera entrevista, que relacionaron con un intento de juicio abreviado -fracasado- y que en virtud de tal condición no ameritaba ser admitido en juicio, estando prohibida su valoración por el art. 481 del CPP”, y añadieron: “Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero con lo que no es posible coincidir es con el resultado al que arriba la Sala casatoria disponiendo un cambio de calificación más grave, sin reenvío…” &nbsp;

Anulan fallo que consideró como prueba de cargo una declaración en un abreviado que fracasó

Diferencias en las liquidaciones de Salto Grande La provincia asegura que las sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía han impactado negativamente en los precios reconocidos por la energía de la represa de Salto Grande, disminuyendo así los ingresos que corresponden a Entre Ríos por sus excedentes. El gobernador Rogelio Frigerio ha instruido al equipo legal a investigar el sistema de fijación de precios y las diferencias de tratamiento entre Yacyretá y Salto Grande. “El comportamiento de los excedentes de Salto Grande fue en ascenso hasta 2012, pero a partir de 2013 cayó drásticamente, llegando a niveles casi nulos en 2021-22”, detalló Rodríguez Signes. Esta irregularidad en los ingresos es uno de los ejes del reclamo.Reclamos pendientes en la Corte Suprema Además de los fondos de Salto Grande, Entre Ríos tiene otros reclamos ante la Corte Suprema de Justicia que suman aproximadamente 150 mil millones de pesos en compromisos previsionales y unos 2.500 millones en intereses acumulados. Estos montos corresponden a pactos fiscales entre la Nación y las provincias, donde Entre Ríos sostiene que no ha recibido los fondos necesarios para cubrir parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.Nuevas oportunidades con el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas La semana pasada, la administración de Javier Milei propuso un Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y las provincias, una medida que permitiría a Entre Ríos resolver sus reclamos a través de la vía administrativa y evitar así los prolongados tiempos judiciales. Rodríguez Signes expresó una valoración positiva de la propuesta: “Creo que le sirve a todas las provincias, especialmente en un contexto tan conflictivo y complejo como el de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias”. Sin embargo, el fiscal aclaró que Entre Ríos no tiene deudas pendientes en mora con el gobierno nacional, por lo que el régimen serviría principalmente para evaluar la posibilidad de adelantar pagos, decisión que recaería en el Ministerio de Economía provincial.Fondos pendientes para obras públicas&nbsp;y la situación de AFIP Otro de los temas pendientes es el financiamiento de obras públicas en la provincia. Según Rodríguez Signes, la Nación comprometió alrededor de 10 mil millones de pesos en contratos de obra pública firmados en administraciones anteriores, pero los pagos fueron interrumpidos, dejando a Entre Ríos como única responsable de las obras. Actualmente, el gobierno provincial está realizando un relevamiento detallado, obra por obra, para fundamentar el reclamo ante Nación. Además, la provincia evalúa reclamar por la detracción de un 1.9 % de la coparticipación destinada al funcionamiento de la AFIP. Con la reciente disolución de este organismo, muchas provincias consideran que esta detracción ya no es válida. Aunque el tema parecía resuelto en 2017, las nuevas circunstancias han reavivado la discusión.Un canal de negociación alternativo y beneficioso El Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas ofrece una vía más expedita y menos conflictiva para los reclamos de Entre Ríos.&nbsp; Como explicó Rodríguez Signes, el régimen no obliga a desistir de demandas ni renunciar a derechos, sino que ofrece un canal administrativo para procesar los reclamos en un plazo más breve. En los casos de deudas claras y fundadas, el tiempo de resolución sería de un año, comparado con los extensos tiempos judiciales. Sin embargo, el fiscal advirtió que los reclamos que impliquen interpretaciones de normas o planteos de inconstitucionalidad deberán seguir por la vía judicial. Con estas acciones, Entre Ríos busca recuperar los fondos que le corresponden, optimizar su situación fiscal y establecer precedentes que fortalezcan la posición de las provincias frente a la Nación en temas de coparticipación y financiamiento. &nbsp;

Entre Ríos demandará a la Nación por fondos pendientes de Salto Grande y obras públicas

El exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime se entregó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para comenzar a cumplir de manera efectiva los seis años de condena a prisión que se le impusieron por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012. Jaime arribó al sexto piso de Comodoro Py, sede del TOF, &nbsp;junto a sus abogados y proveniente de Córdoba, provincia donde vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales el 18 de marzo de 2023.El exfuncionario pasó ya siete años preso por diferentes causas de corrupción, entre ellas la de la tragedia de Once, donde recibió la excarcelación luego de cumplir aproximadamente dos años de pena, por lo cual el Tribunal dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en prisión. Jaime se entregó pese a que el Tribunal analiza estos días un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud que presentó su defensa. El Tribunal Oral Federal 2 revocó la excarcelación y ordenó que termine en prisión de cumplir la pena luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada los seis años de prisión que se le impusieron por “administración fraudulenta” en la causa por el choque de trenes en la estación de Once que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. NA. &nbsp;

Se entregó Ricardo Jaime para cumplir su condena

En una de las causas de corrupción más relevantes del año, el juez federal Julián Ercolini convocó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones por un esquema de direccionamiento de fondos públicos en el sector de seguros. La maniobra, que involucró a múltiples actores y empresas coaseguradoras, fue posible gracias al Decreto 823/2021 firmado durante la gestión de Fernández.El Decreto 823/2021: la puerta al negocio de los seguros públicos El Decreto 823/2021, firmado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, centralizó la contratación de seguros de las entidades estatales en Nación Seguros, la aseguradora oficial. Este movimiento de consolidación no solo otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público, sino que también le dio el poder de incluir, a discreción, a otras aseguradoras privadas bajo la modalidad de coaseguro. Esta medida, según el juez Ercolini, no tenía otro fin que dar apariencia de legalidad a una maniobra que, en la práctica, permitió que un selecto grupo de empresas coaseguradoras e intermediarios controlara el negocio de los seguros públicos. La norma dejó en manos de Nación Seguros la elección de intermediarios, empresas coaseguradoras y los montos de comisiones, abriendo una puerta al direccionamiento arbitrario y, como reveló la investigación, a la recaudación de millonarias comisiones en favor de empresarios con vínculos estrechos con el expresidente.Los Protagonistas de la Maniobra La investigación de Ercolini reveló una red de intermediarios conformada por empresarios y empresas de confianza del círculo cercano a Fernández. Entre los principales beneficiarios destacan Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su secretaria María Canteros; Pablo Torres García y Oscar Castello, quien además realizó aportes a la campaña presidencial de 2019 a través de su empresa. Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA desempeñaron un rol clave, siendo seleccionadas como intermediarias o coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros. Este esquema les permitió cobrar comisiones y aumentar su participación en el mercado de seguros sin procedimientos de selección transparentes. La inclusión de estas empresas resultó en la asignación de más del 87% de las comisiones pagadas, una cifra que ascendió a más de 3.400 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre 2019 y 2023.Cooperativas y montos sospechosos: un mecanismo de desvío de fondos Parte del dinero desviado circuló por cooperativas como “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA”, que declaró una actividad económica incongruente con el volumen de dinero que movió, elevando sospechas en la Justicia. Esta cooperativa, con un perfil de negocio ligado al sector gastronómico, registró ventas abultadas y sospechosas entre 2021 y 2024. La Justicia encontró créditos millonarios provenientes de aseguradoras que utilizaban sus cuentas para justificar servicios ficticios de catering o eventos. Esta operación implicaba a otras cooperativas similares que simulaban actividades económicas, desviando los fondos hacia cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a la red de intermediarios.El rol de Alberto Fernández: vínculos y acusaciones de connivencia La investigación de Ercolini sostiene que Alberto Fernández no solo firmó el decreto que posibilitó la concentración del negocio de seguros en Nación Seguros, sino que también mantuvo una relación estrecha con los principales beneficiarios de la maniobra. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, a quien la justicia describió como un amigo íntimo de Fernández, además de ser esposo de su secretaria de confianza. Según el juez, el rol de Fernández fue determinante, ya que su decreto facilitó un “caudal de negocios” que benefició a Martínez Sosa y a sus asociados. Este vínculo se reforzó a través de regalos y favores económicos entre el expresidente y sus allegados, incluyendo el uso de inmuebles y préstamos. Las comisiones millonarias y los bienes entregados, como palcos en eventos, autos de lujo y relojes, subrayan los favores entre Fernández y los implicados en la red.Repercusiones y consecuencias para Nación Seguros La centralización de los seguros estatales en Nación Seguros, según la investigación, no cumplió con los estándares de transparencia requeridos por la administración pública. La discrecionalidad con la que se eligieron los intermediarios e intermediaciones mediante contratos facilitó el direccionamiento de los fondos hacia los beneficiarios de la maniobra. Al no existir pruebas claras de la realización de los servicios contratados, el juzgado también señaló a Nación Seguros por su falta de controles efectivos en la administración de fondos públicos, lo que facilitó la triangulación de comisiones entre intermediarios. El caso que involucra a Alberto Fernández y al negocio de los seguros estatales destaca cómo un decreto presidencial puede abrir la puerta a un sistema de corrupción a gran escala. Las decisiones tomadas durante su gobierno no solo favorecieron a un círculo selecto de empresarios, sino que también dejaron al Estado en una posición vulnerable, donde la falta de controles facilitó el desvío de millones de pesos. La comparecencia de Fernández el próximo 20 de noviembre ante la Justicia marcará un hito en esta investigación, que busca esclarecer el rol del expresidente en la estructura de direccionamiento de fondos públicos. La red de intermediarios, el uso de cooperativas y la falta de procedimientos transparentes siguen siendo los pilares de una causa que podría tener profundas implicaciones en el ámbito político y económico del país. &nbsp;

Alberto Fernández deberá explicar el Decreto 823/2021 que dio millones del Estado a sus amigos brokers

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “Nación Seguros S.A.”, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A.”, detalla la imputación. “La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución. Y añadió el texto que “según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´Nación Seguros´”. NA. &nbsp;

Citaron a Alberto Fernández a declaración indagatoria por la causa de los seguros

Ariel Nicolás Avellaneda, director de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), respondió ese pedido y dijo: «Así, los motivos alegados, como el mérito de los mismos, corresponden ser evaluados por el Tribunal, resultando el momento idóneo para ello la audiencia en cuestión, en la que las partes podrán discutir ampliamente y fundar sus posiciones, a la vez que podrá el Tribunal ponderar todo ello, resultando al respecto evidentemente prematuro resolver sobre lo requerido a través de un pedido de suspensión de audiencia».En ese marco, el funcionario judicial destacó que «no puede obviarse que una de las principales funciones de la OGA es la de gestionar los casos y las audiencias, respetando los plazos procesales y evitando demoras injustificadas, siendo competencia de este organismo ´planificar y administrar el cronograma de audiencias, de acuerdo a una política de gestión, sobre la base de criterios de programación que aseguren una efectiva realización´ (…).Asimismo, deben tenerse especialmente en cuenta los criterios fijados por la Oficina Provincial de Coordinación y Control de Gestión de OGA Entre Ríos, en relación al carácter excepcional de las solicitudes de suspensiones, reprogramaciones y/o cancelaciones, ´a fin de mejorar y optimizar la administración del servicio de justicia.Así, entendió que «tratándose de un recurso para discutir una medida cautelar, que no admite demoras injustificadas, es que corresponde no hacer lugar a lo solicitado». De ese modo, se confirmó la audiencia de este jueves.Desde la Fiscalía arguyen que la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que la última semana concedió recurso para que el caso sea debatido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no frena ese pedido de aplicación de prisiones.Ese trámite previsto para este jueves 31 sucede a la decisión de Casación de rechazar las recusaciones de dos de sus integrantes, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, planteadas por los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, en el marco del interminable pleito para definir el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se les aplique a tres de los condenados en el magajuicio medidas coercitivas de la libertad.Urribarri fue condenado en 2022 a 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y seis meses. En abril último, y luego de la confirmación de esas penas por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Urribarri y Aguilera, y cárcel a Báez.Además, Casación fijó audiencia para el jueves 31, a las 9,30, para tratar el pedido del Ministerio Público Fiscal de aplicar prisiones a los condenados.El 5 de septiembre pasado, y luego de un largo proceso de recusaciones y excusaciones de magistrados, el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón dispuso, por mayoría, rechazar el pedido fiscal.Ante esa resolución, el Ministerio Público Fiscal acudió con un recurso de casación, que fue admitido el 11 del mes último. Pero llegado el expediente a Casación, los defensores de Urribarri recusaron a dos juezas, Marcela Badano -con el argumento de que es pareja del Procurador General Jorge García, y así superior máximo de los acusadores que plantearon el pedido de condena de Urribarri- y de María Evangelina Bruzzo, integrante de la Casación de Concordia, esposa del extitular del Instituto Portuario e involucrado en un gravísimo accidente en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, Juan Enrique Ruiz Orrico.El reproche que hicieron sobre Bruzzo se relacionarían con «supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena» a Urribarri.El tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, rechazó los planteos con el argumento de que ya habían sido resueltos con anterioridad.«En relación a ambos planteos -dice una resolución que se conoció este lunes 21- no puede obviarse que los mismos ya fueron efectuados en esta misma causa, por la entonces Defensa Técnica del mismo imputado ahora presentante; los mismos, impreso el trámite correspondiente, fueron resueltos por Tribunales integrados al efecto, y no fueron objeto de impugnación recursiva por parte de los entonces recusantes». Recuerda al respecto Casación que en relación a Badano, «mediante resolución N°154 de fecha 22/09/2022 se resolvió rechazar el planteo recusatorio formulado a su respecto; y en relación a la Dra. Bruzzo, se resolvió de igual manera, mediante resolución N°32 del 11/03/2023».«Con posterioridad a dichas resoluciones, el Tribunal finalmente integrado por las suscriptas, por sentencia N°85 del 31 de mayo de 2023 dictó sentencia casatoria, rechazando los Recursos de Casación interpuestos contra la sentencia de fecha 07/04/2022 dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmando la misma (con excepción de un punto, relativo al embargo respecto del imputado Pedro Báez). Por ello, no puede ahora reeditarse un planteo ya formulado y resuelto», agregó.«La burda reiteración literal de los escritos, se advierte en la notoria falta de actualidad de varios pasajes del escrito actual, que hace referencia, por ejemplo, a supuestas consecuencias de `la eventual confirmación de una condena al dos veces exgobernador, mención que tenía sentido en la recusación previa a la sentencia casatoria, pero no ahora, que dicha sentencia ya fue dictada hace más de un año, y no siendo el objeto de la presente la confirmación o no de la condena; como asimismo, con mayor claridad aún, el actual escrito presentado por la Defensa copia un párrafo de la anterior donde se lee `la eventual condena confirmatoria también beneficiaría al espacio al que pertenece Juan Orrico, Juntos por el Cambio en detrimento del oficialismo, es decir, el Frente Creer/Frente de todos, fragmento a todas luces desactualizado», apunta.En ese marco, rechazó «in límine» las recusaciones de Badano y de Bruzzo. (I:Analisis) &nbsp;

Rechazaron la suspensión de la audiencia por prisiones de Urribarri y demás imputados

El espacio político Entre Todos Entre Ríos (ETER) cuestionó con dureza el reciente fallo judicial que habilitó a los condenados por el megajuicio a ir a la Corte Suprema. “El reciente fallo del 22/10/24 dictado en la causa “Uribarri” por la Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, por el cual se decidió conceder el “recurso extraordinario federal” por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de un fallo anterior del 17/4/24 –del mismo tribunal-, constituye uno de los hechos mas oscuros y vergonzantes de la historia judicial entrerriana”, dijo el espacio. Y afirmó: “La decisión adoptada por mayoría (dejamos a salvo el comportamiento del tercer vocal Miguel Giorgio quien actuó con apego a derecho), bajo el falaz argumento de la existencia de una causal de “arbitrariedad” que autorizaba la remisión a la Corte federal, solo causa estupor, vergüenza, consternación y abatimiento moral. Su único objetivo es mantener la impunidad para que aquéllos que han sido regularmente condenados, tengan una nueva chance de postergar el curso normal de la justicia”. “La resolución, apañada por los Votos de Griselda Schumacher y Germán Carlomagno –en lo que claramente son seudos argumentaciones que en muchos otros casos los han llevado a denegar regularmente lo que es un recurso “extraordinario”-, se erige en una expresión repudiable e indefendible que abochorna. No solo desde el punto de vista jurídico formal, sino también por lo que traduce de manera grosera de lo que es una manifestación impúdica propia de la “casta”. De una corporación que impregna el comportamiento de una gran parte de los Poderes públicos de nuestra Provincia y que solo se mira al ombligo para sostener inescrupulosamente sus privilegios. Es muy difícil -por ejemplo en el caso de la doctora Schumacher-, separar su temperamento judicial zizzagueante de un advenimiento al Poder Judicial que se ha basado mucho menos en su idoneidad, que en su acercamiento irrefutable a quienes hasta ayer ocupaban cargos relevantes en el Gobierno que finalizó en diciembre de 2023”, continuó diciendo ETER.Y cerró: “No nos arrogamos ningún tipo de supremacía. No obstante, nos vemos obligados a señalar con convicción y firmeza, que esta típica sentencia de “casta” debe ser repudiada y que todavía podemos decir “basta”. Porque aún creemos que “las cosas no son así” sino que “están así” y no debemos resignarnos. Porque refleja por un lado un deterioro ético que escandaliza, un abismo que se abre bajo nuestros pies, y por otro, un derrumbe que hunde cada vez mas a sectores de la sociedad que pese a todo aún se resisten a convencerse de que “todo es igual”.

Para ETER, el fallo es “de los hechos más oscuros y vergonzantes” judiciales

La vicepresidenta STJER, vocal Laura Mariana Soage, junto a la vocal Gisela Schumacher, presidieron el encuentro que tuvo lugar este jueves en el Salón de Acuerdos del edificio de Tribunales en Paraná. Participaron, además de los representantes de los colegios profesionales, los integrantes de la comisión que trabaja en la reforma del Reglamento. Entre ellos, la presidenta de la Cámara 2° Civil y Comercial de Paraná, Andrea Morales, la secretaria de la Cámara, Noelia Telagorri; de la Mesa Ünica Informatizada (MUI) , María Belén Canale, la agente judicial Candelaria Vírgala y vía zoom, hizo lo propio la secretaria del Juzgado N°1 Civil y Comercial de La Paz María Virginia Latini, Al abrir la reunión, la vocal Soage destacó que “es muy importante y valiosa la labor de los y las peritos para el servicio de Justicia. Necesitamos dignificar su tarea; que su trabajo sea de calidad y mejorar los tiempos de un proceso. Son elementos que ayudan a alcanzar una Justicia más eficaz. No podemos hacer una mejora del sistema sin escucharnos”, dijo la vocal Soage al abrir la reunión en el Salón de Acuerdos. La vocal Schumacher coincidió en la necesidad de mejorar la eficacia del sistema judicial, destacó la trascendencia de la labor de los peritos para la Justicia y precisó que “es vital reducir el tiempo pericial”. Propuso un cronograma de actividades concretas, el diseño de manuales básicos asincrónicos y que se remitan sugerencias para la confección del nuevo reglamento. Finalmente precisó que el desafío para el año próximo será “alcanzar un sistema unificado para peritos”. Y anticipó que a esta &nbsp;reunión le seguirá otra con profesionales que no están colegiados. Estuvieron presentes Colegio de Asistentes Sociales de entre Ríos; Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la provincia de Entre Ríos; Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros en Ciencias Informáticas de Entre Ríos; Colegio de Psicólogos de Entre Ríos; Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos; Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos; Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; Colegio de Kinesiologos de Entre Ríos; Colegio de Veterinarios de Entre Ríos; Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos; Colegio de Odontólogos Entre Ríos; Colegio de Agrimensores de Entre Ríos ; Colegio de Escribanos de Entre Ríos; Colegio de Ciencias Naturales de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros Civiles de Entre Ríos. &nbsp;

Se analizaron reformas al Reglamento de Peritos en Entre Ríos

Urribarri fue condenado en 2022 a 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y seis meses. En abril último, y luego de la confirmación de esas penas por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Urribarri y Aguilera, y cárcel a Báez. El 5 de septiembre pasado, y luego de un largo proceso de recusaciones y excusaciones de magistrados, el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón dispuso, por mayoría, rechazar el pedido fiscal. Ante esa resolución, el Ministerio Público Fiscal acudió con un recurso de casación, que fue admitido el 11 del mes último. Pero llegado el expediente a Casación, los defensores de Urribarri recusaron a dos juezas, Marcela Badano -con el argumento de que es pareja del Procurador General Jorge García, y así superior máximo de los acusadores que plantearon el pedido de condena de Urribarri- y de María Evangelina Bruzzo, integrante de la Casación de Concordia, esposa del extitular del Instituto Portuario e involucrado en un gravísimo accidente en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, Juan Enrique Ruiz Orrico. El reproche que hicieron sobre Bruzzo se relacionarían con «supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena» a Urribarri, publicó Entre Ríos Ahora. El tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, rechazó los planteos con el argumento de que ya habían sido resueltos con anterioridad.&nbsp; «En relación a ambos planteos -dice una resolución que se conoció este lunes 21- no puede obviarse que los mismos ya fueron efectuados en esta misma causa, por la entonces Defensa Técnica del mismo imputado ahora presentante; los mismos, impreso el trámite correspondiente, fueron resueltos por Tribunales integrados al efecto, y no fueron objeto de impugnación recursiva por parte de los entonces recusantes». Recuerda al respecto Casación que en relación a Badano, «mediante resolución N°154 de fecha 22/09/2022 se resolvió rechazar el planteo recusatorio formulado a su respecto; y en relación a la Dra. Bruzzo, se resolvió de igual manera, mediante resolución N°32 del 11/03/2023». «Con posterioridad a dichas resoluciones, el Tribunal finalmente integrado por las suscriptas, por sentencia N°85 del 31 de mayo de 2023 dictó sentencia casatoria, rechazando los Recursos de Casación interpuestos contra la sentencia de fecha 07/04/2022 dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmando la misma (con excepción de un punto, relativo al embargo respecto del imputado Pedro Báez). Por ello, no puede ahora reeditarse un planteo ya formulado y resuelto», agregó. «La burda reiteración literal de los escritos, se advierte en la notoria falta de actualidad de varios pasajes del escrito actual, que hace referencia, por ejemplo, a supuestas consecuencias de `la eventual confirmación de una condena al dos veces ex gobernador`, mención que tenía sentido en la recusación previa a la sentencia casatoria, pero no ahora, que dicha sentencia ya fue dictada hace más de un año, y no siendo el objeto de la presente la confirmación o no de la condena; como asimismo, con mayor claridad aún, el actual escrito presentado por la Defensa copia un párrafo de la anterior donde se lee `la eventual condena confirmatoria también beneficiaría al espacio al que pertenece Juan Orrico, Juntos por el Cambio en detrimento del oficialismo, es decir, el Frente Creer/Frente de todos`, fragmento a todas luces desactualizado», apunta. En ese marco, rechazó «in límine» las recusaciones de Badano y de Bruzzo. (I:Analisis) &nbsp;

Casación rechazó recusación y fijó audiencia por prisiones

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García en la causa por el vacunatorio VIP, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Además, se informó que el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el exfuncionario y ordenó profundizar la investigación. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por presunto “abuso de autoridad y peculado”, &nbsp;en una decisión que también alcanzó al ex secretario privado del exfuncionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.&nbsp; Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito. “El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”, advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti. &nbsp;&nbsp; Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido “a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”. &nbsp;&nbsp; Los jueces sostuvieron que “aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”. &nbsp;&nbsp; El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para Gonzalez García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada. &nbsp;&nbsp; Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal. &nbsp;En un “vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa”, entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros. &nbsp;&nbsp; “Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020,” por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara. &nbsp;&nbsp; El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con 5 dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud. &nbsp;&nbsp; Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes “recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas”, remarcó la acusación. NA. &nbsp;

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