Los equipos técnicos de la secretaría de Justicia están trabajando desde comienzos de gestión para introducir modificaciones a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Hace dos semanas concluyeron el borrador final que está siendo evaluado por otras áreas de Gobierno. Recién una vez que supere todos los filtros internos será enviado a la Legislatura.
En gran medida, la reforma busca volver al esquema anterior del Consejo. Se trata de la regulación que estuvo vigente hasta 2022. Luego vino la modificatoria impulsada por el Poder Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet que la oposición no acompañó y además prometió modificar en caso de ser oficialismo.
Las variaciones que se impulsarán están referidas, en su mayoría, a aspectos inaplicables del texto vigente desde hace un año y medio. El panorama que se presenta es muy complejo. En los últimos 5 años, el Consejo inició 50 concursos, muchos de los cuales están pendientes de resolución aún. Y hay 57 más pendientes de llamado que fueron informados por el Superior Tribunal. La cifra se incrementa día a día por jubilaciones y renuncias.
El primero de ellos es el banco de casos. En 2022 se introdujo este mecanismo, que esperaba lograr 100 casos sobre 22 ejes legales diferentes. Con estos modelos se concursarían los nuevos concursos. Pero la realidad mostró que sólo se consiguieron sumar 200 casos. Y muchos de ellos fueron impugnados por concursantes debido a que no respetaban los criterios de los códigos procesales provinciales y las regulaciones dadas por el Superior Tribunal en acordadas.
Según se indicó, los casos fueron aportados de manera gratuita por gestiones personales. Esto redujo la seriedad del material. La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero.
En caso de que la opción elegida sea suspender la aplicación del banco de casos, se trabajaría durante dos o tres años para terminar de confeccionarlo.
También se puso la lupa sobre el esquema de recusaciones y excusaciones, que establece los criterios por los cuales un jurado puede dejar de desempeñar su función. “Es muy estricto”, evaluaron en Justicia. El rigor actual establece que alguien que haya sido docente de alguno de los inscriptos a un concurso debe inhibirse o puede ser recusado. La realidad marca que gran cantidad de profesores universitarios tuvieron en sus clases a quienes se anotan para lograr un puesto en la Justicia.
Esto afecta sobremanera a una lista de jurados que ya de por sí es “corta”, consignaron en el Gobierno provincial. En algunas áreas y cargos específicos incluso puede terminar vacía, señalaron.
En el área cavilaron sobre la eventualidad de pagar a jurados técnicos. Pero la realidad de la falta de recursos es un límite material infranqueable por ahora. Afecta también a la conformación de los equipos que deben realizar el examen psicodiagnóstico, que debe ser el mismo para toda la nómina de un concurso. Ni el Hospital Escuela de Salud Mental ni el Iosper están en condiciones de responder a esta demanda. Se proyecta un acuerdo con los Colegios que abordan la materia, pero por ahora la posibilidad está escrita con lápiz.
El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido.
En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses.
En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó.
En carpeta también está modificar los criterios consensuados para otorgar puntajes. El Gobierno comparte el criterio de los abogados particulares que se quejan de que gente designada “a dedo” gane puntos durante años por los vínculos personales que posee, en detrimento del profesionalismo. Por eso, pretende echar mano a una guía elaborada por la camarista penal Marcela Davite en conjunto con personal del Consejo, que deja de lado ese concepto.