Senadores prestarán acuerdo constitucional al nombramiento de contador y tesorero del gobierno provincial
“El Estado entrerriano debe ganar en transparencia y en democratización de sus instituciones. Vamos a prestar el acuerdo para los cargos de la Contaduría y la Tesorería General de la provincia sean ocupados por quienes demostraron su idoneidad a través de un concurso público previsto en la Constitución”, expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, el justicialista Juan Pablo Cosso.
De la anterior conformación del Senado había quedado pendiente prestar el acuerdo para que se nombre contador general de la Provincia de Entre Ríos a Andrés Rodrigo Zabala, y para la Tesorería General de la Provincia a Ingrid Anabel Corona. Cabe recordar que se habían remitido estos expedientes para que el Poder Ejecutivo amplíe conocimiento de la solicitud y pliegos con una prórroga para su tratamiento.
“Velamos por que el criterio de concurso público sea la regla para la selección de los responsables de los organismos de control de la gestión pública. En el caso de los cargos de contador y tesorero, cuyos concursos fueron llevados adelante durante la gestión de Gustavo Bordet, vale destacar se cumplieron todos los requisitos, y no hubo ninguna impugnación”, resaltó el senador.
La Tesorería General de la Provincia es el órgano rector del sistema de recaudación de los ingresos y pagos, por lo que debe bregar por la centralización de los ingreso de los recursos, la atención de los requerimientos de orden financiero motivados por las transacciones y obligaciones del Estado, la custodia de las disponibilidades, títulos-valores y demás documentos que se pongan a su cargo.
La Contaduría General es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y tiene a su cargo el control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública. Orienta especialmente su función a la verificación, supervisión y vigilancia de los procesos administrativos derivados de los hechos, actos u operaciones de las que surjan modificaciones en la hacienda pública.
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