Estos descuentos, que comenzaron a registrarse en los recibos de haberes, se realizaron a pesar de que actualmente se encuentra vigente un período de conciliación obligatoria dictado por el Juzgado Laboral Nº4, a cargo de la jueza Dra. María Alejandra Abud.
Desde AGMER señalan que la conciliación obligatoria fue solicitada por el Poder Ejecutivo de la provincia, no por el gremio ni sus sindicatos hermanos. 
El gobierno recurrió a la Justicia Laboral, según AGMER, como respuesta a los altos niveles de acatamiento a las medidas de fuerza y la masividad de las movilizaciones en todo el territorio entrerriano.

AGMER, respetuoso de la legalidad, acató la medida judicial, aunque no sin expresar su descontento.

La conciliación obligatoria, en su esencia, requiere que ambas partes del conflicto cesen sus acciones de “beligerancia”. 
AGMER suspendió los paros previstos, cumpliendo con la normativa que establece un período de conciliación de 20 días hábiles.

Sin embargo, desde la Comisión Directiva Central del gremio denuncian que el gobierno provincial ha vulnerado esta disposición al aplicar descuentos masivos por días de paro, interpretando esta acción como un intento de disciplinar y desmotivar al conjunto de la docencia entrerriana.

AGMER considera que el gobierno actúa de manera desleal en las negociaciones y anticipa que denunciará esta situación ante el mismo juzgado laboral. Además, el sindicato advierte que no tolerará más atropellos ni ajustes, destacando que la única “esencialidad” en la provincia debe ser garantizar un salario digno para los docentes. AGMER también subraya que cualquier intento de debilitar los derechos constitucionales de los trabajadores solo profundizará el conflicto, y alerta que la Ley Previsional 8732 no debe ser modificada en ninguna de sus disposiciones.

El conflicto entre AGMER y el gobierno provincial sigue escalando, en un contexto donde el salario docente se ha deteriorado gravemente, ubicándose entre los más bajos del país.

AGMER exige al Ejecutivo provincial que cumpla con la ley y no aplique más descuentos por los días de huelga, instando a una resolución justa y equitativa del conflicto salarial.