“Entendemos que ha llegado un punto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejaciones inútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados”, reclamó la Asociación al Colegio. Fue el corolario de una misiva de 19 páginas, acompañada de material fílmico con elementos de respaldo a los planteos.
Este tipo de actos son “impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimiento de la misma, en general, y de la administración de justicia, en particular, es un objetivo común”. Esta meta es algo que se debe “profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana”, puntualiza. La razón de la comunicación es el accionar de dos abogados: Fernando Burlando, quien se sumó recientemente a la defensa de Sergio Urribarri, y Guillermo Reggiardo, cuyo pupilo es Daniel Rossi.
La nota es, en rigor, una reiteración a un planteo en el mismo sentido realizado por la Asociación de la Magistratura.
La queja por Burlando se centra en sus dichos sobre el accionar de la Justicia provincial en las causas contra su defendido. El letrado calificó a los Tribunales entrerrianos que actuaron como “pelotones de fusilamiento”. Y catalogó a las investigaciones de “armadas” de manera “ilegal”.
Estas expresiones “solo tienen la finalidad de socavar la confianza y credibilidad en estos últimos, a la vez que generar zozobra en sus miembros”, evaluó la Asociación en el escrito.
“La custodia de la independencia judicial compromete a todas las instituciones de la Provincia. (El Colegio) no puede estar ajeno a aquello”, reclamó el organismo del funcionariado judicial. A la vez, reclamó que el Colegio debe tener presentes “los límites éticos del ejercicio de la profesión de abogado, los derechos y obligaciones y el respeto que debe tenerse por las decisiones judiciales, más allá de su disenso con las mismas y de los remedios que se interpongan ante ellas”. El reclamo con respecto a Reggiardo se centra en la reiterada apelación al mecanismo de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales y jueces que intervienen en causas contra Rossi. También le endilgan haber hecho declaraciones en medios que afectan a operadores judiciales.
El letrado ha pedido la intervención del organismo que juzga al funcionariado judicial para que investigue a: el juez de Garantías Walter Carballo y el fiscal Álvaro Piérola.
Además, la queja apuntó a los términos en los cuales recusó al juez Eduardo Ruhl en las causas que involucran al intendente de Santa Elena y a su esposa, la senadora Patricia Díaz.
Reggiardo, asimismo, denunció la existencia de una “mesa judicial” en Paraná que tendría como fin actuar en forma paralela para moldear la interna del peronismo. En esta componenda, involucró a jueces, fiscales y autoridades públicas. Esto también está detallado en la nota de la Asociación.
La entidad que agrupa a jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales acotó que Reggiardo ha hecho planteos ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Ignacio Aramberry. Y realizó, según consignó, declaraciones agraviantes contra la fiscal Flavia Villanueva y su esposo el juez Alejandro Calleja. También alegó agresiones denunciadas por otro fiscal, Ivan Yedro, pero que el Tribunal de Disciplina del Colegio de la Abogacía desestimó.
“Aunque no compartamos dicha resolución, ni el alto estándar que el Tribunal de Disciplina fijó para discernir entre vehemencia y violencia, o manifiesta falta de respeto, no podemos tomar ese hecho de manera aislada, sino como un verdadero patrón de conducta del abogado Reggiardo”, cuestionó la Asociación.
Luego, remarcó: “Se trata de hechos ocasionales producto de la pasión o vehemencia del ministerio ejercido en una u otra causa, sino -como mencionamos- de un patrón de conducta absoluta y manifiestamente irrespetuoso, que degrada permanentemente la función judicial y a quienes la ejercen”.