La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con organismos y empresas estatales.
La medida fue dispuesta junto con el allanamiento de su residencia en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de Paraná. González fue trasladado a Buenos Aires, donde será indagado este lunes por la magistrada.
El exfuncionario provincial estuvo al frente de la distribuidora eléctrica entre 2017 y 2021, tras haber ocupado anteriormente cargos en otras empresas del sector energético y en la Municipalidad de Paraná. Durante el operativo realizado por personal de Gendarmería Nacional, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, dispositivos electrónicos, y una importante suma de dinero: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos en efectivo.
La investigación se originó a partir de una autodenuncia de la filial argentina de Securitas, presentada en 2020 en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Una auditoría interna detectó presuntas irregularidades en el manejo de contrataciones estatales, con indicios de pagos ilegales realizados desde al menos 2013.
Según el expediente judicial, la empresa habría recurrido a un proveedor fantasma, Tornell S.A., controlado por los empresarios Gustavo y Claudio Tórtul, también procesados en esta causa. A través de esa firma habrían simulado operaciones comerciales para disponer de fondos destinados al pago de sobornos, entre ellos a funcionarios de Enersa, con el objetivo de garantizar la renovación de contratos de seguridad privada.
La Cámara Federal de San Martín confirmó en diciembre el procesamiento de los hermanos Tórtul por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante el allanamiento, la jueza instruyó además a Gendarmería a secuestrar toda documentación vinculada a Enersa, Securitas y a las firmas o personas investigadas, así como también dispositivos electrónicos y claves de acceso a billeteras virtuales.
La causa sigue avanzando y se prevén nuevas medidas judiciales en los próximos días, en una trama que involucra contratos millonarios, estructuras paralelas de facturación y presuntas maniobras para desviar fondos públicos.