Reforma impositiva: principios para el desarrollo
El resultado de las últimas elecciones PASO (agosto 2023) y la devaluación impuesta al país por el FMI, desató una serie de medidas oficiales.
Entre ellas encontramos las impositivas y arancelarias: descuentos fiscales para monotributistas, eliminación de retenciones para economías regionales, prefinanciaciones a exportadores, eliminación del pago de ganancias a ciertas escalas salariales, devolución del IVA en compras de bienes de la canasta básica de alimentos para trabajadores que perciban hasta 6 salarios mínimos.
En un sentido a más largo plazo que el de esas medidas específicas, la disputa por el régimen fiscal impositivo en toda economía capitalista trata de dos cuestiones ineludibles: ¿quién financia a la función pública? y ¿cuál es el proyecto de país que se materializa en la distribución de las cargas fiscales? Sobre ello tratará nuestro artículo.
Las crisis sociales y económicas han sido momentos de experimentación de medidas que atravesaron el límite de lo posible.
La crisis de la década de 1930, heredada de la gestión liberal de la economía global, parió a los Estados benefactores e interventores de Occidente.
Las experiencias hiperinflacionarias latinoamericanas de los 80s, heredadas de las Dictaduras de los 70s, fueron el caldo de cultivo para la consolidación del modelo neoliberal.
Las experiencias de gran movilización social de los 2000s, heredadas de la crisis del modelo neoliberal, fueron campo fértil para las estrategias inclusivas de inicios del siglo XXI.
Actualmente, las crisis aparentemente no terminan de parir las grandes reformas necesarias para la equidad y el desarrollo. Reformas agrarias como las propuestas por teorías económicas latinoamericanas o la Alianza para el Progreso en la década del 1960 no aparecen en el horizonte.
El actual sistema financiero internacional no reconoce su responsabilidad sobre la economía productiva real, como sí lo hizo en la década del 1950 para la reconstrucción europea. Ni la dirigencia política ni la opinión pública reconocen suficientemente la relevancia de la concentración de las cadenas de producción y distribución en los fenómenos inflacionarios como sí lo hicieron las economías anglosajonas de principios del siglo XX.
Sin estas soluciones de fondo, se imponen debates de bajo vuelo.
El "costo de la política" es una cuestión ética atendible sobre la moderación de los funcionarios, sobre todo en temporada alta de yates en Marbella. Más allá de los casos puntuales, siempre es dudosa la relevancia presupuestaria que el ajuste a la política puede aportar al equilibrio fiscal sobre todo teniendo en cuenta la porción del gasto que se orienta a salarios de funcionarios políticos y de carrera. Por el contrario, las innovaciones administrativas impondrían mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la complejidad de la nuevas técnicas de gerencia del Estado, pero son más difíciles de vender en los quince segundos de un reel, desdibujándose en el debate público.
Toda una segunda dimensión aborda las reformas previsionales y de la política social.
Las mismas resuenan como ecos de una Argentina del 2015 con el salario promedio más alto de Latinoamérica. En la celeridad de los tiempos nacionales, esto ya es ya tan antiguo y distorsionado como un canto gregoriano en nuestro tiempo.
Actualmente, las transformaciones previsionales y sociales a mediano plazo solo admiten cambios progresivos que recuperen el poder adquisitivo de las jubilaciones, las pensiones y asignaciones para asegurar pisos mínimos de calidad de vida digna.
La tercera discusión de bajo vuelo trata sobre posibles reformas laborales.
Las mismas se han constituido siempre con un halo de ilegitimidad, ya sea por su germen dictatorial o por encontrarse envueltas en causas de corrupción. Más allá de su legitimidad de origen, es dable un debate por su legitimidad de fondo. Las reformas laborales propuestas por lo menos en el presente siglo han sido una caja de Pandora de propuestas regresivas que formalizarían el trabajo precario, cargarían al Estado con los aportes patronales y/o impondrían al trabajador el pago de seguros de desempleo.
La contracara de ello es que el último gran periodo de expansión del trabajo formal (2003-2012) se realizó sin necesidad de retrocesos en los derechos laborales, confirmando la completa irrelevancia (e incluso contraindicación) de dichas reformas para el desarrollo nacional
Por descarte, resta analizar las potencialidades para el desarrollo del sistema impositivo fiscal de nuestro país.
En todo debate presupuestario serio, la política fiscal es expresión de principios de regulación económica. Debemos escapar del dogma repetido hasta el hartazgo de que toda reforma fiscal impone un "achique" que reduzca las capacidades estatales o un ajuste que capture y privatice la decisión pública. Hundida en ese barro, la discusión electoral actual parece pivotar entre una alta carga fiscal para sostener la redistribución económica versus una baja carga fiscal para favorecer el desarrollo del sector privado. Es completamente erróneo reflexionar sobre la carga fiscal en nuestro país sin desagregar sus variables y componentes.
Existen ramas de actividad casi exentas de tributaciones relativas (mineras) y otras incluso promocionadas (específicos rubros industriales).
Entre los diferentes tipos de impuestos, los que gravan el consumo son la base más importante de los ingresos fiscales, mientras que los que gravan los bienes son irrelevantes, volviendo al grueso de la recaudación totalmente injusta ya que el 10 % de la población más pobre soporta una superior presión impositiva relativa al 10 % de mayores ingresos (Gaggero y Rossignolo, 2011) (ver Gráfico). Por otro lado, la red impositiva se espesa y complejiza al gravar la actividad económica (Karagozian, 2019). La combinación fiscal descripta desincentiva la real voluntad emprendedora y orienta los excedentes económicos de los grupos sociales más acomodados a la especulación inmobiliaria y/o financiera, antes que a la búsqueda de ganancias sobre actividades productivas. Todo esto se vuelve aún más complejo si se tiene en cuenta las diferentes escalas económicas de las actividades productivas, los segmentos de menor acumulación o las múltiples experiencias fallidas de primera inversión.
Se nos imponen así dos principios de reforma fiscal viable: la progresividad y el incentivo a la inversión productiva. Con respecto a la primera cuestión, las reducciones impositivas generalizadas, a priori, no hacen más que desfinanciar al Estado como proveedor de servicios públicos (infraestructura, logística, salud y educación), tendencialmente favorecen a los jugadores más concentrados y vuelven más regresivo al sistema de ingresos fiscales, como se puede observar en la tendencia 2016-2019. Cuando la contribución no se distribuye según la capacidad económica de cada persona se sobrecarga a los sectores de menores ingresos, se contrae el consumo en el mercado interno (que explica el 70 % del PBI nacional) y orienta los activos de sectores de mayores ingresos a la especulación inmobiliaria, financiera y de mercados informales. Toda reforma viable exigiría construir capacidades estatales que permitan operar sobre la compleja red regulatoria para asegurar un sistema fiscal progresivo. Esta justicia distributiva no solo tiene causas éticas (solidaridad) sino el interés económico de aquel sector del empresariado que necesita un mercado interno de consumo potente.
Con lo dicho anteriormente, se pasa así al segundo principio relevante: el incentivo a la inversión productiva. Aplicado sin excepciones y con firme poder de policía, el sistema de recaudación fiscal puede ser un potente orientador de ciclos positivos de inversión productiva, evitando que los beneficios de actividades económicas locales escapen a casas matrices en otros países o terminen exportando divisas por ser altamente dependientes de la importación de capital.
Toda esta complejidad desarma los sueños húmedos de motosierristas, dinamitadores, pirómanos y demás personajes de baja estofa del debate público actual. Un programa serio de reforma debe descomprimir la presión fiscal en los primeros escalones de la pirámide social, evitar la fuga de los beneficios generados en cada territorio y diferenciar escalas de inversión.
Referencias Bibliográficas
Administración Federal de Ingresos Públicos. Informe Mensual de Recaudación Tributaria. Agosto 2023.
Gaggero, J. y Rossignolo, D. (2011) Impacto del presupuesto sobre la equidad. Documento de Trabajo Nº 40. CEFID-AR.
Informes 2023 del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad.
Karagozian, T. (2019) Revolución Impositiva. CABA: Capital Intelectual.
