Según el cronograma fijado, el martes 18 de marzo a las 8.30 deberá comparecer Allende en el Salón de Audiencias Nº 3 en los Tribunales de Paraná. Para ese mismo día, a las 10.30, está citada su hija Victoria Allende.
Al día siguiente, miércoles 19 de marzo, será el turno de la esposa de Allende, Adriana Guadalupe Satler. La mujer, que fue ubicada por su marido en la planta de la Cámara de Diputados, tendrá que presentarse a las 8.30.
Para el mismo miércoles, a las 10.30, está citado el otro hijo del dirigente sindical: Julio Alejandro Allende, también ubicado por su padre en la planta permanente de la Cámara de Senadores.
Por último, el jueves 20 de marzo a las 9, deberá comparecer para ser indagada la primera esposa de Allende, Diana María Cristina Traverso.
Las citaciones llevan la firma del juez de Garantías Nº 8, Pablo Zoff, que está a cargo del Juzgado de Transición Nº2, donde tramitan los legajos contra Allende y familia. 
Se corresponden con la determinación del objeto procesal, luego del análisis de medidas de prueba e informes periciales presentados, que debe ser puesta en conocimiento de los acusados quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de declarar o abstenerse de hacerlo y podrán optar por responder o no las preguntas de los fiscales intervinientes, Gonzalo Badano y Sofía Patat.
A José Ángel Allende se le imputa haber incrementado “de manera desproporcionada” su patrimonio entre 2000 y 2016, período en el cual se desempeñó como diputado provincial. Y que para lograrlo, se valió de sus hijos Julio Alejandro y Victoria Allende, su primera esposa Diana María Cristina Traverso y su segunda esposa Adriana Guadalupe Satler “quienes actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular su patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”, describieron los fiscales en un escrito al que tuvo acceso este medio.
Cabe recordar que la investigación penal respecto del patrimonio de Allende comenzó en 2012 a partir de una denuncia periodística de la revista ANÁLISIS.
Entre otras inversiones adjudicadas a Allende en ese período se destacan vehículos de alta gama, aportes a distintas sociedades anónimas, pasajes aéreos, gastos de viajes a México, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá y otros destinos.
También la compra de caballos pura sangre, casas y departamentos premium y otros bienes suntuarios como embarcaciones, autos de colección y reformas y equipamiento de distintos inmuebles. A los hijos de Allende, su esposa y su ex esposa se los imputa por “haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial” del gremialista y ex legislador.    
“A sabiendas de que su capacidad económica era insuficiente para justificar inversiones y compras en relación a sus fuentes de ingreso, actuaron en calidad de personas interpuestas para disimular el real patrimonio”, se indicó en el escrito, en el que se detallaron una serie de inversiones a nombre de ellos: sociedades, lanchas, autos, departamentos y camionetas, entre otras.
A la vez, se imputa a Allende por haberse interesado de forma directa en el otorgamiento de subsidios por parte de la Cámara de Diputados cuando era su presidente, a la Fundación Esperanza, en la que primero fue titular él mismo y luego su esposa con su hija en el rol de tesorera. La calificación legal de este delito es la de negociaciones incompatibles con la función pública. (Análisis)