El Acuerdo de París, adoptado en 2015 por casi 200 países, es un tratado internacional jurídicamente vinculante que busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 ºC, preferiblemente a 1,5 ºC, en comparación con los niveles preindustriales. 
Su objetivo principal es coordinar esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover una transición hacia una economía de bajo carbono.

En este marco, la salida de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, y el anuncio reciente del presidente argentino Javier Milei sobre la posibilidad de retirarse del acuerdo, representan retrocesos significativos en la lucha contra el cambio climático.
Las razones esgrimidas por ambos países reflejan posturas económicas y políticas que priorizan el desarrollo industrial y la soberanía económica sobre la acción climática global. 
Donald Trump argumentó que el Acuerdo de París imponía restricciones injustas al desarrollo de Estados Unidos, favoreciendo a economías como China e India. 
En Argentina, Javier Milei calificó la agenda ambientalista como un “fraude”, atribuyendo el cambio climático a ciclos naturales del planeta en lugar de actividades humanas.

Si bien ambos líderes justifican estas decisiones en términos de intereses económicos nacionales, los efectos a largo plazo podrían ser mucho más costosos, tanto para sus países como para el resto del mundo.
Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, detrás de China. Su retirada debilita los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y podría alentar a otros países a seguir su ejemplo.

Aunque Argentina no tiene el mismo impacto global en términos de emisiones, su salida del acuerdo envía un mensaje negativo sobre el compromiso de las naciones en desarrollo con la agenda climática.

A corto plazo, las decisiones pueden aliviar ciertas cargas regulatorias para las empresas, especialmente aquellas vinculadas a combustibles fósiles. Sin embargo, a largo plazo, la falta de inversiones en tecnologías limpias y sostenibles podría hacer que estos países pierdan competitividad en un mercado global que avanza hacia la descarbonización.

Además, las catástrofes naturales vinculadas al cambio climático, como sequías e inundaciones, podrían generar costos económicos descomunales, especialmente en países vulnerables como Argentina.

A nivel global, muchas grandes empresas han comenzado a tomar la delantera en la adopción de prácticas sostenibles, independientemente de las políticas gubernamentales. Ejemplos como el de Apple, que busca alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de suministro para 2030, muestran el poder transformador del sector privado.

En Argentina, destaca el caso de Arcor, que implementa controles ambientales rigurosos en toda su cadena productiva, mostrando cómo las empresas pueden liderar la transición hacia modelos más sostenibles.
La pregunta del millón: ¿Es sostenible un mundo 100% ecológico? Uno de los argumentos recurrentes contra las políticas ambientales ambiciosas es que un mundo completamente ecológico sería inviable desde el punto de vista económico.

Esto se debe, en parte, a que la transición hacia una economía verde requiere inversiones iniciales significativas en infraestructura, tecnología y educación. Sin embargo, estudios demuestran que los costos de no actuar frente al cambio climático superan con creces las inversiones necesarias para mitigarlo. Según el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos), si las emisiones no se reducen, la temperatura global podría ascender a 2.7ºC para el 2100, causando pérdidas económicas estimadas cercanas al 10% del PBI global anual.

Por ejemplo, la ONU estima que los costos globales relacionados con los desastres naturales vinculados al cambio climático alcanzaron más de 300.000 millones de dólares en 2022, afectando especialmente a países en desarrollo. Además, según el informe del Banco Mundial, si no se toman medidas inmediatas, para 2050 más de 140 millones de personas podrían convertirse en refugiados climáticos debido a fenómenos extremos como inundaciones, sequías y el aumento del nivel del mar.

Ignorar esta realidad no solo pone en riesgo el planeta, sino también las economías nacionales.
En lugar de abandonar acuerdos internacionales, los países deberían buscar estrategias que combinen desarrollo económico con sostenibilidad ambiental, como por ejemplo impulsar las energías renovables, fomentar la educación ambiental, fortalecer alianzas público-privadas, y trabajar con empresas para desarrollar tecnologías limpias y sostenibles, como lo hace Arcor en Argentina.

Es innegable que la crisis climática debe estar en el centro de la agenda mundial. Cada año que pasa sin medidas significativas para frenar el cambio climático, las consecuencias se agravan, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la estabilidad económica y social de las naciones.

La salida de países como Estados Unidos y Argentina del Acuerdo de París representa un retroceso alarmante. No solo limita la acción coordinada necesaria para abordar esta crisis global, sino que también envía un mensaje equivocado sobre las prioridades de los gobiernos. El cambio climático no espera y sus efectos ya están aquí. La acción debe ser inmediata y decidida.

La sostenibilidad no es una opción; es una necesidad impostergable. Ignorar esta realidad es condenar a las generaciones futuras a un planeta cada vez menos habitable y a un futuro económico más incierto.