Presupuesto 2025: un acto de responsabilidad que no se puede postergar
Contar con un presupuesto aprobado es esencial para garantizar la estabilidad económica, el control fiscal y el cumplimiento de las obligaciones del gobierno. Un presupuesto aprobado ofrece certidumbre económica, lo que resulta clave tanto para los ciudadanos como para los inversores, y asegura el funcionamiento adecuado de los servicios públicos. Sin él, el país enfrenta el riesgo de un desorden financiero y una mayor vulnerabilidad ante crisis económicas.
En los últimos años, la no aprobación de los presupuestos se ha vuelto una práctica recurrente. En 2011, 2020, 2022 y 2024, el Congreso no aprobó los presupuestos, lo que obligó al Gobierno a prorrogar el del año anterior. Esta situación, que ha comenzado a considerarse “normal”, no debería serlo. La falta de aprobación es responsabilidad tanto del gobierno como de la oposición, y genera perjuicios significativos para el país.
De acuerdo con la Ley de Administración Financiera, si el Congreso no aprueba el presupuesto, se aplica el presupuesto del año anterior. Para ello, el Poder Ejecutivo Nacional deberá eliminar los recursos que no puedan ser recaudados nuevamente y los gastos que no se prevén realizar, y readecuar las partidas a través de decretos.
Sin embargo, nunca antes se ha dado la situación de no aprobar el presupuesto durante dos años consecutivos. En tal escenario, el Gobierno podría disponer de los recursos de forma discrecional, lo que pondría al país en una grave situación de inseguridad jurídica.
Si el Congreso no aprueba el presupuesto 2025, el Estado entraría en una especie de shut down (cierre de la administración pública que se produce cuando el Congreso no llega a un acuerdo sobre la aprobación del Presupuesto), una situación en la que se suspende la prestación de todos los servicios de la administración pública, las consecuencias podrían ser aún más dramáticas.
La falta de presupuesto pondría poner en riesgo el funcionamiento del Estado, suspendiendo servicios públicos esenciales y paralizando el pago de sueldos, jubilaciones y otros compromisos fundamentales.
En lo personal considero que no es posible prorrogar el presupuesto por segunda vez consecutiva, ya que la normativa no lo contempla. El gobierno de Milei decidido prorrogar el presupuesto 2023, y no hay marco legal para prorrogar dos años seguidos la misma hoja de ruta.
La Ley de Administración Financiera solo permite una prórroga excepcional, lo que nunca ha ocurrido en la historia del país. El artículo 27 de esta ley establece que la prórroga del presupuesto es una excepción que “no puede convertirse en regla”, y el presidente no tiene facultades legales ni constitucionales para prorrogar el presupuesto más de una vez.
Este escenario pondría al Gobierno de Javier Milei frente a dos alternativas: gobernar sin presupuesto o intentar aprobarlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que implicaría una ampliación discrecional del presupuesto sin la participación del Congreso. Esto permitiría al presidente disponer de los recursos de manera unilateral, lo que acentuaría la inseguridad jurídica y podría agravar la inestabilidad política y económica del país.
Algunos sostienen que la ley no prohíbe explícitamente la prórroga del presupuesto de manera consecutiva, lo que lleva a interpretar que podría hacerse. Sin embargo, esta interpretación carece de base normativa sólida, y la práctica de prorrogar presupuestos de forma reiterada refleja la falta de institucionalidad del país.
Las recientes no aprobaciones de los presupuestos han sido, en algunos casos, resultado de la oposición política, y en otros, de decisiones unilaterales del propio Ejecutivo Nacional. Un claro ejemplo de esto último son los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, quienes recurrieron al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para redistribuir y ampliar el presupuesto, eludiendo así el proceso legislativo formal.
En este sentido, quiero insistir en la importancia de lo institucional: Argentina no puede darse el lujo de seguir gestionándose sin un presupuesto aprobado. El presupuesto es la ley fundamental para cualquier gobierno, y su aprobación es un reflejo de la normalidad y el funcionamiento democrático de un país.
En conclusión, es imperativo que tanto el gobierno como la oposición comprendan la gravedad de la situación y la importancia de aprobar el presupuesto para 2025. En un contexto de alta incertidumbre económica y política, no podemos permitirnos un vacío legislativo que ponga en riesgo las finanzas del país y afecte la vida cotidiana de los ciudadanos.
La aprobación del presupuesto es, hoy más que nunca, un acto de responsabilidad y compromiso con la estabilidad y el futuro de Argentina.
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