Este año, con el cambio de gestión nacional, instamos a los organismos pertinentes a garantizar la aplicación y reglamentación de las leyes, evitando que nuestros esfuerzos se conviertan en una farsa que beneficia a unos pocos y perjudica a las mayorías. La prohibición de la marihuana viola derechos constitucionales y profundiza desigualdades, impactando especialmente en los barrios vulnerables. Es crucial implementar políticas públicas inclusivas que aborden estas disparidades y garanticen el acceso equitativo a la salud integral con perspectiva en cannabis a lo largo y ancho de nuestro país. La guerra contra las drogas ha fracasado, exacerbando la violencia institucional y el crimen organizado. Exigimos una mirada con perspectiva de derechos humanos, animales y ambientales sobre el cannabis, y una regulación integral que priorice la salud y la libertad.
En el ámbito de la salud, demandamos el pleno cumplimiento del Programa de Cannabis Medicinal (REPROCANN), así como la capacitación del sistema de salud en una perspectiva no prohibicionista. También pedimos el reconocimiento y valoración del trabajo de los cultivadores y el acceso gratuito a fitopreparados para grupos vulnerables. En educación e investigación, instamos a promover el conocimiento científico sobre el cannabis y desterrar mitos. Además, exigimos estrategias de reducción de daños en todos los niveles educativos. En cuanto a la producción y comercialización, demandamos condiciones laborales dignas y la conformación del Consejo Consultivo de la ARICCAME que incluye a Organizaciones de la Sociedad Civil y Cooperativas para regular el trabajo en la industria del cannabis. También reclamamos el estímulo al cultivo de cáñamo y el reconocimiento del sector comercial de growshops.
La despenalización y regulación para el acceso a la salud integral con perspectiva en cannabis son fundamentales para la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Queremos resaltar también que dentro y fuera de la ley, se han desarrollado distintas formas de asociativismo, como el caso de los clubes y colectivos cannábicos, articulados bajo el criterio del uso adulto y el artículo 19 de la Constitución, que son una forma de garantizar el derecho al acceso seguro al cannabis de les usuaries.
Solicitamos la reglamentación urgente de la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal en Entre Ríos N° 10.894, que pese a su sanción hace más de 3 años, aún no se encuentra operativa. Se trata de una ley que recogió los aportes de las organizaciones cannábicas de la provincia y que el Ministerio de Salud, en su rol de autoridad de aplicación, aún no ha reglamentado.