En diálogo con “Lo que queda del día”, Zapata explicó que las facturas de distribución eléctrica, tanto de Enersa como de cooperativas, incluyen dos conceptos principales relacionados con tasas municipales: el alumbrado público y la contribución municipal. “El alumbrado público es una tasa determinada por la autonomía de cada municipio, que delega en las distribuidoras el rol de agentes de percepción. Aunque se relaciona con el servicio eléctrico, su naturaleza es diferente”, señaló.
Respecto a la contribución municipal, indicó que está establecida en el contrato de concesión de las distribuidoras como un tributo por el uso del espacio público. “Lo que pide el contrato de concesión es que se discrimine la tasa que las distribuidoras deben tributar a los municipios por el uso del espacio público. Entonces, o está determinada dentro de la factura como está, o está separada dentro del VAD (Valor Agregado de Distribución)”, detalló.
Aunque se puede presentar discriminada en las facturas, “a nuestro entender, forma parte del costo del servicio eléctrico”, añadió.
Zapata se refirió a la resolución 267 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que instruye a las distribuidoras a no cobrar conceptos no relacionados directamente con el servicio contratado por los usuarios. “Desde la provincia defendemos nuestra autonomía y la de los municipios para fijar estas tasas. Las distribuidoras han iniciado medidas cautelares mientras se aclaran los alcances de esta normativa, ya que las tasas de alumbrado público y contribución municipal forman parte de los costos operativos”, indicó.
Remarcó que “no estamos dispuestos a permitir que se afecte la autonomía que tiene nuestra provincia. Esto no es solo un respaldo político, sino también una defensa de los derechos que competen a la provincia”.
Detalló que “cada una de las distribuidoras está contestando lo mismo a Defensa del Consumidor: que las provincias tenemos el manejo de la distribución eléctrica y los municipios tienen su autonomía para fijar las tasas. Lo que dice la resolución es que no se pueden cobrar conceptos que no tengan relación con el servicio que el usuario contrata. Las distribuidoras entienden que está relacionado, al menos en la contribución municipal, porque forma parte del costo, y lo demás es el servicio que todo usuario frentista tiene a ese alumbrado público que de alguna manera se tiene que cobrar”, explicó.
Añadió que “lo que están haciendo las distribuidoras es presentar los descargos pertinentes y medidas cautelares. Y lo que haremos desde la provincia es defender nuestra autonomía y nuestra independencia respecto de los derechos que tiene en la distribución de energía eléctrica”.
Sobre las acciones legales emprendidas, Zapata confirmó que “las distribuidoras están haciendo presentaciones a Fiscalía, que tiene esta postura que compartimos quienes defendemos los intereses de la provincia. No es solo un respaldo político, sino también de los derechos que le competen a la provincia”.
“Seguiremos trabajando para garantizar la autonomía de Entre Ríos en materia de regulación energética y defensa de los intereses de nuestros municipios. Nuestra posición es que no estamos dispuestos a que haya injerencia respecto de la autonomía que tiene nuestra provincia, y le pasa a todas las provincias lo mismo”, remarcó.
Subrayó que, al ser una resolución una norma de menor rango, requiere claridad en su aplicación.
Destacó además que la cartera a su cargo no hizo llegar su postura a la Secretaría de Industria de la Nación porque la provincia no está involucrada en la disputa. “La Secretaría de Energía no es parte de ninguna forma. Aquí son la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor los que están planteando este tema, no es la Secretaría de Energía de la Nación ni nuestra Secretaría de Energía de la provincia”.
Aclaró que, aunque “la afectada en este caso no es la provincia, nosotros nos sentimos afectados en cuanto a la intervención de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio de la Nación en un ámbito que es de jurisdicción provincial”.