A través de un comunicado, la Sección Concordia manifestó su preocupación por lo que consideró un “ataque institucional, digital y moral” dirigido a la titular del colegio profesional. En esa línea, ratificaron que la labor del CAER se enmarca en la defensa del ejercicio profesional de la abogacía y en la promoción de una administración de justicia respetuosa del orden legal.

El documento también reafirma que las observaciones formuladas por el CAER en relación con la aplicación de la Ley 11.141 tienen como objetivo garantizar una retribución justa para los abogados y abogadas de la provincia, en consonancia con lo que establece la normativa vigente. En tal sentido, sostienen que dichos planteos no pueden interpretarse como actos intimidatorios o de presión institucional.

La Sección Concordia destacó además la gravedad de los hechos denunciados, entre ellos la recepción de una nota institucional con tono intimidante, seguida por una rápida y coordinada difusión en medios digitales alineados editorialmente, donde se replicaron acusaciones acompañadas por la imagen personal de la Dra. Simón y titulares considerados agraviantes.

En consonancia con el CAER provincial, desde la Sección Concordia calificaron esta situación como una operación de desprestigio, con alto impacto público y características de violencia simbólica, moral y política por razones de género. Señalaron que se trata de un intento por disciplinar una voz institucional por el solo hecho de provenir de una mujer que ocupa un rol de liderazgo.

Finalmente, el comunicado subraya que el Colegio de la Abogacía es una institución con legitimación legal para intervenir en defensa de la profesión y formular observaciones sobre aquellas prácticas que afectan el ejercicio del derecho. En este caso, remarcaron que la defensa de la correcta aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales constituye una acción legítima en favor de una retribución equitativa para quienes ejercen la abogacía en la provincia.