El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone simplificar el proceso de divorcio, permitiendo que se realice de forma administrativa y sin necesidad de un expediente judicial. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y su equipo, busca que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo de manera más rápida y económica.
El proyecto ha generado polémica, especialmente entre los abogados, quienes se oponen a la eliminación de la intervención judicial en un proceso con implicaciones familiares y patrimoniales importantes. Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) expresaron su rechazo, argumentando que el divorcio afecta a los cónyuges, hijos y terceros, y que siempre debe ser supervisado por profesionales del derecho y los tribunales para garantizar imparcialidad y protección de los derechos involucrados.

De ser aprobado, el proyecto modificaría el Código Civil y Comercial, añadiendo la posibilidad del divorcio administrativo en casos de acuerdo mutuo, lo que reduciría los costos y tiempos del proceso. Sin embargo, los críticos advierten que esto podría dejar desprotegidas a las personas más vulnerables, al eliminar la instancia judicial donde se resuelven temas como compensaciones económicas y distribución de bienes.