Sobre ese último punto, el acuerdo detalla que “el mecanismo de devolución de los montos cobrados en exceso por encima del IPC” fue elaborado por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud, así como también “el compromiso asumido por las demandadas de informar a cada uno de los socios beneficiarios de la compensación correspondiente, el crédito a su favor consolidado y actualizado a junio 2024”.
Estas semanas previas, el Gobierno había pedido que se retirara la medida cautelar que frenaba los aumentos de las tarifas propuestas por las empresas de medicina prepaga, por lo que a partir de julio tenían vía libre para subir el costo de sus planes, tal como lo establecía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, publicó Ámbito.

“Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización”, denunció el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta de X (antes Twitter) cuando se confirmó el acuerdo.
En línea con eso, explicó que desde su bloque habían pedido una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC que no fue posible. “Nos notificaron la baja de la medida cautelar”, agregó. Fue por eso que sentenció: “El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.
Así las cosas, volverá a entrar en vigencia lo dictaminado en el DNU 70/2023, que desregulaba el sector de la medicina privada y autorizaba los aumentos indiscriminados en las cuotas.
Antes de este decreto, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. Tal así, que la Superintendencia tenía autoridad para regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, un decreto del 2022 regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.
“No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero”, concluyó Reyes.