Entre enero y julio, las transferencias no automáticas del gobierno nacional hacia las provincias disminuyeron en casi $ 2 billones en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que valida uno de los reclamos de los gobernadores de Juntos por el Cambio al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los mandatarios expresaron su preocupación por la falta de entrega de los fondos comprometidos y señalaron problemas de gestión que retrasan la implementación de soluciones. Además, subrayaron que no perciben un trato preferencial para los gobernadores que han mantenido un diálogo con la gestión libertaria. Según datos de Politikon Chaco, en los primeros siete meses del año, los recursos totales transferidos por la Nación a las provincias, incluyendo coparticipación, leyes especiales y transferencias no automáticas, fueron $5,2 billones menos que en 2023. En particular, la coparticipación experimentó una caída real acumulada del 13,1 %, mientras que las transferencias no automáticas se desplomaron en un 90% en promedio. Un ejemplo de esta situación es la falta de transferencias a las cajas de jubilación no transferidas desde la asunción de Javier Milei, lo que afecta a 13 provincias. Aunque Francos había prometido en marzo que eliminaría el decreto que bloqueó estas transferencias, no se ha avanzado en esa dirección. En este contexto, provincias como Entre Ríos y Córdoba han recurrido a la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de estos pagos. Una situación similar se presenta con la deuda acumulada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido al recorte en la coparticipación. Aunque se acordó que las transferencias futuras se ajusten al 2,95%, la deuda retroactiva probablemente se salde con un bono, al igual que lo sucedido con la deuda acumulada en otros casos. En julio, las transferencias no automáticas registraron un comportamiento atípico: las devengadas fueron las más bajas en siete meses, pero las pagadas, aunque siguen mostrando una caída del 80%, fueron las más altas. Sin embargo, la deuda total sigue acumulándose, alcanzando los $ 68.582 millones. El freno a la obra pública es otro punto crítico en la agenda de los gobernadores.

Aunque se han traspasado proyectos, estos no han sido acompañados de los recursos necesarios, acumulando alrededor de $1 billón en fondos no ejecutados provenientes del impuesto a los combustibles y del impuesto PAIS. La situación se complica aún más al no estar claro quién se hará cargo de la deuda acumulada. En algunos casos, reiniciar los trabajos requerirá cambios contractuales que necesitan aprobación legislativa, y si bien los contratos fueron firmados por las provincias, la responsabilidad de la deuda recae en los gobernadores. Finalmente, algunos gobernadores temen que la solución propuesta por Luis Caputo, ministro de Economía, sea similar a la adoptada con la compañía Cammesa, donde se saldó una deuda con un bono en dólares a largo plazo, lo que podría replicarse para saldar las deudas con las cajas de jubilación, la Ciudad de Buenos Aires y las empresas encargadas de las obras públicas.