¿Podrá el Gobierno conjugar el equilibrio fiscal y el bienestar social?
Han transcurrido más de siete meses desde que el presidente Milei asumió su gestión, en medio de una recesión económica sin precedentes, y la expectativa de una rápida recuperación se desvanece, alejándose de la esperada salida en “V”. Desde el inicio de su mandato, el gobierno ha apostado fuertemente por reducir la tasa de inflación, considerándola el principal problema que enfrentan los argentinos, y atribuyendo su causa principal a la emisión monetaria.
Para evitar la emisión de dinero, el gobierno ha buscado recuperar el equilibrio fiscal mediante un ajuste del gasto público sin precedentes del 35%, a pesar de una caída del 5 % en los ingresos. Como resultado, en el primer semestre de 2024, se logró un equilibrio fiscal con un superávit primario del 1.2% del PIB (equivalente a $488.000 millones) y un superávit financiero del 0.4 % del PIB ($ 238.000 millones), logrando así el mejor resultado fiscal de los últimos 64 años.
No obstante, este logro fiscal ha tenido un fuerte impacto social. Los indicadores económicos muestran una caída significativa en el consumo, con una disminución del 16% en julio y una contracción del 5.7% en la industria. El desempleo ha aumentado al 7.7 % en el primer trimestre de 2024, lo que agrava la situación de muchas familias.
Más preocupante aún es el aumento de la pobreza, que ha alcanzado el 55% de la población. Según un estudio de UNICEF, cerca de un millón y medio de niños en Argentina se ven obligados a saltarse una comida al día, y un millón se van a dormir sin cenar, en un país que produce alimentos suficientes para 400 millones de personas.
Esta paradoja resalta la gravedad de la crisis alimentaria y social que enfrenta el país. El deterioro del poder adquisitivo es evidente, ya que la inflación sigue erosionando los salarios y las pensiones. Las familias luchan por cubrir sus necesidades básicas mientras los precios de bienes y servicios continúan disparándose. Este contexto ha generado un aumento en la desigualdad y ha profundizado la brecha entre los sectores más vulnerables y aquellos con mayores recursos.
En este panorama, se presentan luces y sombras. Por un lado, el gobierno ha implementado el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) para atraer inversiones importantes que impulsen el crecimiento. Además, las medidas de blanqueo de capitales y moratoria fiscal podrían inyectar nuevos recursos al sistema financiero, fomentando aún más la inversión. El gobierno espera una importante liquidación de divisas por parte del sector agropecuario en el segundo semestre, estimándose en aproximadamente USD 10.000 millones, junto con saldos energéticos exportables de USD 2.500 millones, lo que contribuiría a fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la economía.
Sin embargo, el gobierno enfrenta desafíos significativos, como la dificultad para salir del CEPO cambiario, lo que limita el ingreso de nuevas inversiones extranjeras al restringir el movimiento de capitales. Este impedimento se debe, en gran medida, al debilitamiento de las reservas internacionales, agravado por la crisis internacional.
Aunque se anticipa una mejora en la liquidación de la cosecha, la sobreoferta de soja a nivel mundial ha llevado a que los precios continúen a la baja, alcanzando niveles de 2006. Muchos productores optan por no liquidar este año, a la espera de una recuperación en los precios internacionales.
Además, el gobierno se enfrenta a importantes vencimientos de deuda tanto en este año como en 2025, lo que genera una considerable incertidumbre, especialmente en lo que respecta al pago de bonos en manos de inversores privados (no así con los compromisos con los organismos internacionales). Otro desafío adicional es mantener el equilibrio fiscal, ya que la caída de la actividad económica provoca una disminución significativa de los ingresos tributarios en términos reales.
En resumen, si bien existen oportunidades para impulsar la inversión y fortalecer la economía, el gobierno enfrenta desafíos significativos relacionados con las restricciones cambiarias, la caída de los precios de las materias primas, la deuda externa y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en un contexto de desaceleración económica.
Aunque la situación actual en Argentina es alarmante, el gobierno todavía tiene margen para corregir el rumbo y tomar decisiones que puedan revertir los indicadores negativos. Los mercados siguen apostando a que la administración de Milei logrará la estabilidad económica necesaria para mejorar el clima de negocios, lo que podría atraer inversiones y fomentar el crecimiento.
Es importante destacar que el presidente Milei mantiene en la actualidad niveles de imagen aceptables, lo que le otorga un respaldo político significativo para implementar las reformas necesarias. Este apoyo es crucial no solo para la recuperación fiscal, sino también para abordar las preocupaciones sociales y económicas de la población.
No obstante, la gestión actual debe encontrar un equilibrio entre las medidas económicas y el impacto humano de sus políticas. Aunque el gobierno ha conseguido un superávit fiscal, este logro ha venido acompañado de un alto costo social. Por lo tanto, el desafío pendiente es encontrar un equilibrio sostenible entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población.
En conclusión, la implementación de políticas que no solo busquen la recuperación económica, sino que también consideren las necesidades de los sectores más vulnerables, será determinante para evitar un mayor deterioro de la situación social.
La historia de esta administración se escribirá en función de su habilidad para lograr un desarrollo inclusivo, que no sacrifique el bienestar de la ciudadanía en el altar de la austeridad fiscal.
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