Burgos recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que Mella fue condenado a tres años de prisión condicional. Ambos fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas y actividades comerciales por períodos proporcionales a sus condenas. 
La jueza Lilia Carnero determinó que los acusados facilitaron la liberación ilegal de mercadería en territorio argentino mediante documentos falsificados y omisiones deliberadas en controles aduaneros.
La maniobra consistía en alterar los valores y cantidades de mercaderías transportadas desde zonas francas uruguayas hacia Chile, dejando una parte de la carga en Argentina sin pagar los impuestos correspondientes.  En total, se investigaron 42 operaciones fraudulentas que incluyeron actores de distintas aduanas y empresas transportadoras.
La magistrada desestimó los argumentos de la defensa sobre la falta de investigación en otros países y subrayó la responsabilidad de los funcionarios argentinos en la consumación del contrabando. 
La sentencia destaca la gravedad del caso y su impacto en el comercio lícito y la economía nacional.