El Gobierno inició un proceso de intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera más grande del país. La “falta de documentación” presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud llevó a tomar la decisión, pero el tamaño de sus deudas, que superan los $40.000 millones, pese a los $26.000 millones que recibió del Estado, generó sospechas en el Ejecutivo sobre el uso de esos fondos públicos.

En paralelo, según informó La Nación, el 90% de los prestadores que la entidad informa aseguraron que no tienen convenio con ella, según confirmaron desde uno de los despachos oficiales.

Mediante la resolución 1612/2024 la Superintendencia de Servicios de Salud comunicó la intervención de Osprera y designó a una administradora provisoria. Pero lo más llamativo de esta medida se encuentra en los considerandos y en el modo en que el Gobierno justificó esta decisión que configura una jugada fuerte en el mundo de las obras sociales: “Que la Ley Nº 23.660 en su artículo 27 inciso 3° establece que para el cumplimiento de sus fines, esta Superintendencia tendrá -entre otras atribuciones- la de proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”.

Para el Gobierno existen “serias dudas” sobre el manejo de los fondos millonarios que habría realizado Osprera, una obra social con casi 700.000 afiliados. Describen a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total recibió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, tal como describe la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Desde el área de salud indicaron que Osprera “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”. Eso fue lo que dio inicio a las auditorías que derivaron en la intervención. De acuerdo a la información relevada, una parte de la deuda prestacional de la obra social, unos $1500 millones, tiene como contraparte a hospitales públicos descentralizados.

El resto del dinero, más de $40.000 millones, son pagos que aún aguardan recibir prestadores privados. Vinculado a esto, las auditorías impulsadas por el Gobierno detectaron que, de todos los prestadores que la obra social informó tener, “el 90% dijo que no tenían convenio” con ella.

La resolución publicada en el Boletín Oficial incluyó un indicio sobre este dato: “Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”.

A propósito de los $26.090 millones que recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que Osprera había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social. A su vez, entre mayo de 2020 y mayo de 2024 Osprera percibió $22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución.

“Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados”, señala la resolución del Gobierno. En ese sentido, existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud intenta transmitir una señal al mundo de la salud privada con la intervención de la tercera obra social más importante del país. “Que compitan entre sí por brindar mejores prestaciones y no por cajas millonarias de la política”, concluyeron.