La Concesionaria hace pública su preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos. Esta situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 550 empleados. El deliberado ahogo financiero derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados. Esta situación y la falta de respuesta del Concedente, forzó a Caminos del Río Uruguay S.A. a presentar su concurso preventivo, que culminó con la homologación reciente de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores. 
Los incumplimientos contractuales incurridos desde el año 2009, en especial por la falta de ajuste y por no realizarse la renegociación comprometida, llevaron a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Recientemente, el juez Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión.

Pese a todo lo expuesto, Caminos del Río Uruguay S.A. mantiene su vocación conciliadora de encontrar soluciones. Ratifica su intención de cumplir los compromisos asumidos, dentro de los cuales es relevante completar el proceso de renegociación acordado, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito del Corredor, y corregir errores cometidos en el pasado por los anteriores Gobiernos.

El país merece un nuevo marco, como el anunciado por las autoridades, que brinde a los privados oportunidades en un sistema de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia. Damos la bienvenida a implementar soluciones con estos objetivos, para las cuales la política de superávit fiscal y de reducción de la inflación son condiciones indispensables.