A través de la Resolución 893/2024, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Patricia Bullrich, el Poder Ejecutivo oficializó el comando que “responde a la necesidad de proteger a los sectores económicos esenciales que, debido al volumen de su producción, su conexión con servicios públicos sensibles o el alto valor de sus productos, requieren de una protección especializada para garantizar la continuidad de sus actividades”.
Según detallaron en el Artículo 2°, se avanzará en el despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad federales y locales, que estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la subsecretaria de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y por los representantes policiales que designen las provincias donde se despliegue el Comando.
Al respecto, desde la cartera argumentaron que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias (como) Bahía Blanca, San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales”.
En la misma línea, plantearon que estos sucesos “incidieron concretamente en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”, y aclararon que responde a “una demanda ciudadana por una mayor protección física de los trabajadores y de las empresas en áreas de alto valor estratégico para la economía nacional”.
Asimismo, en la resolución detallaron que el comando operará de manera permanente, bajo la coordinación la autoridad máxima de la jurisdicción a propuesta de la Secretaría de Seguridad, o un delegado designado, y puntualizaron que aspira a desarrollar una “eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.
“Con esta nueva herramienta, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y el orden en las áreas productivas, protegiendo a los sectores clave que contribuyen al crecimiento y desarrollo del país”, sostuvieron. 
NA.