Esta subsecretaría, la única área específica del Ejecutivo dedicada a combatir la violencia de género, había sido recientemente transferida de la cartera de Capital Humano al Ministerio de Justicia, donde algunas de sus funciones serían absorbidas. Sin embargo, este jueves se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien encabezaba la subsecretaría desde febrero. En su carta de renuncia, Barcia relató que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le informó la noche anterior por WhatsApp que la subsecretaría “dejará de existir”.
La renuncia de Barcia y la confirmación oficial del Ministerio de Justicia han generado indignación y preocupación entre las trabajadoras del área. “Las 650 trabajadoras que quedan se encuentran en estado de asamblea, ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas podrían ser transferidas a otras secretarías, pero se teme que hasta un 80 % sean despedidas, en línea con el recorte de empleos públicos anunciado por el presidente Javier Milei”, afirmó Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, en una radio abierta frente a la sede de Paseo Colón 181.
La disolución de la subsecretaría es percibida como un desprecio brutal por lo público y por las obligaciones del Estado en materia de género. La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), destacó: “El artículo 8 de la Ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas. Esta medida no solo ignora esas obligaciones, sino que también muestra una total falta de respeto por el marco normativo nacional e internacional”.
Desde el inicio de la gestión de Milei, las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia han sufrido un desfinanciamiento y desarticulación sistemáticos. El presupuesto de la subsecretaría ya era un 62 % más bajo que el de 2023, según datos de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre el impacto de estas medidas a nivel nacional y provincial. “La disolución de la subsecretaría implica un retroceso en las políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidades de la violencia machista. En Buenos Aires, seguiremos construyendo con un Estado presente y profundizando la perspectiva de género, pero a nivel nacional, el panorama es muy grave”.
La médica epidemióloga Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), también expresó su preocupación. “Están desmembrando funciones cruciales como la Línea 144, el Registro Único de casos y el Programa Acompañar. Este es un retroceso enorme”, señaló Bianco.
La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras en su protesta y criticó duramente la medida. “El gobierno de Milei promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad de género. La disolución de esta área no solo afecta las políticas públicas, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa”.
En un país donde casi cada día una mujer o una persona de la diversidad es asesinada por motivos de género, la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género representa un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia. La comunidad de derechos humanos y género continuará organizándose y denunciando esta medida, tanto a nivel nacional como internacional.