Fue en el marco de la presentación realizada por el abogado defensor ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de la jueza  Servini. El fiscal que había intervenido por sorteo en la presentación, Carlos Stornelli, había desestimado el planteo y solicitado la remisión a jurisdicción de Paraná la presentación de Burlando. Pero Servini no lo entendió de esa manera, requirió el expediente para analizarlo y luego de ello decidirá si la causa del abogado defensor se tramita en Capital Federal, como lo solicitó o pasa a la capital entrerriana.
La resolución de Servini responde a la solicitud de intervención que oportunamente efectuaron los abogados de Sergio Urribarri, quienes vienen planteando “la necesidad de que los argumentos de la defensa sean escuchados por un tribunal imparcial y que la sentencia arbitraria e injusta que recae sobre el exgobernador sea revisada técnica y procesalmente”.
En esa línea, los defensores del exgobernador sostienen que “Urribarri ha sufrido innumerables agravios en todos los procesos que se vienen llevando a cabo en su contra, y que existe una total falta de objetividad e imparcialidad por parte de los tribunales que han juzgado a Urribarri; por eso hemos solicitado la intervención de un tribunal federal que restablezca la racionalidad jurídica”.
Advierten que en las causas que se llevan adelante existen “vicios, irregularidades, arbitrariedades y violaciones de derechos y garantías constitucionales propias de una persecución política, lo que reviste una gravedad institucional inusitada”.
“Todos los abogados defensores lo han planteado en numerosas oportunidades a lo largo de los procesos pero no han sido debidamente atendidos”, afirman.

La denuncia

Urribarri presentó la denuncia en cuestión el 19 de abril pasado en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9 de Capital Federal. Allí se dio cuenta de la existencia de una “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador. El escrito recayó en el fiscal federal Guillermo Marijuan, pero quien emitió opinión luego fue el fiscal Carlos Stornelli.
Además de calificar como “operadores judiciales” a quienes intervinieron en las causas contra Urribarri y que estos expedientes son “causas armadas”, los abogados solicitaron información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director de ANÁLISIS, Daniel Enz, para demostrar, supuestamente, el entramado entre tales protagonistas para derivar en denuncias contra el exmandatario condenado. Insiste allí con la “inocencia” de Urribarri, reclama que siga en libertad ante el pedido de prisión preventiva y señala que el condenado se encuentra deprimido por toda esta situación. Además, Urribarri declaró ante el fiscal donde radicó la denuncia.
Tal como ya lo desarrollaron, la estrategia de la nueva defensa del exembajador argentino en Israel, con una fuerte impronta mediática, apunta no a las pruebas contundentes que derivaron en la condena a ocho años de prisión, sino a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial entrerriano.
Burlando sostiene que “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados”. Por ello, recurre a los Tribunales de Capital Federal con sede en Comodoro Py, no exentos de críticas por su oscurantismo y turbidez.
En reiteradas oportunidades, en la denuncia se menciona que existe una “operatoria” que consistiría en causas judiciales que comienzan a partir de publicaciones de la revista ANÁLISIS, “previamente digitadas” por su director Daniel Enz, el procurador Jorge García y la exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y que luego las investigaciones son instruidas por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.(I:Analisis)