El escrito, recayó en el fiscal federal Guillermo Marijuan. Además de calificar como “operadores judiciales” a quienes intervinieron en las causas contra Urribarri y que estos expedientes son “causas armadas”, los abogados solicitaron información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director de Analisis, Daniel Enz, para demostrar, supuestamente, el entramado entre tales protagonistas para derivar en denuncias contra el exmandatario condenado. Insiste allí con la “inocencia” de Urribarri, reclama que siga en libertad ante el pedido de prisión preventiva y señala que el condenado se encuentra deprimido por toda esta situación. Además, Urribarri declaró ante el fiscal donde radicó la denuncia. 
Tal como ya lo desarrollaron, la estrategia de la nueva defensa del exembajador argentino en Israel, con una fuerte impronta mediática, apunta no a las pruebas contundentes que derivaron en la condena a ocho años de prisión, sino a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial entrerriano.
Burlando sostiene que “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados”. Por ello, recurre a los Tribunales de Capital Federal con sede en Comodoro Py, no exentos de críticas por su oscurantismo y turbidez.
En reiteradas oportunidades, en la denuncia se menciona que existe una “operatoria” que consistiría en causas judiciales que comienzan a partir de publicaciones de la revista ANÁLISIS, “previamente digitadas” por su director Daniel Enz, el procurador Jorge García y la exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y que luego las investigaciones son instruidas por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.
Pero ni Burlando ni Urribarri presentan prueba alguna de esta presunta “operatoria”; sólo se remiten a decir que “habría evidencia” de que esto habría ocurrido.
Además de las acusaciones, aparece con suma gravedad el ofrecimiento de prueba de Burlando: “Solicito el listado de llamadas entrantes y salientes” de los vocales del Superior Tribunal de Justicia Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher “desde el 25 de agosto de 2023 en adelante”, así como la geolocalización de ambas líneas, informes de Migraciones sobre ingresos y egresos del país por parte de Giorgio.
Además, pide que “se remitan informes de llamadas entrantes y salientes de todos los magistrados mencionados y especialmente: “los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, del periodista Daniel Enz, de la juez (SIC) Marcela Badano, Marcela Davite, Evangelina Bruzzo, Gisela Schumacher, Miguel Giorgio, el procurador general de la provincia Jorge García, la intendenta Rosario Romero, Cecilia Goyeneche, de los jueces de primera instancia y sucesivas instancias que hayan intervenido en actuaciones contra el peticionante”.
Luego especifica: “Especialmente se requiere que se informe respecto de todas las líneas telefónicas que posean a sus nombres o hayan sido asignadas oficialmente y se remitan los listados de llamadas entrantes/salientes y geolocalización de sus dispositivos, en particular en los periodos de tiempo comprendidos entre abril de 2022 y en las etapas de comienzo y fin de las investigaciones cuyas irregularidades se denuncian”.
“Asimismo -agrega la denuncia- en las etapas de deliberación de las resoluciones, especialmente entre el 10 de marzo y el 31 de marzo de 2023 y el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2023”.

Urribarri, en “una profunda depresión” 
El 19 de abril pasado, Sergio Urribarri se presentó en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9 de Capital Federal. En su relato, reiteró lo manifestado por sus defensores en el escrito de la denuncia presentada, contra los jueces, fiscales y el director de ANÁLISIS, quien según el exgobernador era “un decisivo influyente en los pensamientos” de quienes luego investigaban en la Justicia las denuncias periodísticas. Refirió las cuestiones de relaciones personales, de parentezco y pareja entre funcionarios judiciales así como las cuestiones de competencia de fiscales que intervinieron en la causa que terminó en su condena, por lo cual todo lo actuado, las pruebas reunidas, no podrían ser ciertas.
“Todo lo expuesto me ha generado inestabiidad psicológica y emocional, ya que estos ocho años y medio de proceso con tensiones diarias me han doblegado y me han llevado a una profunda depresión”.