En este sentido, por un lado se aprobó el convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional y el Protocolo Complementario para el Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.
Entre los aspectos centrales, esta normativa define las consideraciones para clasificar un delito y detalla las características fundamentales en los servicios de aeronaves, rigiéndose por el derecho internacional.
De esta manera, se fortalece la seguridad de las aeronaves y del transporte aéreo y se actualiza la legislación vigente, conforme los últimos avances de la materia.
Por otro lado, se aprobó el acuerdo sobre servicios aéreos entre Argentina y el Reino de los Países Bajos, representando un paso previo para profundizar la liberación de los cielos entre ambos países, como ya ocurrió con Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, Panamá y Canadá.
Estas medidas, según precisaron las fuentes, fortalecen la seguridad aérea y la libertad económica, objetivos prioritarios en la política del Gobierno Nacional en materia de transporte aéreo. NA.