Los centros de detención de migrantes, en la mira tras la tragedia en Ciudad Juárez
La falta de estándares mínimos para estos centros es denunciada frecuentemente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que reportan en sus informes hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable.
La muerte de 39 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el noroeste de México, expuso las condiciones inhumanas de este tipo de instalaciones y la crítica situación que viven estas personas en la frontera con Estados Unidos a raíz de unas políticas migratorias que, según organizaciones humanitarias, violan sus derechos y los exponen a circunstancias �Speligrosas e inseguras⬝.
�SMéxico reconoce que migrar no es un delito, sin embargo, la consecuencia de estar de manera irregular en el país es ir a un centro de detención de migrantes, donde se les priva de la libertad hasta que se resuelva su situación⬝, dijo a Télam Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), quien denunció el uso �Ssistemático⬝ de estos lugares.
El pasado lunes, 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano fallecieron tras un incendio en una estancia provisional ubicada en esta urbe fronteriza, a la que son llevados quienes no logran comprobar su estancia legal en el país.
A diferencia de las estaciones migratorias, donde las personas pueden permanecer hasta 15 días hábiles -prorrogables en ciertos casos a 60-, en las estancias el período máximo de permanencia es de 48 horas o una semana hasta que se defina su situación, que mayoritariamente suele terminar en deportación.
Según la Fiscalía mexicana, el siniestro fue originado por migrantes que prendieron fuego a unas colchonetas como protesta ante el temor de ser expulsados.
No obstante, un funcionario federal mexicano dijo bajo anonimato al diario Los Ángeles Times que el motivo de la protesta era que los 68 hombres presentes estaban en una celda con capacidad para no más de 50, sin acceso a agua potable.
La falta de estándares mínimos para estos centros es denunciada frecuentemente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que reportan en sus informes hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, espacios sin luz solar ni posibilidad de salir al aire libre, así como la dificultad de acceder al derecho a la salud o al de comunicarse con familiares o tener representación jurídica para apoyar sus casos.
Unas condiciones que contrastan con las reglas gubernamentales emitidas en 2012 para estos lugares, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene y �Sresguardo y protección de las personas y del inmueble⬝. �SHay también constantes alegaciones de malos tratos, insultos y amenazas por parte de las autoridades y guardias de seguridad⬝, agregó Guevara y precisó que muchas veces las personas desconocen los motivos y el tiempo que durará su detención.
Tal fue el caso del marido de la venezolana Viangly Infante, herido leve durante el incendio, quien fue arrestado el lunes en las calles de Ciudad Juárez durante un operativo de las autoridades migratorias pese a tener permiso de residencia.
�SNo le habían dejado abrir su Gmail donde tenía sus papeles, así que me dice que suba yo para mostrar el físico y demostrar que nosotros somos un núcleo familiar y que estamos legales acá⬝, dijo la mujer de 31 años al diario El País.
�SLlegué con mis tres hijos y me dejaron esperando todo el día y nunca me lo soltaron, me dijeron solo ��sí, ahorita�". Hasta que comenzó el incendio⬝, añadió.
Ante el avance del humo, el personal migratorio evacuó a las mujeres y niños instalados en el área de las familias, situada en unas carpas al lado del centro. Angustiada por los gritos y golpes que daban los hombres encerrados en la celda del lugar, Infante les preguntó por qué no les abrían las puertas, pero la única respuesta que obtuvo fue, según relató, �Sellos se están quemando⬝.
La falta de ayuda a los migrantes durante el incendio quedó registrada por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron en las redes y causaron indignación tanto en el país como en el extranjero.
De momento, la Fiscalía identificó ocho responsables: dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco guardias de seguridad privados, pero la investigación se amplió a todas las unidades del Instituto Nacional de Migraciones (INM) para establecer responsabilidades jerárquicas.
�SReprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y a los de protección civil⬝, sostuvo la ministra de Seguridad y Protección Ciudadana, quien calificó esta acción de �Simperdonable⬝.
Sin embargo, la falta de protocolos para actuar en incendios y la ausencia de rutas de evacuación son una de las observaciones hechas por las organizaciones humanitarias a estos centros, recalcó la responsable de AI.
�SLas personas migrantes se encontraban bajo la custodia del INM y, por ende, era su obligación tanto prevenir el incendio como actuar de manera diligente durante el mismo para evitar consecuencias fatales⬝, señaló Guevara, quien consideró �Sinsensible⬝ y �Sofensivo⬝ que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el organismo migratorio hayan usado en un primer momento eufemismos para restar gravedad a lo ocurrido y culpabilizar a los migrantes.
Tras la tragedia, el mandatario mexicano insistió en que la política migratoria del país �Sno viola los derechos humanos⬝, pero la activista subrayó que �Sdesafortunadamente⬝ están observando violaciones �Sdiariamente⬝.
Una opinión compartida por Laura Gómez, coordinadora de proyecto para Médicos Sin Fronteras (MSF) en las localidades fronterizas de Reynosa y Matamoros, quien dijo a Télam que los migrantes están expuestos a un riesgo �Smuy alto⬝ en la zona, controlada por el crimen organizado, donde sufren extorsiones, robos, violencia sexual y secuestros.
