Bordet instó a sus pares de JxC a “consensuar posturas para defende los intereses de la provincia”
El diputado nacional Gustavo Bordet instó a sus pares entrerrianos de Juntos por el Cambio a consensuar posiciones comunes en torno a los efectos del proyecto de Ley Ómnibus en la provincia. Retenciones, privatizaciones, jubilaciones, derechos laborales, Ley Micaela y desfinanciamiento de la cultura, en la agenda.
El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su preocupación por los efectos del megaproyecto enviado por el presidente al Congreso Nacional. Destacó la importancia de defender los intereses de los ciudadanos entrerrianos y mencionó que los productores han alertado sobre el aumento en el impuesto de retenciones de exportaciones, que afectaría a la soja y a las economías regionales como los productores de arándanos y cítricos.
Bordet también enfatizó la necesidad de una visión federal que proteja los intereses de las provincias y mencionó que el aumento de los derechos de exportación perjudicaría a las economías de carne bovina, madera, vino y productos del complejo agroindustrial como el maíz. Señaló que es esencial analizar de manera responsable cada una de las medidas propuestas para proteger a las pequeñas y medianas empresas y evitar la pérdida de empleos.
Además, el ex gobernador criticó la privatización de más de 40 empresas estatales, como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, y su impacto en la provincia de Entre Ríos, mencionando el posible cierre de medios públicos. También expresó su oposición a medidas que afectan a la cultura, como la derogación de la Ley de protección de la actividad librera, el cierre del INT, la eliminación del Fondo Nacional de las Artes y la reducción de aportes a la música, el cine y las bibliotecas populares.
Bordet destacó la preocupación por la suspensión de la movilidad previsional, que podría tener un impacto negativo en los derechos jubilatorios y poner en riesgo el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. También mencionó la intención de debilitar la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes trabajan en la función pública.
Gustavo Bordet enfatizó la importancia de defender los intereses de los ciudadanos entrerrianos y expresó su oposición a varias medidas propuestas en el megaproyecto, argumentando que estas decisiones podrían tener un impacto negativo en la economía, la cultura y los derechos de la población.
