¿El acceso para todas y todos, es un servicio público esencial?
Esta semana fuimos, no voy a decir sorprendidos porque ya estamos acostumbrados, informados de una medida mediante la cual declaran el servicio de telefonía, servicios de internet y a televisión paga como servicio público esencial, con el supuesto fin de �Sgarantizar en el futuro el acceso para todas y todos⬝. Por supuesto una aberración desde el punto de vista legal de lo que es un servicio público esencial, pero, la consecuencia directa no es otra que regular el precio de dichos servicios.
Los manuales básicos de economía dicen que si un precio se regula, la empresa para sobrevivir deberá bajar costos. Los primeros costos que se bajan son las inversiones proyectadas o en proceso que se dejan de lado y luego con posterioridad la calidad del servicio o producto y la reducción del personal. En caso de que no logre bajar los costos para adaptarse al precio regulado, la empresa deberá cerrar. Según el presidente, de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado.
Otro engaño que se intenta hacer creer a la sociedad es decir que en países como �SNoruega y Finlandia, estos son servicios públicos⬝, lo cual valió un comunicado de la embajada de Finlandia que deja en claro que no es así y desmiente al presidente.
En Finlandia lo que se regula sobre los servicios de telefonía, banda ancha y televisión o radio es la calidad que deben tener y no los precios, las empresas compiten por brindar un mejor servicio a menor costo propiciando un esquema de �Scompetencia abierta⬝. Como expresa el comunicado de la embajada de Finlandia el gobierno se encarga de �Screar un entorno de mercado que brinde oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente la línea de servicios⬝ y por medio del ministerio de trasporte y comunicaciones se garantiza que toda la población cuente con acceso a redes de comunicación.
De esta forma y con un Decreto de Necesidad y Urgencia, que expresa la necesidad de acceso de todas y todos, se dejó sin efecto la ley 27.078 �SArgentina Digital⬝ de 2014 que su artículo 18 dispone que es el Estado Nacional quien garantiza un servicio universal, definiendo al servicio universal en el artículo 19 como �Sposibilitar el acceso a todos los habitantes de nuestro país⬝ y que este será financiado por un aporte de las empresas licenciatarias de servicios TIC que constituirán un fondo fiduciario con el 1% de todos sus ingresos.
Este fondo fiduciario está disponible en el Banco Nación y cuenta, según trascendidos, con más de $10.000 millones, que el gobierno nacional por medio del ENACOM podría utilizar para garantizar el acceso a internet a barrios carenciados de todo el país.
Como dije, por medio de un decreto sin necesidad ni urgencia, se deja de lado una ley para regular los precios de los servicios de telefonía, banda ancha y televisión que seguramente no va a mejorar el servicio de nadie, sino que a la inversa nos dejará a los que contamos con ellos con menos inversiones y menor acceso.
Lo único esperanzador, es que este decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre, como tantos otros decretos, y que esperemos no sean prorrogados.
Mientras tanto, tendremos menos inversiones, menos trabajo y menos servicios de comunicación e información, hoy tan necesarios por efecto de la pandemia.
Por más deficientes que puedan llegar a ser las comunicaciones, hoy en día todo se sabe, y los engaños tan burdos como este, cada vez tendrán menor efecto. Sólo los aplaudidores de turno pueden festejar una medida anunciada vía Twitter, un sábado y como tirando un palito al gobierno anterior, cuando la realidad es que con este decreto se deja sin efecto una ley del gobierno de la actual vicepresidente. ¿Qué más habrá detrás de este decreto innecesario y para nada urgente?
