Bahillo enfatizó que este decreto no está publicado oficialmente y que crea una unidad de compensación económica, asignándole hasta el 0,5% de la partida vigente en sueldos, lo que equivale a aproximadamente mil millones de pesos mensuales, es decir, 50 millones de pesos diarios.

Criticó que la asignación de estos fondos recaiga de manera discrecional en el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sin establecer criterios claros de idoneidad o eficiencia. 
El legislador señaló una contradicción entre este decreto y la proclamada austeridad y transparencia del gobierno, argumentando que mientras se eliminan gastos políticos en otras áreas, se otorgan amplios fondos sin control específico a funcionarios políticos. 
Bahillo subrayó que, en su experiencia, las compensaciones económicas estaban destinadas a contratos de servicio y no a funcionarios políticos, y cuestionó la falta de criterios y parámetros en la asignación de estos recursos.

Finalmente, instó al gobierno a explicar esta aparente contradicción y a establecer mecanismos de control y transparencia en el uso de estos fondos.