Los autores de los proyectos explicaron los puntos centrales de sus iniciativas y hubo diferencias sobre la edad que debe tener la iniciativa.
La titular de Legislación Penal, Rodríguez Machado (PRO), recordó que es la “continuación del tratamiento del Ejecutivo sobre Régimen Penal Juvenil”. El procedimiento acordado en primer lugar es escuchar a los Bloques sobre esta temática”. Además, informó que presentarán una síntesis del proyecto del Ejecutivo y posteriormente habrá reunión con técnicos y especialistas.
En tanto, uno de los autores del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP) explicó que es un tema muy importante que cala “con un reflejo profundo en la sociedad”. “El proyecto de mi autoría establece un criterio prominoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas del delito. No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código”, argumentó.
Al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa ha “llevado más de 1 año de trabajo donde hemos verificado la legislación comparada y la revisión hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en Buenos Aires y en La Rioja”. “Tenemos que hacer una aclaración dogmática y sistemática ya que no es posible hablar de una ley complementaria sino se tiene un Código Penal del cual deriva la complementariedad y especialidad de esa ley”, afirmó.
Por su parte, el diputado del PRO, Martín Yeza, expresó que la iniciativa de su bloque “concretamente se centra en un proyecto de baja de edad de imputabilidad a partir de los 14 años, por elementos vinculados a la convencionalidad jurídica y jurisprudencial, particularmente, y que, además, desarrolla a diferencia del proyecto del Ejecutivo dos sistemas”.
“Un sistema cerrado y semicerrado en donde se concentran a la vez dos tipos de casos. El primero y principal: el caso donde las víctimas tienen que ser encerradas, privadas de su libertad, pero, después, por supuesto, en casos más complejos donde tratamos con victimarios que tienen alguna adicción o problemas psiquiátricos”, agregó el legislador y remarcó que también contempla penas de distinta índole para los padres “no solamente inhibición de bienes”.
La diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) explicó que: “Nuestro proyecto tiene que ver con los datos de la misma Corte de como viene siendo el incremento del delito en menores y la sociedad nos está pidiendo una respuesta”. “Coincidimos en varios puntos con el proyecto del Ejecutivo, pero algunos tenemos diferencias, en cuanto a la edad establecimos la de 13 años, pero con la diferencia de que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras le diga al juez si el menor comprende la criminalidad del acto que se llevó a cabo”.
Picón consideró que a los 13 años ya el “menor puede elegir”. “Si tenemos la posibilidad de elegir frente a un acto, también tenemos que tener la responsabilidad de cumplir. Cuando vemos los alarmantes datos de la Corte ha habido un 21 por ciento de incremento respecto al año anterior y la edad en que cometen esos delitos es a los 13 años”. “Básicamente nuestra diferencia está en que a los 13 años el niño primero pase por una auditoría para saber si comprendió el acto que cometió”, expresó en comparación con el expediente del Poder Ejecutivo.
Finalmente, la diputada de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, sugirió “buscar los puntos de consensos entre todos los proyectos”. “Es un error solamente caer en la edad de punibilidad”, subrayó.
“Debemos analizar qué entendemos por encierro, para qué se plantea, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar, cuál es el presupuesto, y cómo se ejecutará”. “En nuestro proyecto planteamos la edad de los 16 años teniendo en cuenta las opiniones de organismos internacionales, especialistas y la experiencia de trabajadores”, añadió la legisladora.