Dos funcionarios de Entre Ríos procesados por espionaje ilegal
La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de dos funcionarios del gobierno de Entre Ríos, Pablo Palá y Alexis Lesa, por hacer inteligencia ilegal sobre el exdirector de Contrainteligencia y la jueza federal Antonio Stiuso y Sandra Arroyo Salgado y encomendar al juez unas semanas antes del crimen del exfiscal de la AMIA Alberto Nisman. Los camaristas sugieren que deben investigarlos en la causa por la muerte de Nisman.
Lesa es el director de Informática del Gobierno de Entre Ríos. Él y Palá integran el Grupo Octógono (muy relacionado al urribarrismo y liderado por Facundo Cabrera, quien fue uno de los operadores informáticos de Sergio Urribarri). También están nombrados en la causa de los contratos truchos legislativos y fuero citados a declarar porque habrían recibido dinero en forma ilegal. Los nombres de ambos -junto a otros integrantes del grupo Octógono- aparecen mencionados en la página 499 del extenso informe de remisión a juicio de la causa, en la que se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. Lesa, de 45 años, está domiciliado en calle Urquiza 1613 y está ligado a la Administración Pública entrerriana desde 2012, en el segundo mandato de Sergio Urribarri. Tiene a su nombre en Nic.ar (organismo que administra las web en el país) a la página del PJ entrerriano y otras periodísticas, vinculadas a la actividad política. Palá tiene 44 años, vive en calle Perú 281 y el domicilio fiscal está en Santa Fe 322, donde se encuentra el Grupo Octógono. Ingresó como empleado del Estado entrerriano cuando comenzó el primer gobierno de Urribarri y desde 2021 es el responsable informático del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. También estuvo en el Poder Judicial de Entre Ríos entre 2019 y 2021, siempre con el negocio informático.
Palá se mostró como allegado directo al urribarrismo y, de hecho, aparecía ligado al exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, hijo del exgobernador. La llegada del exdiputado provincial del peronismo, Diego Lara, a la conducción del Tribunal de Cuentas, en 2020, hizo que Palá se transformara al año siguiente en el responsable de informática del organismo de control. A ese lugar lo llevó Juan Russo, quien se ocupaba de la Comunicación en el Tribunal de Cuentas cuando el urribarrista Guillermo Smaldone era su presidente. El hijo del exvocal del Superior Tribunal de Justicia, el ya jubilado Juan Smaldone, renunció al cargo en junio de 2016.
El procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini fue confirmado por la Sala II de ese tribunal de alzada integrado por Martín Irurzun y Eduardo Farah. Roberto Boico no firmó por estar de licencia, informaron fuentes judiciales. Arroyo Salgado es la viuda de Nisman.
Se trata de una parte de la denuncia que formularon la candidata presidencial Patricia Bullrich y la ex diputada Paula Alonso en el 2015 que afirmaba que la AFI conducida por Oscar Parilli se había más de un centenar de políticos, jueces y periodistas con una OB (orden de observación) que significa pinchadura de teléfonos y seguimientos. La lista entregada por Bullrich y Alonso incluye a los miembros de la Corte Suprema y sus conjueces. Hay jueces y fiscales federales, referentes políticos de casi todas las fuerzas opositoras desde Mauricio Macri y muchos legisladores del PRO hasta varios dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, Sergio Massa y Felipe Solá. Y empresarios como José De Mendiguren o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas.
Además, figuran decenas de periodistas de medios independientes, incluidos cinco de Clarín: Eduardo Van der Kooy, Daniel Santoro, Ismael Bermúdez, Miguel y Nicolás Wiñazki. También figuran varios ex funcionarios de inteligencia, como Miguel Angel Toma. Pero Stiuso se presentó como querellante y entregó datos como los ingresos ilegales de la AFI a la base de datos de Migraciones sin orden judiciales para buscarlo.
Luego de años de investigación, la Cámara Federal confirmó estos procesamientos y ordenó a Ercolini profundizar la investigación. En su fallo, al que accedió Clarín, el tribunal recordó que en principio “la fiscalía (al pedir la indagatoria de Pablo Palá y Alexis Lesa) y el juez (al disponer el acto, escuchar sus descargos y luego procesarlos), posaron especialmente la atención en determinadas consultas de movimientos migratorios que fueron materializadas desde un usuario de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia”
“Las consultas se refirieron a Antonio Stiuso y a Sandra Arroyo Salgado. Las identidades en cuestión –como se ve- no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación. Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió”, agregó. Los movimientos migratorios de la jueza federal “fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiuso, en treinta y ocho oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs”, precisaron.
En todos los casos, “se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”, añadió.
Al presentarse a la audiencia como querellante, Stiuso alegó que “lo que aquí se demostró y a PALA y LESA se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.
Y agregó que “…las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de mi persona comienzan el mismo día 18 de enero de 2015 a las 16;14;19 hs. y 16:14:17 hs., es decir cuando “aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento del Fiscal Nisman en Puerto Madero”.
Al parecer,”algunos no sabíamos lo que había ocurrido en el interior de ese departamento, pero a la luz de las búsquedas que desde la SI/AFI se efectuaron en la tarde del 18 de enero de 2015, otros sí lo sabían. Recordemos, porque creo que es importante advertir, que la madre del Fiscal Nisman ingresa a la vivienda en Puerto Madero, bien entrada la noche (se alude a las 22.30 hs.)… Esta información…necesariamente debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía a cargo de la investigación de la muerte del Fiscal Nisman” (ver mejora de fundamentos, el destacado es del original)”.
Con todo, el análisis conjunto de los elementos indiciarios y unívocos desarrollados la cámara federal concluyó:
- La reunión de información a que se ciñó la decisión del juez, “fue realizada con la intervención de agencias de inteligencia estatales y en infracción a la ley que regula su actuación”.
- Hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante.
- Las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir siendo profundizadas –además de procederse con arreglo a lo peticionado por la querella, anoticiando a los encargados de la investigación por homicidio mencionada-, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis –planteada entre otros por los testigos que revestían como agentes de inteligencia, cuya identidad (dado el curso tomando desde ahora por la investigación) deberá ser reservada en la anterior instancia- de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados.
- El rol de Palá y Lesa sólo puede ser entendido en términos de aportes relevantes propios de la participación criminal necesaria (art. 45, CP), en operaciones de inteligencia ilegales penadas por ley (art. 43 ter, ley 25520).
Peripecias de un grupo Octógono
Alexis Lesa y Facundo Cabrera son los creadores de Grupo Octógono, una empresa de desarrollos informáticos con sede en Paraná así denominada por tener sus oficinas en el edificio homónimo, frente a Casa de Gobierno sobre calle Santa Fe. En Grupo Octógono, Cabrera siempre fue la cara visible y el encargado de las ventas y los contactos con el Estado provincial y los municipios, que se cuentan entre los principales clientes de la firma. En ese esquema, Lesa siempre fue la otra pata: el experto en informática. La empresa y sus fundadores se hicieron conocidos en el ambiente periodístico por dos aspectos: por ser desarrolladores de algunos de los sitios web de noticias de la región y luego por ser Cabrera jefe de prensa de la Cámara de Diputados de la provincia durante la Presidencia de Sergio Urribarri.
En ese período (2015-2019) Cabrera manejó el abultado presupuesto destinado a pauta publicitaria del cuerpo legislativo. Claro que su objetivo nunca fue difundir la actividad de la cámara y sus miembros, sino intentar blindar a Urribarri de las denuncias por corrupción que por esos años empezaron a desarrollarse.
Al término de la gestión de Urribarri como presidente del cuerpo, por los servicios prestados Cabrera obtuvo un cargo jerárquico en planta permanente en la Cámara de Diputados y Lesa fue designado Director de Informática de la provincia.
Cabrera mantiene el vínculo con el exgobernador y sigue brindándole servicios de comunicación vinculados a su situación judicial. Lo hace desde una lujosa oficina ubicada en un departamento en la esquina de Buenos Aires y Garay, en cuyo quincho el ex gobernador suele reunirse y comer asado con periodistas, políticos y con sus abogados, en los que Cabrera oficia de anfitrión.(I: Analisis-Clarin)
