El fracaso de la Ley ómnibus: impericia, colaboracionismo sollozante y ajuste sin ley
Por Dr. Sebastián Pérez
Redacción por abogados privados de la City. Tratamiento rápido. Dialogo privado con jueces, Gobernadores y sindicatos.
Un Presidente negando públicamente la negociación y desprestigiando a interlocutores del gobierno. Oposición colaboracionista sollozando por ser escuchados.
Informantes del oficialismo frente a los diputados que no conocen los artículos. Llegada al recinto sin terminar de reescribirse y violando los pocos acuerdos. Formas de tratamiento denunciadas por propios y ajenos que hicieron saltar las contradicciones.
Papelón del Jefe de bloque oficialista y del Ministro del Interior en los medios de propaganda oficial sin saber qué significaba “volver a comisión” según el Reglamento de la Cámara. Ingresada en diciembre del 2023, la ley “ómnibus” avanzó a tumbos por la impericia oficial, y se apagó entre gritos de traición. Aquí intentamos analizar su arena legislativa y federal.
Sin ser negado por el oficialismo, la oposición ha sostenido que las formas del debate han sido excepcionalmente rápidas teniendo en cuenta sus múltiples ejes.
La ley original suponía emergencia en 12 materias (9 después de las negociaciones) pero solo fue tratada en 3 comisiones parlamentarias. El proyecto fue cuestionado en su constitucionalidad, por la fuerte regresión de derechos laborales, estabilidad e indemnizaciones y por la cesión de facultades que la Constitución expresamente coloca como intransferibles del Poder Legislativo: impositivas, arancelarias y de endeudamiento. El proyecto fue cuestionado por la oposición colaboracionista (UCR, PRO y HACEMOS – Pichetto y aliados) y no colaboracionista (Peronismo, Izquierda) por el sesgo “pro empresarios cercanos”. Eran específicos grupos económicos concentrados, de dudoso aporte al bienestar común, los ganadores en la eliminación de leyes de protección de bosques nativos y de glaciares, la desregulación de la venta de tierras a extranjeros o de la gestión de medicamentos.
En particular, la oposición no colaboracionista que adelantó su rechazo ya en la votación en general, sostuvo que el capítulo de liquidación de activos (41 empresas con variada participación accionaria del Estado nacional) presentaba múltiples problemas que no fueron respondidos por los Ministros en comisiones.
En primer lugar, el anexo respectivo no presentaba análisis técnicos pormenorizados de equilibrio financiero contable de cada unidad que justifiquen su cesión o liquidación.
En segundo lugar, la pérdida de participación estatal en YPF (eliminada con las primeras negociaciones), Banco Nación, Nucleoeléctrica SA, Dioxitek, entre otras, eliminaba la posición estratégica, energética y crediticia, del Estado para orientar el desarrollo nacional.
En tercer lugar, los problemas de sostenibilidad a mediano plazo que supondría la venta de activos estratégicos con objetivos inciertos: ¿Hacer caja para gastos corrientes? ¿Hacer frente a la fuga de capitales resultante de eliminar restricciones a la compra-venta de divisas (“cepo”) en el presente contexto? ¿Para dolarizar? Con un gigantesco esfuerzo social (devaluación + tarifazo + licuación de salarios) hasta hoy solo se ha registrado una tímida compra internacional de bonos públicos (BlackRock compró 2 millones de dólares en BOPREAL el 8/2/2024). Esta cautela de los grandes jugadores financieros siembra dudas sobre el contrato electoral.
¿Dónde están los fondos transnacionales con los que Milei contaba?
El proyecto cursó de hecho por la colaboración del PRO, la UCR y Hacemos, evidenciándose la coalición de derechas que comentábamos en artículos anteriores.
Es por ello que llama la atención que en la última semana el oficialismo sostenga un relato mediático que construye como antagonista al Peronismo.
Este relato es desdicho por las declaraciones públicas entre lágrimas de referentes de la UCR y por el pedido de cordura a un oficialismo que “no se deja ayudar”.
Al parecer, nunca llegó a consolidarse la confianza mutua con los que acompañaron en general.
Esto se vio en el disenso en
facultades delegadas, privatizaciones, venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las pensiones y jubilaciones, y seguirían haciéndolo inciso por inciso si la sesión no hubiera sido levantada (vía WhatsApp a Zago desde la Rosada).
Todo este culebrón tuvo su capítulo federal.
Los Gobernadores se mostraron siempre ajenos a negociaciones con interlocutores nacionales que eran desautorizados por el mismo Presidente vía “X” (ex Twitter). Por caso, nuestra provincia ha sido una las cinco más afectadas por Nación.
Desde enero los subsidios al transporte han sido cubiertos con el esfuerzo provincial, los fondos nacionales para obras sanitarias provinciales fueron eliminados, las transferencias (ATN) directas a las provincias y a los municipios se redujeron virtualmente a cero, para el caso de Entre Ríos.
Así, en los últimos dos meses Rogelio Frigerio ha hecho un gigantesco esfuerzo de colaboración, apoyando explícitamente el objetivo de déficit cero.
¿Es sostenible esto sin recibir colaboración alguna desde la Rosada?
Luego de vista la dimensión de las reformas iniciales, el Gobernador se opuso a específicas privatizaciones y a las retenciones a economías regionales.
Sin embargo, siempre mostró críticas más moderadas que la bancada entrerriana en Diputados.
De los 9 asientos, el único que acompañó sin críticas fue Benedetti (LLA). Los tres diputados de la UCR votaron afirmativamente en general.
Benedetti solo objetó algunas facultades delegadas. Galimberti extendió la crítica a las privatizaciones. Antola solo acompañó en general y luego, junto a la conducción de su partido (Lousteau), fue la más crítica en la votación particular. El hombre de Frigerio en la Cámara, Morchio (PRO), acompañó en general y moderó sus críticas en particular.
Finalmente, los 4 representantes del justicialismo (Bordet, Osuna, Gaillard, Ledesma), sostuvieron su posicionamiento inicial votando en contra en general y particular.
Teniendo en cuenta el ajuste a las provincias anunciado tras la caída de la ley, ¿qué pueden hacer los Gobernadores colaboracionistas frente a futuras negociaciones si la respuesta del ejecutivo nacional es virtualmente extorsiva? ¿Puede Frigerio evitar la encerrona ideológica de su par santafesino?
Pullaro (UCR-JxC) tuvo una actitud de colaboración en todo el proceso y sus objeciones se centraron en el capítulo fiscal (retirado por el oficialismo).
Tras la derrota, formuló un pedido de “respeto” en redes que usaba más la palabra “kirchnerismo” que la palabra “Milei”: sorprendente Offside.
Salta a la vista que un marco de ideas centrado en las antinomias tiene un corset interpretativo de la realidad.
A partir de lo dicho, es de vital importancia entender la naturaleza pragmática que deben tener las relaciones provinciales-nacionales, por el origen electivo de todos los actores en juego y por su proyección en la arena legislativa.
El Presidente debe comprender que las negociaciones son con referentes territoriales y legislativos de otra fuerza política con peso específico propio.
Los Gobernadores por más coincidencias programáticas que tengan con Nación, no deben olvidar que representan a una provincia. Todo ello exige entender que el árbol de la antinomia del presente, no debe tapar el bosque distópico de la antipolítica que remonta río arriba el Paraná.
Tras la derrota, el Ministro Caputo niega su importancia y muestra las heridas sociales como resultados fiscales.
Sin embargo, ya soplan vientos de parlamentarización.
El macrismo busca sumar músculo de gestión al Gobierno y se aceleran las reuniones.
Esperanzada en la fusión con el PRO, la bancada libertaria ya planea reeditar la ley “en fascículos”.
En medio de un retiro espiritual, Milei despide cordobeses, escracha gobernadores, promete la expiación de los traidores vía venganza fiscal y ajuste sin ley.
Ciertamente, la conducta errática del sucesor de Rivadavia es uno de los pocos elementos del contrato electoral que se ha sido cumplido a rajatabla.
