Vazón, fue designado en noviembre de 2022 como Secretario del Consejo de la Magistratura Nacional, con la firma del presidente del organismo, Horacio Rosatti. Según la denuncia, Vazón habría estado cobrando por sus servicios en ambos cargos, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación formal bajo la carátula de “Fraude a la Administración Pública”.

El fiscal Gonzalo Badano, encargado del caso, ha solicitado al Consejo de la Magistratura Nacional que informe si Vazón estuvo contratado bajo cualquier modalidad desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Esta información es crucial para determinar si el abogado oriundo de Concepción del Uruguay, incurrió en la defraudación al Estado, lo que podría llevar a una pena de prisión de 2 a 6 años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Vazón, quien tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, ya que fue vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos, fue designado por Macri en 2016 como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Su carrera ha estado acompañada de figuras cercanas, como el actual ministro de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el ex candidato a intendente Juan Ruiz Orrico, quien fue destituido tras un accidente fatal en el que se encontró alcohol en su sangre mientras conducía un vehículo estatal.
La investigación sobre Vazón se centra en la posible violación del artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino, que contempla la defraudación agravada contra la administración pública. Este delito es especialmente grave debido a la naturaleza del daño, que afecta directamente al Estado, y se castiga con severidad debido a la mayor protección que merece la propiedad del Estado en comparación con la de los particulares.

El desarrollo de esta causa podría tener importantes implicaciones no sólo para Vazón, sino también para la integridad del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, un organismo clave en la selección de jueces y funcionarios judiciales en la provincia. La comunidad judicial y política de Entre Ríos espera con atención los avances de esta investigación, que podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la administración pública.