El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este viernes hacer lugar al pedido de la defensa de Rubén Ángel Martínez, de 72 años, con domicilio en CABA, jubilado, que actualmente trabaja en una empresa internacional que produce cables, y le concedió la Suspensión del juicio a prueba o Probation por el plazo de tres años. Además, el ahora probado, se comprometió a pagar una multa, a reparar el presunto daño ocasionado y a cumplir con tareas en una institución de bien público a designar, por 96 horas globales a realizar durante el plazo de la condena.
Tomás Vírgala, defensor de Martínez, dio precisiones del acuerdo al que arribaron con los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y puntualizó que el pedido de Suspensión del juicio a prueba contó con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF); que la pena que la acusación solicitaría en el juicio que se realizará contra los otros dos coimputados -se trata del ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario de nacionalidad paraguaya, Diego Armando Cardona Herrero-, será de tres años de prisión condicional; que su asistido no es funcionario público y no tiene antecedentes penales computables, todos requisitos que hacen a la procedencia del instituto.
Por su parte, los fiscales señalaron que el rol que se le atribuyó a Martínez fue el de partícipe secundario por su participación consistente en colaborar en la importación de unas esculturas y en prestar su nombre para acreditar la propiedad de un automóvil. En este sentido, valoraron que aquellas conductas constituyeron aportes “sensiblemente menores” que los que se les endilgan a los consortes procesales.

Multa y reparación

La defensa propuso, y fue aceptado por Fiscalía como parte del acuerdo, que Martínez pague 58.500 pesos, en un solo pago, y 3.500 dólares, en 20 cuotas de 175 dólares al valor oficial, en concepto de multa; como así también la suma de 30.000 pesos, a pagar en tres cuotas, que serán destinadas a una institución de bien público, sugiriendo que podría destinarse al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná; y la suma de 10.000 pesos mensuales por el plazo de la Probation, en concepto de sustitución de las tareas comunitarias que le corresponden como normas de conducta, habida cuenta que padece de hipertensión arterial crónica y está imposibilitado de realizar determinado tipo de tareas.

Sentencia

Vergara, tras escuchar a las partes, resolvió conceder el instituto dándole al probado la información precisa sobre las consecuencias que le acarrearía desobedecer o incumplir con los puntos acordados. 
También evaluó que la pena que Fiscalía adelantó en el pedido de remisión de la causa a juicio será de tres años de ejecución condicional; que la acusación acompañó el pedido de la defensa, que no fue ni es funcionario público, que tampoco es un empresario sobre el que recayó la investigación principal de este legajo y no tuvo un rol protagónico, por el contrario desempeñó un rol “absolutamente menor”.