Entre Ríos con problemas financieros en los Tribunales de Nueva York
Los Miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de Entre Ríos -que afirma poseer el 54% de los Bonos en dólares ERF 2025- iniciaron un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra la Provincia debido al incumplimiento de pago del cupón de intereses por u$s 21,8 millones con fecha 8 de agosto del 2020.
A través de un documento, los bonistas expresaron: �SLa Provincia incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal.
�SDe acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la Provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017, fecha en la que se emitieron dichos Bonos⬝.
El 54% por ciento de los bonos que dicen poseer bloquearía el proceso de reestructuración, ya que Entre Ríos necesita de la anuencia del 75% de los tenedores para ejecutar la cláusula de acción colectiva que aplicaría el acuerdo al total de los acreedores.
�SCabe mencionar que el servicio de deuda como porcentaje de los ingresos está muy por debajo del límite del 15% aplicable a todas las provincias argentinas en términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
�SAsimismo, la sustentabilidad de la deuda de la Provincia en ningún momento está comprometida⬝, agregó el Grupo a través de un comunicado de prensa.
�SA pesar del injustificado incumplimiento, el Grupo en todo momento ha intentado establecer negociaciones de buena fe ofreciendo a la Provincia un alivio financiero substancial respecto a sus obligaciones⬝, recordó el comité recordando la contraoferta al segundo esquema de reestructuración que había presentado el Gobierno.
�SEl Grupo cree firmemente que cualquier reestructuración consensuada debe de cumplir con los Principios Básicos de la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas.
����De acuerdo a dichos principios, es importante que las reestructuraciones de deuda reflejen adecuadamente la capacidad de pago de la Provincia y se eviten restructuraciones oportunistas⬝, añadió.
�SLa más reciente propuesta por parte de la Provincia sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables.
����Es importante resaltar que en caso que la Provincia no considere sus obligaciones contractuales como jurídicamente vinculantes, su perfil crediticio se verá severamente afectado.
����Como resultado, la Provincia tendrá un acceso financiero limitado y con mayores tasas de interés, repercutiendo en su capacidad para promover el crecimiento y la productividad a través de programas de inversión de capital⬝, sentenció el Grupo de bonistas.
�SFrente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales.
����Si bien, el Grupo está dispuesto a negociar en términos de los principios arriba mencionados, no dudará en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva. Los miembros del Grupo han contratado a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan LLP para llevar a cabo las acciones legales pertinentes.
����White & Case LLP continuará representando al Grupo ante cualquier discusión de restructuración con la Provincia⬝, concluyó el parte.
