El pedido se realizó a través de un exhorto internacional para que ambos sean trasladados a la Argentina como detenidos, con el fin de prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.

La jueza también ordenó el secuestro de celulares y equipos electrónicos, además del allanamiento del departamento donde Kueider y Guinsel Costa residen. Esta medida busca recolectar evidencia clave, ya que hasta el momento, la justicia paraguaya no había concretado el secuestro de esos dispositivos.

El expediente se inició tras una denuncia que reveló la propiedad de tres departamentos de lujo en Paraná, a nombre de la sociedad Betail SA, vinculada a Kueider y su entorno. La causa está relacionada con otra investigación previa por presunto pago de sobornos de la firma Securitas Argentina a la empresa estatal ENERSA, cuando Kueider era funcionario del gobierno de Gustavo Bordet en Entre Ríos.

La extradición deberá tramitarse a través de Cancillería argentina, que presentará el pedido ante su par en Paraguay. En caso de ser aceptada, los fiscales paraguayos deberán iniciar un proceso judicial para concretarla. Si Kueider se opone, el trámite podría demorarse, aunque también existe la posibilidad de que sea deportado si los fiscales paraguayos lo disponen.

Por otra parte, la defensa de Kueider presentó un recurso en Argentina para anular su expulsión del Senado, citando declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó como “inválida” la sesión que lo removió. 
La defensa sostiene que el procedimiento violó la división de poderes, ya que Victoria Villarruel presidió el Senado mientras debía asumir como presidenta interina debido a la ausencia de Milei.

La jueza Arroyo Salgado busca además copia legalizada de toda la investigación penal en Paraguay, incluyendo material fílmico del momento en que Kueider fue interceptado y se incautó el dinero. De esta manera, intenta asegurar pruebas en una investigación que involucra al exsenador y su acompañante en presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita, tanto en Argentina como en Paraguay.