La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) emitió un comunicado tras la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsó la reforma de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados de Entre Ríos. Así, la AAJJ expresó que “rechaza enfáticamente la media sanción por parte de diputados del proyecto de modificación de la ley de jurados de Entre Ríos, en relación a la competencia, vaciándola de contenido”, se sostuvo en la posición que llevó la firma de la presidenta de la AAJJ, Silvina Manes.Sesión lamentable En el comunicado se señaló que “el 2 de julio pasado, en una lamentable sesión, la Cámara de Diputados, trató el proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó a la Cámara Baja el 26 de julio de 2024, y con absoluta pobreza argumentativa aprobó la modificación de la competencia del jurado popular y la limitó a delitos y los delitos conexos que con ellos concurren, cuya pena exceda los 20 años de prisión o reclusión”. Desde la Asociación criticaron que “esta reforma constituye un serio retroceso, desconociendo abiertamente la manda constitucional que establece que todos los juicios criminales terminarán por jurados”. En ese sentido, se destacó que “la AAJJ ha sostenido reiteradamente que la competencia amplia de los jurados para conocer y juzgar todos los Crímenes es uno de los núcleos duros que deben respetar las leyes de jurados”. Contexto La AAJJ manifestó que “si bien nos encontramos en un proceso de expansión del sistema constitucional en todo el país, al que la provincia de Entre Ríos se sumó hace unos años, con competencia limitada a delitos más graves, ello no importa bajo ningún concepto, el acotamiento del Poder ciudadano de juzgar cada vez menos delitos, cuando en realidad debería ser lo contrario: el aumento progresivo de la competencia”. Finalmente, se expresó que “esta Asociación Argentina de Juicio por jurados expresa su preocupación por la nueva embestida contra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia y el firme rechazo a que se modifique la ley de jurados. Esperamos confiados que esto se revierta con seriedad en la Cámara de Senadores”. &nbsp;

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados rechazó “enfáticamente” la media sanción de Diputados

El lunes 7 de julio de 2025 comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 18 de ese mes. Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372). El Superior Tribunal de Justicia, junto a la Procuración General y la Defensoría General -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:Superior Tribunal de Justicia: Presidente: Miguel Angel Giorgio -del 7 al 12/07/25. German Reynaldo Francisco Carlomagno -del 13 al 18/07/25. Vocales: Carlos Federico Tepsich -del 7 al 12/07/25. María Gabriela López Arango -del 7 al 12/07/25. Claudia Mónica Mizawak -del 13 al 18/07/25. Gisela Nerea Schumacher -del 13 al 18/07/25. Secretarias del Superior Tribunal de Justicia: Melina Arduino -del 7 al 12/07/25. Elena Salomon -del 13 al 18/07/25.Procuración General: Mónica E. Carmona -del 7 al 16/07/25. Leandro Dato -del 17 al 18/07/25. Defensoría General: Maximiliano Francisco Benitez -del 7 al 13/07/25. -en materia Civil y Superintendencia General: Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. -en materia Penal: Rodrigo Juarez y Fernando Callejo -del 14 al 17/07/25. Antonella Manfredi y Mariana Montefiori -el 18/07/25.RUAER: María Silvana Spais -del 7 al 13/07/25. Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. Órgano de Revisión en Salud Mental Entre Ríos (ORSMER): Martín Cabrera -del 7 al 13/07/25. Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. ETI – Con competencia en cada una de las jurisdicciones de la provincia: Luisina Franco Mangioni -del 7 al 18/07/25. Javier Armando Schubert -del 7 al 18/07/25. Gervasio Anzola -del 7 al 18/07/25. ETI del Ministerio Público de la Defensa, con afectación prioritaria para el desempeño de funciones en las Defensorías Penales, con asiento en la jurisdicción de Paraná: Aranzazu Ormache -del 13 al 18/07/25. Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156): Oscar Londero -del 7 al 13/07/25. Martín Fabre -del 14 al 18/07/25.CONCORDIA Vocales de Feria del Tribunal de Juicio y Apelaciones: María Clara Mondragon Pafundi -del 7 al 13/07/25. María Evangelina Bruzzo -del 14 al 18/07/25.Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande: Jorge José Ignacio Ponce -del 7 al 12/07/25. Justo José de Urquiza -del 13 al 18/07/25.Jueces en materia Penal: Francisco Rafael Ledesma -del 7 al 9/07/25. Edwin Ives Leonardo Bastian -del 10 al 12/07/25. María Gabriela Sero -del 13 al 15/07/25. Mauricio Gabriel Guerrero -del 16 al 18/07/25.Jueces y Jueza en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad: Edwin Ives Leonardo Bastian -del 7 al 9/07/25. Francisco Rafael Ledesma -del 10 al 12/07/25. Mauricio Gabriel Guerrero -del 13 al 15/07/25. María Gabriela Sero -del 16 al 18/07/25.Juez y jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes: Rodolfo Guillermo Jauregui -del 7 al 12/07/25. Delfina Geist -del 13 al 18/07/25. Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares: Mariana Elias -del 7 al 13/07/25. José E. Arias -del 7 al 09/07/25. Macarena Mondragon Pafundi -del 7 al 09/07/25. Daniela Montangie -del 10 al 13/07/25. Mario Figueroa -del 10 al 14/07/25. Mario Guerrero -del 14 al 18/07/25. Martín Nuñez -del 14 al 18/07/25. Natalia Conti -del 15 al 18/07/25. Fiscales de Genero: Francisco Paoli -del 7 al 08/07/25. Juan Pablo De Giambattista -del 9 al 13/07/25. Mauro Jaume Blanco -del 14 al 17/07/25. Francisco Paoli -el 18/07/25.Defensorías Públicas: -en materia Civil: Lorena Pignataro -del 7 al 12/07/25. Alfredo Russo -del 13 al 18/07/25. -en materia Penal: Eduardo Garay -del 7 al 13/07/25. Joaquin Garaycoechea-del 7 al 13/07/25. José Luis Legarreta -del 7 al 13/07/25. Magdalena Vedoya -del 14 al 18/07/25. Mariano Miño -del 14 al 18/07/25. -en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes: Luciana Cometti -del 7 al 13/07/25. Dario Andrioli -del 14 al 18/07/25.RUAER: Equipos técnicos: Maricel Tamaño -del 7 al 12/07/25. Julia Russo -del 7 al 12/07/25. María Gabriela Leiva -del 13 al 18/07/25 Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental –Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal-: Mariana Carbonell -del 7 al 12/07/25. Agustin Peroni -del 13 al 18/07/25. Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG): Lucrecia Saez -del 7 al 12/07/25. Adrián Novkovic -del 13 al 18/07/25. &nbsp;

Autoridades Judiciales de Feria en Entre Ríos

La Oficina de Mediación Penal (OMA), dependiente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, trabaja en el control y cumplimiento de la salida alternativa a la prisión, de 3819 personas (a junio pasado).La información se desprende de un informe dado a conocer en el marco de una comparación entre la cantidad de personas que se encuentran alojadas en Unidades Penales de la provincia, incluyendo a los alojados con condenas firmes como aquellos que tiene prisión preventiva, por causa ante la justicia provincial; con los probados (personas que gozan del beneficio de suspensión del proceso a prueba) y los condenados con condenas condicional, cuyo control y seguimiento están a cargo de los Oficiales de Prueba, que forman parte de las Oficinas de Probation dependientes del organismo. La estadística, demuestra la trascendencia de los medios alternativos al proceso penal (probation) y a la prisión (condena condicional), pudiendo observase que es mayor el número de ellos en la provincia de los que efectivamente se encuentran cumpliendo condenas firmes, 2901 personas. Las personas con probation o condenas condicional, desde el año 2004 los probados, y desde el 2015 los condenados, son acompañados, asistidos y controlados por la figura del Oficial de Prueba, quien debe observar que se cumplan con las reglas de conductas impuestas como una carga legal, estas puede ser desde realizar tareas no remuneradas o aportes en lugares de bien publicó, o tratamientos psicológicos (por adicciones, violencia de genero), cumplir con u ciclo escolar o alfabetización, o capacitarse en un oficio, entre otras. Es de destacar que, si el probado no cumple con reglas establecidas en el plazo legal fijado, el Oficial de Prueba se lo comunica al Fiscal, quien puede solicitar la revocatoria de la suspensión del proceso a prueba y continuar con el juicio, o bien la revocatoria de la condena condicional y transformarse en efectiva.De esta manera se destaca la figura del Oficial de Prueba, en el sistema procesal penal de Entre Ríos. En Entre Ríos hay 9 oficiales de prueba para el departamento Paraná y Diamante, uno para los departamentos Victoria, Rosario del Tala y Nogoyá, una para los departamentos Gualeguay y Villaguay, uno para los departamentos GUALEGUAYCHÚ e Islas del Ibicuy, tres para los departamentos Concordia, Federación, Federal y San Salvador, y uno para los departamentos La Paz y Feliciano. La estadística está basada en los datos registrados al 19 de junio último, del informe del Parte Diario de la Población General, y de los registros informáticos de las distintas Oficina de Probation (que registran las personas bajo seguimiento y control). (El Once Digital)

Más de 3.800 personas cumplen penas fuera de la cárcel

Del encuentro participaron el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta, Mónica Carmona; y el juez Alejandro Cánepa, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. Por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) asistió su secretario general, José María Segura, en tanto que la Delegación Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia &nbsp;de la Nación (UEJN) estuvo representada por Damián Mayoraz. Se abordaron temas relacionados con la realidad del Poder Judicial. Los y las participantes ratificaron su compromiso para mejorar la prestación del servicio de justicia. &nbsp;

Reunión para analizar la realidad del Poder Judicial

Ilarraz fue denunciado en 2012 tras la investigación y publicación de la revista ANÁLISIS, por los delitos de promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado, cometidos entre 1988 y 1992 en perjuicio de niños y adolescentes de entre 12 y 15 años, en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se desempeñaba como Prefecto de Disciplina. Al momento de la denuncia, las víctimas tenían entre 33 y 37 años. Previamente, hubo un procedimiento eclesiástico que le prohibió a Ilarraz la presencia en la Arquidiócesis de Paraná y la comunicación con seminaristas. El cura fue procesado en 2015 y condenado en 2018 a 25 años de prisión. Los tribunales provinciales de Entre Ríos habían rechazado el planteo de prescripción de la defensa de Ilarraz, argumentando que los delitos eran imprescriptibles. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con los votos mayoritarios de los jueces Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, sostuvo la imprescriptibilidad basándose en la naturaleza y gravedad de los hechos, en la imposibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva, y en la responsabilidad estatal y primacía de normas internacionales. Luego de más de cinco años de trámite en el máximo tribunal del país, la Corte Suprema revisó los agravios de la defensa y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que había apoyado la imprescriptibilidad en casos similares y determinó que la acción penal contra Ilarraz estaba prescripta. Sobre la prescripción por plazos legales, la Corte señaló que, según el artículo 62 inciso 2° del Código Penal (vigente al momento de los hechos), el plazo máximo para la prescripción era de 12 años. Dado que los hechos ocurrieron entre 1988 y 1992, y la denuncia fue en 2012, la acción penal ya se encontraba prescripta, al menos, desde el año 2005. También rechazó la analogía de estos delitos con crímenes de lesa humanidad, al considerar que esta equiparación es inadmisible. Aunque los delitos de Ilarraz son “aberrantes”, señalaron los ministros de la Corte, no cumplen con los elementos exigidos por el derecho internacional consuetudinario o el artículo 7 del Estatuto de Roma para configurar crímenes de lesa humanidad. Afirmaron que la imprescriptibilidad propia de estos delitos no puede aplicarse a los crímenes de Ilarraz, y la Corte ya había rechazado tal extensión analógica en el precedente “Funes”. Luego, la Corte sostuvo que la obligación del Estado de garantizar la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño no conducen a la inaplicabilidad de las normas de prescripción. “El derecho a la tutela judicial efectiva debe encuadrarse en las garantías constitucionales, especialmente el principio de legalidad penal (artículo 18 de la Constitución Nacional), que exige que no haya pena sin ley previa. La “flexibilización” de este principio por parte de los tribunales inferiores es contradictoria con la Constitución Nacional”, afirmaron.“El principio pro homine debe aplicarse en el marco de la contraposición entre el poder punitivo del Estado y los derechos del acusado, y no puede suprimir los derechos constitucionales de otras personas, incluidos los del imputado”, agregaron. Asimismo, en este punto la Corte afirmó que “el interés superior del niño, si bien es una ‘consideración primordial’, no autoriza a prescindir del ordenamiento jurídico vigente ni del debido proceso”.“Sin obstáculos para denunciar” Otro de los aspectos que se ponderaron para condenar a Ilarraz en Entre Ríos fue que algunas víctimas habían denunciado a Ilarraz, pero lo hicieron ante las autoridades de la Iglesia. Al respecto, la Corte dice ahora que el procedimiento canónico no es obstáculo legal, desestimando el argumento de que el procedimiento eclesiástico y la obligación de guardar silencio constituyeron un impedimento para la denuncia. Afirmó que las normas de un procedimiento voluntario como el canónico no impedían la actuación de los tribunales de Justicia, y que, además, no se probó que existieran causas de suspensión o interrupción de la prescripción. “Los denunciantes fueron adultos durante una parte significativa del plazo de prescripción sin que conste la existencia de obstáculos que impidieran la denuncia”, valoraron los jueces de la Corte, en un claro retroceso sobre los delitos sexuales y los tiempos de las víctimas que se viene poniendo en discusión desde hace varios años. En síntesis, la Corte Suprema concluyó que el fallo apelado se apartó de la solución legal prevista en el Código Penal y creó judicialmente una nueva categoría de delitos imprescriptibles, lo cual no respeta la garantía de una decisión fundada en ley y violenta el artículo 18 de la Constitución Nacional al imponer una sanción penal basada en una interpretación prejudicial (in malam partem) y ajena a la “ley anterior al hecho del proceso”. Por todo ello, la Corte declaró la procedencia del recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada, y declaró la prescripción de la acción seguida contra Justo José Ilarraz, sobreseyéndolo en la causa. &nbsp;

Golpe a las víctimas de abuso sexual: los fundamentos de la Corte para sobreseer a Ilarraz

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles suspender de manera provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que derogaba el feriado del 27 de junio para los trabajadores de la administración pública nacional. La medida cautelar fue dictada a raíz de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó la protección judicial ante la inminente pérdida de la jornada conocida como el “Día del Trabajador Estatal”. La demanda buscó, en su inicio, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del DNU 430/2025. Ese fragmento del decreto derogó el artículo 2 de la Ley 26.876, normativa que había establecido el 27 de junio como un feriado remunerado para los empleados estatales.La resolución En el fallo, la juez nacional del Trabajo Moira Fullana resolvió: - Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa. - Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional. - Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva. - Diferir la imposición de costas y regulación de honorarios para el momento en que se dicte el pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión. Infobae. &nbsp;

La Justicia laboral suspendió el decreto que eliminaba el feriado por el Día del Trabajador del Estado

Por Martín Angulo - El juez federal Daniel Rafecas resolvió que se aplique el juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 y que mató a 85 personas. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado aceptó el pedido del titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, para que a los acusados -iraníes y libaneses que están prófugos de la justicia argentina desde 2006-, se les aplique el juicio en ausencia, que fue aprobado este año por el Congreso de la Nación. Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado. Esta es la primera vez que se aplica el juicio en ausencia en la historia argentina. Pero el envío de la causa a juicio oral no es inmediato. Las partes tienen tres días hábiles para apelar el fallo -la defensa oficial y algunas querellas se opusieron al juicio en ausencia- y que sea revisado por la Cámara Federal y la Fiscalía debe pedir los procesamientos de los 10 acusados para que así queden en condiciones jurídicas de pasar a juicio oral. El juicio en ausencia se legisló este año en una reforma que aprobó el Congreso Nacional al Código Procesal Penal a instancias de un proyecto del gobierno de Javier Milei. Esa figura permite juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. La norma se aplica para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como los de terrorismo y de lesa humanidad, y en los casos donde los acusados estén prófugos de la causa hace cuatro meses, como los imputados del caso AMIA.“Uno de los principales argumentos a favor de los juicios en ausencia, es que permiten avanzar en la justicia, incluso cuando el acusado evade el proceso penal, ya sea porque no comparece o desconoce la jurisdicción del tribunal, o se encuentra en lugares donde no puede ser extraditado”, sostuvo el juez Rafecas en su resolución de 148 páginas. Cuando se aprobó la ley de juicio en ausencia, el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a las papás de dos víctimas del atentado, y el fiscal Basso pidieron que se aplique ese figura a los acusados. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión a todas las partes. La AMIA y la DAIA, dos de las querellas del caso, compartieron la postura. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA -también querellantes- y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron. En su resolución, Rafecas repasó los antecedentes internacionales de juicio en ausencia, las legislaciones de otros países, la ley sancionada por el Congreso Nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló extradiciones de personas. Citó el caso del juicio de Núremberg, en el que jerarcas nazis fueron juzgados por sus crímenes por un tribunal de las potencias aliadas de la segunda guerra mundial. El magistrado concluyó que el juicio en ausencia es constitucional y que se puede aplicar.“En muchos casos, especialmente en crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), los acusados son líderes militares o políticos con recursos para ocultarse o huir a países sin extradición. Sin la opción de un juicio en ausencia, estos individuos podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos podrían quedar paralizados, evitando ser juzgados, y privando a las víctimas de justicia”, consideró Rafecas.También sostuvo que “los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes. En muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables. “La ausencia voluntaria del imputado, al sustraerse del proceso, no solo vulnera su propio derecho de defensa, sino que también lesiona el derecho de la víctima a obtener justicia y el interés de la sociedad en la resolución del conflicto social generado por el delito”, planteó Rafecas. “Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso.&nbsp; El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió”, concluyó Rafecas.Una de las objeciones que hicieron las querellas que se opusieron al juicio en ausencia es que a la causa le faltan más pruebas -por ejemplo acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que ya hubo juicios orales por el atentado en el que se determinaron irregularidades en la investigación y que terminaron los acusados absueltos. Uno de ellos fue el juicio a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que estuvo 10 años presos acusado de haber entregado la camioneta que se usó como coche bomba en la AMIA sabiendo que se iba a utilizar para ese fin. Telleldín fue absuelto. Rafecas señaló que ese planteo “es comprensible”. “No resulta menor que, luego de años de búsqueda de justicia, el solo hecho de tener que volver a exponerse a un nuevo proceso, pueda generar en las víctimas sentimientos de duda, temor o incluso de desconfianza hacia el sistema de administración de justicia”, agregó. “También debe decirse, que precisamente una de las funciones centrales del juicio, aun bajo las condiciones particulares que impone su tramitación en ausencia, es ofrecer un espacio institucional en el cual sea posible someter a prueba, públicamente, aquello que hasta el momento ha sido materia de investigación. La finalidad, no es otra que generar las condiciones mínimas para que el Ministerio Público Fiscal, intente acreditar su hipótesis fáctica, y que las querellas (y la sociedad en su conjunto) puedan acceder a una reconstrucción pública y controlada de los hechos. Esa es la razón de ser del juicio oral y público. Si no hay debate, se pierde la oportunidad de conocer y esclarecer. Y sin esclarecimiento, lo que quedan son dudas y faltas de certezas”, sostuvo Rafecas sobre las objeciones. La decisión judicial que celebrada por el gobierno nacional. “Ahora vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”, sostuvo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado. En la misma línea, el viceministro, Sebastián Amerio, sostuvo: “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto”. Infobae. &nbsp;

La Justicia ordenó aplicar el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

La designación, que fue realizada mediante decreto 1367, forma parte del proceso de consolidación del equipo de gobierno, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, el funcionamiento institucional y la modernización del Estado. El nuevo funcionario venía desempeñándose como secretario de Asuntos Políticos desde el inicio de la actual gestión y asume en reemplazo de Martín Acevedo Miño.&nbsp; Consultado al respecto, el funcionario se refirió a los desafíos y ejes principales que guiarán su gestión, al tiempo que enfatizó la importancia de dar continuidad y profundizar el trabajo iniciado por la administración provincial, siguiendo las directrices del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.Entre los objetivos fundamentales, Maneiro destacó la meta de “normalizar y llegar a todos los lugares de la provincia con los registros que tiene a cargo la Secretaría de Justicia”. Además, subrayó la necesidad de “aceitar y generar un vínculo de confianza y de trabajo conjunto con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el servicio en general y la cuestión de la criminalidad”. La agenda del flamante secretario también incluye la revisión y el impulso de “cuestiones pendientes de reformas de leyes que se necesitan aprobar para avanzar en mejorar aspectos institucionales”. En este sentido, mencionó temas como “el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y otros que tienen que ver con la aplicación de la ley penal, como el Código Procesal Penal”.&nbsp; Maneiro reconoció que estas son “materias muchas de ellas complejas, difíciles, pero que es necesario afrontarlas”, a pesar del “esfuerzo importante” que requerirá el contexto de dificultades económicas tanto a nivel nacional como provincial.Asimismo, confirmó que ya ha mantenido reuniones claves con las máximas autoridades de la provincia para alinear su plan de trabajo. “El ministro Roncaglia me ha dado las instrucciones precisas en materia de estos temas”, señaló el secretario, indicando que la reunión fue “conjunta con el gobernador y me han marcado claramente estos puntos centrales para que avancemos en los próximos meses”.En lo que respecta a la dinámica interna de la Secretaría, Maneiro informó que ha iniciado un proceso de contacto directo con el personal. “Ya hemos tenido reuniones de todo lo que compone la Secretaría de Justicia, y ahora estamos ya iniciando el proceso de ir área por área, visitando los lugares y específicamente viendo las problemáticas de cada uno de ellos y las necesidades e ir coordinando las prioridades para poder avanzar”, concluyó. &nbsp;

Julián Maneiro asume como secretario de Justicia con objetivos de gestión

La expresidenta difundió un audio desde su prisión domiciliaria en el que cuestionó al Gobierno y llamó a sostener la militancia. El fiscal analiza si hubo violación de condiciones impuestas por la Justicia.A menos de 24 horas de quedar detenida en su domicilio tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a sus seguidores con un mensaje grabado y una comunicación en vivo, ambas emitidas desde su departamento en San José 1111. Fue durante una masiva movilización en Plaza de Mayo, en reclamo por su liberación.En el audio, la exmandataria agradeció las muestras de apoyo y expresó: “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar ‘vamos a volver’, porque habla de recuperar un país en el que los pibes puedan comer cuatro veces por día”. También remarcó que “ese país no fue una utopía”, sino un proyecto que —según dijo— logró desendeudar al país y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.Desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, Cristina insistió en que el modelo actual “se cae por injusto e insostenible” y denunció que no la dejan competir electoralmente “porque saben que pierden”. Además, afirmó: “Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo argentino”.Sin embargo, el mensaje provocó una inmediata reacción judicial. Según pudo saberse, el fiscal del caso analiza si la exmandataria incurrió en una infracción al régimen de prisión domiciliaria. El audio difundido en un acto público masivo, cargado de contenido político y de exhortaciones militantes, podría interpretarse como un acto de proselitismo o incluso como una incitación a resistir las decisiones del Gobierno y del Poder Judicial, lo que habilitaría una actuación penal por desacato o violación de las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2. En paralelo, desde sectores afines al oficialismo denunciaron el episodio como un intento de “adoctrinamiento” desde el encierro, mientras que desde el kirchnerismo lo reivindican como un “mensaje de esperanza” ante lo que califican como una “persecución judicial”.La causa sigue abierta y las tensiones políticas escalan. El sistema judicial deberá definir ahora si la voz de Cristina, aún privada de libertad, puede tener consecuencias penales adicionales. &nbsp;

Cristina Kirchner habló desde su domicilio: “Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo”

Así lo dispuso este martes el juez de Garantías, Julián Vergara, que declaró improcedentes los recursos que presentaron los imputados en la causa conocida como Coimas, Relevamientos Catastrales o la causa del Paraguayo, contra la decisión del 5 de junio de remitir el legajo a debate. Solo aceptó conceder el recurso en el caso del ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, solo en el punto concerniente a la no admisión de evidencia de descargo. El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes “declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cullen, en representación del imputado Sergio &nbsp;Urribarri; de Guillermo Smaldone, en ejercicio de su propia defensa; de José Velázquez e Ignacio Díaz, en representación de Diego Armando Cardona Herreros; de Franco Azziani Canepa y Andrés Bacigalupo, en representación de Luis Alfonso Erbes; de Juan Méndez y Candelario Pérez, en representación de Marcelo Haidar; y de coordinador del Ministerio Público de la Defensa, Gaspar Reca, y el Defensor Auxiliar Público, Sebastián Ludi, en representación del imputado Miguel Ángel Ulrich, contra la resolución dictada oralmente en la audiencia del día 05 de junio de 2025…”. Vergara dispuso “conceder el recurso de apelación interpuesto por Smaldone en ejercicio de su defensa propia solamente contra el apartado de la resolución del 5 de junio de 2025 que dispuso no admitir evidencias probatorias que se detallaron y mencionaron puntualmente en la referida resolución y fueran propuestas oportunamente por el mencionado letrado para el debate ya sea en el escrito de contestación (oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio o bien en el marco de la audiencia desarrollada…”. También tuvo “presente la reserva del Caso Federal formulada por Cullen en representación del imputado Urribarri; por Velázquez y Díaz en representación de Cardona Herreros; por Azziani Canepa y Bacigalupo, en representación de Erbes; y por Reca y Ludi, por Ulrich. Vergara consideró que “la admisión de la evidencia probatoria ofrecida por el MPF no es una resolución que cause un ‘gravamen irreparable’ en los términos arriba expuestos, por lo que corresponde no conceder el recurso de apelación intentado”. Añadió: “Entiendo que la resolución puesta en crisis que admitió como válida la evidencia digital y/o electrónica y las testimoniales de personas, todo ofrecido como evidencia probatoria para el juicio en el marco de la etapa intermedia por el MPF &nbsp;y fueran cuestionadas oportunamente por las defensas, no causa ningún gravamen irreparable al derecho de defensa de los imputados…”. También expresó que “lo mismo entiendo sucede con el alegado ‘gravamen irreparable’ que supuestamente les provocaría a las defensas haber mantenido este Magistrado, las calificaciones legales que para los distintos hechos escogió el MPF en el requerimiento de elevación de la causa a juicio puesto que, como ya se dijo en el propio resolutorio atacado, dichas subsunciones típicas son provisorias, no causan estado y pueden ser perfectamente modificadas en el marco de una sentencia condenatoria por el Tribunal interviniente sin violentar, claro está, el principio de congruencia”. Agregó que “en la misma inteligencia, esto es, existe otra etapa procesal en la cual podrán ser tratadas nuevamente con mayor profundidad y debate las argumentaciones, los análisis probatorios, las hipótesis, los razonamientos y las conclusiones desincriminantes a las que arriban los defensores respecto de cada uno de sus pupilos, es que entiendo que la resolución recurrida - y más allá de haber tratado expresamente cuestiones que las defensas hoy sostienen fueron omitidas o bien por no estar obligados los jueces a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes o sus argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones…, no provoca ‘un gravamen irreparable’ en los términos que hemos ponderado más arriba”. Respecto de la concesión del recurso al imputado Smaldone, solo referido a la no admisión de evidencias informativas, periciales, pedidos de informe, consultor técnico y documentales que fueron ofrecidas por Smaldone para su incorporación al debate, Vergara sostuvo que “en otra palabras y para que se entienda. En caso que sea denegada una evidencia o no sea admitida por el Juez de Garantías en la etapa intermedia, impediría a la parte de manera fatal poder contar con la misma en apoyo a su teoría del caso y sin poder reeditar dicha discusión - de la admisibilidad - en el marco del plenario”. Añadió que “en el caso concreto, al no admitirse evidencias probatorias propuestas se puede provocar un ‘gravamen irreparable’ a Smaldone, puesto que - insisto - no contará con eventuales instancias procesales útiles y susceptibles de poder remediar la situación resultando, en la práctica, que no va a disponer de dichas evidencias en las cuales sustentar sus argumentaciones”. Al ex gobernador, Sergio Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”. Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo. Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”. &nbsp;

Rechazan los recursos de apelación contra la decisión de remitir a juicio la causa Coimas

Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N.º 2 autorizó que la ex presidenta cumpla la pena en su domicilio. Deberá usar tobillera, acatar normas de conducta y presentar una lista de visitantes. El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión se conoció días después de que la Corte Suprema ratificara la sentencia. La ex presidenta fue notificada de forma remota, evitando así su comparecencia en Comodoro Py. Deberá portar una tobillera electrónica, cumplir estrictas reglas de permanencia en el domicilio y presentar en 48 horas una nómina de familiares, médicos y abogados que podrán visitarla sin autorización judicial previa. Según la resolución judicial, sola podrá abandonar su hogar en casos de fuerza mayor debidamente justificados y, fuera de esas excepciones, deberá contar con autorización expresa del tribunal. Además, se le exige “no alterar la convivencia del vecindario” ni generar disturbios en su entorno. La decisión fue adoptada pese a la oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes rechazaban la domiciliaria. También se opuso la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió que el cumplimiento de la pena en Constitución podría afectar la movilidad, seguridad y servicios en la zona. Afuera del domicilio de la ex mandataria, en San José y Humberto 1°, continúan las muestras de apoyo de militantes y simpatizantes. &nbsp;

Cristina Kirchner cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Se espera que la movilización acompañe a la expresidenta desde Constitución a Retiro, ida y vuelta el miércoles. Está en duda qué ocurrirá si se le concede la prisión domiciliaria antes.Cristina Kirchner se presentará mañana miércoles en los Tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por la causa Vialidad. En Casa Rosada evitan involucrarse en qué postura debería tomar la Justicia con respecto a la prisión domiciliaria. Sin embargo, una parte del Gobierno cree que si la exmandataria no se traslada a los Tribunales de Retiro y queda detenida en su domicilio de San José 1111, se desactivaría la movilización que organiza el PJ con otras organizaciones políticas y sindicales. “Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin la que expresidenta tenga que concurrir hasta los Tribunales. Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en A24 Por otro lado, hay representantes del oficialismo que creen que si CFK no sale de su casa, igualmente habrá disturbios en las calles. En este contexto, el Ejecutivo sí confirmó que garantizará la seguridad para la detención de la expresidenta, como se lo solicitó la Justicia. Además, el Ministerio de Seguridad prepara un operativo especial para el traslado de CFK. Se espera que durante el traslado participen las cuatro fuerzas federales: unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener la manifestación. Asimismo, Seguridad planea aislar el perímetro de Comodoro Py y establecer un vallado en las principales inmediaciones. &nbsp;

El Gobierno nacional garantizará la seguridad durante la marcha por Cristina

La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena que se le impuso a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, movilizó al peronismo que comenzó a moverse para resistir lo que entiende es un acto de proscripción de la principal líder de la oposición. Mientras, la expresidenta espera la confirmación de su prisión domiciliaria, luego del fallo de la Corte, las manifestaciones continúan &nbsp;en torno al domicilio que antojadizamente apareció, el domicilio de la expresidenta condenada es el que figura en el padrón electoral, es de esperar que el STJ ordene esta situación. &nbsp;

El peronismo convocó a marchar a Comodoro Py

La exmandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema. Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”. Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”. En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”. En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial. “Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten. En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”. “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”. Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla. Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad. Infobae. &nbsp;

Cristina Kirchner eligió el próximo miércoles 18 de junio para presentarse ante la Justicia y quedar detenida

La líder del PJ ensaya un último movimiento para sortear su condena y posicionarse en el tablero electoral.Tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner recurrió a una instancia internacional. Sus abogados se encuentran en Estados Unidos preparando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de obtener una medida cautelar que le permita ser candidata y mantenerse en libertad.La decisión, conocida esta semana, fue revelada por el periodista Adrián Ventura, quien detalló que el equipo legal de la expresidenta ya inició gestiones en Washington. La estrategia consiste en solicitar a la CIDH que intervenga ante la supuesta vulneración de derechos fundamentales, como el de defensa en juicio y el derecho a ser elegida.Según Ventura, la presentación apunta a que la Corte Interamericana dicte una medida cautelar urgente que suspenda los efectos del fallo argentino. El planteo incluye la necesidad de permitirle a Cristina Kirchner competir electoralmente, especialmente en la tercera sección electoral bonaerense, y continuar en libertad durante la campaña.No obstante, el camino procesal en el sistema interamericano suele ser extenso y burocrático. La Comisión actúa primero, pero cualquier resolución definitiva debería pasar luego por la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. “Cristina no tiene meses, tiene días”, advirtió el periodista, marcando las limitaciones de tiempo del intento judicial.La defensa de la expresidente está a cargo de un estudio jurídico estadounidense, no de los abogados tradicionales de su entorno. La jugada, inédita para una figura de su magnitud, refleja la intención de disputar en el plano internacional lo que la Justicia argentina ya resolvió en firme.

Cristina Kirchner, entre la condena y las urnas: el giro político tras la decisión de la Corte

Además de los 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la sentencia contra la ex mandataria confirmada por la Corte incluye un decomiso de bienes. Qué informó en su última DDJJ ante la Oficina Anticorrupción. Mariel Fitz Patrick (Infobae) - Tras la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner deberá enfrentar ahora, junto el resto de los otros ocho condenados, un decomiso de bienes por $84.835 millones. Así lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022. El monto debe ajustarse a valores de hoy. La dos veces presidenta y exvicepresidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones ($249.421.220 para ser exactos), al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder. En cambio, en 2022, sus bienes habían aumentado casi un 42% a valores reales, considerando la inflación promedio anual de ese período (72,4%), respecto de lo que había declarado en 2021 (pasó de $48 millones a $118,8 millones en un año). Según la última DDJJ de 2023 - la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, por otro lado, aún no se cumplió el plazo para presentarla ante la AFIP - el grueso de su patrimonio está en acciones en sociedades que no identifica. En total, suman $170 millones. Estas participaciones societarias en sociedades anónimas o SRL están detalladas en 11 renglones con valores individuales diferentes en cada caso, por lo que no es posible saber si se trata de una misma sociedad, dos, o más. Como fecha de ingreso a su patrimonio declara octubre de 2023, dos meses antes de dejar la vicepresidencia de la Nación. La familia Kirchner es dueña de dos sociedades que están bajo investigación de la Justicia: Hotesur, que el matrimonio adquirió en 2008 y tiene el Hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar comprada en 2006. Entre los inmuebles de Los Sauces, está el departamento que Cristina Kirchner está usando para vivir, en el barrio de San Cristóbal, en el 2 piso “D” de la calle San José 1111, y en el que pidió anoche cumplir la prisión domiciliaria. Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015, al ex secretario de Cultura Jorge Coscia, y pagada USD 370.000. Es donde vivía Florencia Kirchner y está embargada en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, elevada ya a juicio oral, y en la que Cristina Kirchner y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.&nbsp;En mayo 2016, las acciones de esas dos empresas familiares, así como CO.MA.SA (sin actividad conocida), habían dejado de estar a su nombre, producto de la donación en vida de todos sus bienes y sus acciones en las empresas familiares a sus hijos, Máximo y Florencia. Fue justo al comenzar a ser investigada por la Justicia Federal por presunta corrupción. La jugada fue denunciada como una supuesta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Ese año también dejó de ser dueña en los papeles del 50% de 4 casas en Río Gallegos y su vivienda en El Calafate de 520 m2 y tres plantas, al lado del hotel boutique Los Sauces que ella misma ideó, y que amplió en un terreno que era de Lázaro Báez. Ese terreno lo canjeó en una permuta por otro lote frente al Lago Argentino de su propiedad con Austral Construcciones. Se trata de la que fue la nave insignia del empresario patagónico, a quien desconoce como “amigo” pero cuyos negocios en común y crecimiento patrimonial, la ex presidenta nunca explicó. Por esa donación a sus hijos, en su última declaración patrimonial correspondiente al 2023, Cristina Kirchner no informó inmuebles propios. Pero sí consignó $60,5 millones por el “usufructo” de dos de esas propiedades que anteriormente estaban a su nombre: su departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, y su casa en Calafate. Si bien a ambos inmuebles los había adquirido mucho antes (el departamento de Recoleta en 1980 y la casa de Río Gallegos en 1979), declaró el usufructo de los mismos a partir de marzo de 2016, cuando concretó la donación en vida de todas sus propiedades a sus dos hijos. Los informó como “derechos reales en el país”, con una valuación a los fines del impuesto a los Bienes Personales correspondiente a la del 2022 “por no contar con la publicación del nuevo coeficiente de actualización”, según aclaró al pie de la DDJJ. “Se declara el derecho real del usufructo de un bien que no está a nombre de una persona, cuando ya lo donó en vida. Pero a los fines impositivos, quien vive ahí y usa el bien, debe pagar el impuesto correspondiente, con una valuación que se actualiza anualmente y que la AFIP informa en marzo”, explicó a Infobae el contador Ariel Eyman. En julio de 2023, Cristina Kirchner se compró un Toyota Corolla Híbrido con motor de 1.8 litros modelo 2023, que declaró en $15.333.801. Además, dijo tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país, y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas. Como ingresos anuales durante 2023, informó $97.727.008, y gastos personales por $82.109.709. En diciembre del año pasado, la Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex presidenta y ordenó avanzar en la investigación sobre su patrimonio. La última investigación por enriquecimiento ilícito referido al período 2010-2014 había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que intervinieron en la instrucción de la causa Vialidad. Infobae. &nbsp;

Después de la condena: Cristina Kirchner deberá devolver $85.000 millones

Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Todos plantearon cuestiones de salud o de edad. Martín Angulo - Al igual que la expresidenta Cristina Kirchner, el resto de los condenados en la causa “Vialidad” pidieron o pedirán cumplir sus condenas en la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud o de edad. Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Quienes lo solicitaron fueron el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, informaron a Infobae fuentes judiciales. Otros condenados hicieron pedidos de cumplir el arresto en una prisión determinada. López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos con los nueve millones de dólares con los que el exfuncionario fue detenido en 2016 en un convento de monjas de General Rodríguez. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la semana pasada que se dicte un nuevo fallo. La defensa oficial de López señaló que el exfuncionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que o puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”. López ya estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por el caso de los bolsos. La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión. Por su parte, Periotti, a través de sus abogados Federico Paruolo y Matías Galván, solicitó la prisión domiciliaria por edad -cumple 80 años a principios de julio- y por salud -por distintos padecimientos que sufre-. Pidió quedar alojado en un domicilio de la localidad bonaerense de San Isidro. “Es incuestionable, a criterio de esta defensa, que el estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuye al progresivo deterioro de su situación de salud, de por sí la privación de estímulos ambientales y el aislamiento social en el adulto mayor puede relacionarse con deterioro cognitivoprogresivo“, sostuvieron los abogados. Pavesi sostuvo que tiene 74 años y requiere asistencia mecánica de respiración por las noches. Su abogado, Oscar Vignale, planteó de cumplir la prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Mar del Plata. Hubo otras presentaciones. Villafañe solicitó quedar detenido en la cárcel federal de Río Gallegos ya que vive en esa ciudad y así puede estar cerca de su familia. Su abogado, Miguel Ángel Arce Aggeo, adelantó que pedirá la prisión domiciliaria por razones de salud. Por último, el empresario Lázaro Báez hizo un planteo vinculado a otras causas y la pena. Su abogado Juan Villanueva solicitó que la causa de Vialidad pase al tribunal que tiene el expediente de lavado de dinero de la llamada “Ruta del dinero K” en la que Báez también tiene una condena confirmada, en ese caso a 10 años de prisión. La defensa busca hacer una unificación de pena. Báez estaba en prisión domiciliaria y la justicia ordenó que vuelva a la cárcel y quedó alojado en la prisión federal de Río Gallegos. Todos los pedidos de prisión domiciliaria serán analizados por el tribunal oral en legajos apartes. En los casos de salud, los condenados serán sometidos a estudios médicos por parte del Cuerpo Médico Forense. También se harán informes socioambientales en las viviendas que propusieron que cumplir las domiciliarias. El juez Gorini dispuso que todos los condenados se tienen que presentar en Comodoro Py en cinco días hábiles para quedar detenidos. Ese plazo vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas. El magistrado también pidió un informe al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre en qué lugares pueden quedar detenidos hasta tanto se resuelvan los pedidos de prisión domiciliaria. Infobae. &nbsp;

José López y el resto de los condenados también pidieron la prisión domiciliaria

Si bien los detalles los definirá la justicia, anticipan que evitarán exponer a la dos veces mandataria en el proceso. Tras la condena de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada prometen una detención “respetuosa”, y anticipan que evitarán “montar un show” del suceso.&nbsp; La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento de Madero Center grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria. “La foto humillante no va a estar”, anticipó una fuente de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017, y sumó: “Eso lo hacía el macrismo”. Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será “lo más cuidado posible”, y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta.&nbsp; Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad entorno a la sentencia que dictó el pasado martes la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político.&nbsp; Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.&nbsp; Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la justicia no dé lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.El rechazo de la defensa de Cristina Kirchner&nbsp; Esta mañana, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy presentaron una nota ante el Tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los seis años de cárcel en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, sin la necesidad pasar por una alcaldía.&nbsp; Especificaron además que las condiciones de asilamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y reclamaron que cumpla con el debido proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica al exponer que tendrá custodiada las 24 horas.&nbsp; En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la dos veces mandataria aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que deberá pasar por un juez de ejecución.&nbsp; “El ministerio de Seguridad no tiene injerencia, ellos dicen que sí porque es otra pillada de Bullrich que se está postulando para reemplazar a Milei o a (Rafael) Videla”, sentenció.&nbsp; La detención de una expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera cualquier tipo protocolos, por lo que el letrado considera que la exmandataria debiera realizar el procedimiento correspondiente en su departamento del barrio porteño de Monserrat. En paralelo, Dalbón se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) como última instancia de apelación.&nbsp; La idea es poder acceder al recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal de Casación, que -precisó- es vinculante para los jueces, y de lugar a la recusación de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. NA &nbsp;

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