Urribarri fue juzgado y condenado a ocho años de prisión por delitos vinculados con su gestión de gobierno.

Análisis y su director, Daniel Enz, contribuyeron al esclarecimiento y la investigación de hechos desde el lugar que debe ocupar el buen periodismo.

Al señalar como presunto delito el diálogo entre periodistas y fiscales, la defensa de Urribarri siembra sospechas infundadas sobre un vínculo natural para quienes ejercen el periodismo de investigación.

En especial, resulta inaceptable el pedido de que se informe sobre las comunicaciones mantenidas por Enz con jueces o fiscales, en virtud de que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional como parte del derecho a mantener en reserva las fuentes de información periodística.

Los fiscales y los periodistas tienen en común el objeto de investigación, unos y otros trabajan los temas con la particularidad de su oficio, con la obligación de verificar, contrastar y chequear datos y circunstancias. Nada oscuro ni ilícito hay en el diálogo entre fiscales y periodistas.

Perseguir la actividad judicial en lugar de contradecir los hechos que motivaron la condena constituye, por parte de la defensa de Urribarri, una maniobra distractiva y un peligroso ejercicio del litigio público con la intención de amedrentar y acallar al periodismo de investigación”.