Mediante la publicación del Decreto 67/2025, el Poder Ejecutivo autorizó la privatización total del Belgrano Cargas, servicio ferroviario gestionado por el Estado y clave para la logística del país. 
La medida establece la concesión de las vías, inmuebles y talleres a operadores privados y la venta del material rodante mediante remate público.

El sistema ferroviario de carga representa un eslabón clave en la logística del país y su infraestructura resulta fundamental para conectar las regiones productivas con los puertos de exportación. 
La medida puede generar gran impacto en sectores como el agro, la minería y la industria, que dependen de un transporte eficiente y competitivo para reducir costos logísticos.

Venta de activos y concesión de infraestructura

El decreto establece un esquema de desintegración vertical, separando las distintas unidades de negocio para su licitación por separado. La venta del material rodante se realizará a través de remate público, cuyos ingresos serán destinados a un fideicomiso de obra para financiar mejoras en la infraestructura ferroviaria. 
Parte del equipamiento podrá ser incorporado a los contratos de concesión de las vías para garantizar la operatividad de los nuevos operadores.

Las vías e inmuebles aledaños de las principales líneas ferroviarias de carga serán adjudicados bajo un régimen de concesión de obra pública. 
La licitación, de alcance nacional e internacional, permitirá la participación de inversores privados con experiencia en la gestión ferroviaria. 
Los talleres de mantenimiento también serán concesionados bajo un esquema similar, permitiendo su explotación y modernización por parte del sector privado.

Impacto en la logística y el comercio exterior

El sistema ferroviario de carga es un factor determinante en la competitividad del transporte en Argentina, dado que permite reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia en el traslado de grandes volúmenes de mercadería a largas distancias. 
Su infraestructura es clave para conectar las regiones productivas del país con los puertos de exportación, facilitando el comercio exterior.

La privatización de este servicio ferroviario genera expectativas en sectores exportadores que dependen de una logística eficiente para mejorar sus costos operativos. Sin embargo, el éxito del nuevo esquema dependerá de los compromisos de inversión que asuman los futuros concesionarios para modernizar la infraestructura y garantizar una oferta de transporte competitiva frente al transporte mediante camión o vía marítima.

El agro, la minería y la industria dependen de un ferrocarril de carga que optimice tiempos y costos, especialmente en un contexto donde la inflación y la falta de infraestructura impactan en la rentabilidad exportadora. El modelo de concesión determinará si el sector privado podrá impulsar las mejoras necesarias para lograr una mayor integración del ferrocarril en la logística nacional.

Contexto y justificación del decreto

El documento del Poder Ejecutivo señala que el servicio ferroviario de carga presenta un déficit estructural, lo que lo hace dependiente de la asistencia financiera del Estado para su funcionamiento.

Por otra parte, en junio de 2024, el Gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria por un período de 24 meses, prorrogable por única vez, abarcando tanto el transporte de cargas como de pasajeros. La medida permitió evaluar el estado del sistema y establecer un diagnóstico que, en este caso, concluye en la necesidad de privatización.

Proceso de licitación y transición

El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la convocatoria y adjudicación de las licitaciones públicas, tanto para la concesión de infraestructura como para la venta del material rodante. 
El procedimiento deberá garantizar transparencia y competitividad en la selección de operadores, priorizando aquellos con capacidad técnica y financiera para sostener el servicio.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisará el proceso y coordinará la transición con los nuevos concesionarios. El decreto no contempla un programa de propiedad participada, por lo que no se otorgarán preferencias a trabajadores o sindicatos para la adquisición de activos.

Una vez completadas las adjudicaciones y formalizados los contratos de concesión, el servicio ferroviario estatal de carga será disuelto. Los ingresos obtenidos del remate público serán administrados por el Ministerio de Economía para financiar inversiones en infraestructura ferroviaria. 
La transición a un modelo privado abre un nuevo capítulo para el transporte ferroviario de carga en Argentina, que seguramente tendrá impactos directos en la logística y la competitividad del comercio exterior.