Allanaron el estudio de un abogado y un conjuez, en Nogoyá
Se trata de los hermanos Navarro, conocidos en el ámbito judicial y político. Su buffet fue intervenido por la Policía Federal en una causa por tráfico de estupefacientes. Los vínculos en una ciudad donde todo se sabe. En la capital provincial todo es silencio. Las causas de abuso sexual.
Elementos que sobrevuelan en la sociedad de Nogoyá empiezan a expresarse en hechos concretos. Mientras tanto las instituciones y autoridades gubernamentales en Paraná, donde radican las conducciones de esas instituciones, hacen silencio y se esconden detrás de las cortinas de humo. Casi siempre mediáticas.
La Policía Federal allanó este miércoles el estudio jurídico de Maximiliano y Mariano Navarro y el domicilio de este último. Fue en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes.
El primero es el conjuez de la causa en la que se pretende archivar la denuncia contra el fiscal interino Federico Uriburu por violencia de género a la abogada Florencia Alberto, cuyo legajo acumuló una importante evidencia. El hombre es conocido también en el ámbito de la política por haber sido asesor de José Ángel Allende cuando presidió la Cámara de Diputados. El segundo, Mariano, es el presidente del Colegio de Abogados de Nogoyá.
La relación de los hermanos Navarro con el fiscal es conocida hasta por el último nogoyense. En la comunidad judicial local los encuadran en una especie de cooperativa que trabaja de manera aceitada. Ejemplo: en la causa de Mario Castillo, acusado de abuso con acceso carnal, el fiscal Uriburu y Maximiliano Navarro postularon un juicio abreviado en el que se acordó una pena de tres años. El juez de Garantías Gustavo Acosta lo rechazó y la Cámara de Casación le dio la razón. El fiscal Rodrigo Molina tomó luego la causa y Castillo fue condenado a 13 años en juicio oral. Sin haberse modificado el cuadro de pruebas uno pidió tres y otro 13.
La causa de Diego Silvestre Morel fue también por abuso sexual. Mariano Navarro solicitó una segunda cámara gessel, que no es otra cosa que rectimizar, y el fiscal Uriburu acompañó el pedido contrariamente a los indican los protocolos sobre un menor. El Ministerio Pupilar se opuso y le dieron la razón. El representante del Ministerio Público Fiscal había alegado que el psicólogo e integrante del equipo técnico de tribunales, Mario Cardozo, fue quien le había dado pie para solicitar esa segunda cámara gessel. El mismo Cardozo lo desmintió en el juicio oral. Morel fue condenado a 15 años de prisión.
César Roberto Cepeda está denunciado por abuso a dos niñas de 4 y 6 años en la comunidad de Lucas González, departamento Nogoyá. También pesa una denuncia por acoso a otra joven de 14 años. El imputado estaba cumpliendo una prisión domiciliaria que venció el 20 de septiembre y quedó en libertad porque no se había solicitado la prórroga en los casos de delitos sexuales. Quien debió hacerlo era el fiscal Federico Uriburu, que patrocina la investigación (legajo 738/20) Y el querellante Mariano Navarro. ¿Mala praxis o acuerdo?
En la causa que tiene como víctima a la abogada Alberto aparecen estos tres nombres. El fiscal Uriburu es el acusado y el conjuez Maximiliano Navarro el que solicitó el archivo de la causa. El silencio corre por cuenta de Mariano Navarro, quien preside la entidad que representa a la víctima. En el Poder Ejecutivo y en el Ministerio Público Fiscal lo reducen todo a meras internas pueblerinas.
Lo que empieza a aparecer son partes de un rompecabezas que tiene piezas que se irán conociendo. (I: Federico Malvasio Página Judicial)
