El DNU que desregula la economía entró al Congreso y se abre un plazo de 10 días hábiles para su análisis
La Jefatura de Gabinete envió el Decreto de Necesidad y Urgencia al Senado. A la medianoche vencía el plazo. La comisión que debería debatirlo todavía no está conformada por diferencias con el kirchnerismo sobre la representación de cada partido.
Sobre el filo del plazo máximo, el gobierno de Javier Milei envió esta tarde al Congreso Nacional el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, en una señal de que está dispuesto a impulsar su tratamiento en medio de las versiones que indicaban que intentaría evitar que se trate. A partir de hoy, la Comisión Bicameral, que aún debe conformarse, tendrá diez días hábiles para emitir dictamen y enviarlo para su debate en el recinto de Diputados o el Senado.
El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi, ex diputado mendocino, recién llegado al Gobierno. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15, aunque existía la posibilidad de que lo hiciera por cualquiera de las dos mesas de entrada. Según confirmaron cerca del ministro coordinador, fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo. "Esto es una notificación al Congreso sobre el DNU publicado hace diez días. No era posible introducir cambios", aclararon en la Jefatura.
El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar "de oficio" el decreto. Fue un gesto de institucionalismo en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.
A partir de hoy rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre y empiece a debatir el documento para que luego, eventualmente, haya o no dictamen. Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que sólo presentó una nómina provisoria y exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios (son ocho por Cámara, que deben reproducir las representaciones políticas de ambos cuerpos). En la discusión por la representación de cada fuerza talla el pedido del bloque Hacemos Coalición Federal, que nació hace pocas semanas a partir de un acuerdo parlamentario entre Cambio Federal, el espacio de Miguel Pichetto -aliado de Mauricio Macri-; la Coalición Cívica de Elisa Carrió; y Hacemos un país, de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo; e Innovación Federal. La nueva bancada, que tiene 32 legisladores, exigió un lugar en la bicameral y, según aseguran, el titular de la Cámara, Martín Menem, se los había prometido. Ese cuarto puesto es justamente el que pide el kirchnerismo. "Ese tema es el que traba todo y Martín está haciendo malabares", confiaron fuentes legislativas. Mientras especula sobre cómo avanzará la Justicia -que también hizo lugar a un pedido de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- en Balcarce, 50 confían en que saldrán airosos del debate legislativo y confían en que hicieron todos los deberes. Entre ellos, incluir el tratamiento del DNU en el articulado de la ley Ómnibus, para asegurarse otra instancia de debate en caso de que la Bicameral rechace el mega decreto.
De todas formas, insisten en que no hay antecedentes de una desestimación en la historia, porque las condiciones requeridas para darlo de baja -el rechazo de las dos Cámaras- son muy difíciles de alcanzar. El Gobierno oscila entre dos estrategias para que la medida sobreviva. Al Presidente algunos asesores le recomiendan postergar al máximo el tratamiento, para que venza el plazo, como ocurrió con la mayoría de los decretos. Otros le indican que convendría acelerar para obtener un dictamen que eventualmente funcione como argumento simbólico para que la Corte Suprema, reacia a inmiscuirse en las discusiones de los otros poderes, pueda apoyarlos en caso de que las presentaciones judiciales escalen hasta la última instancia.
Milei aún no dio señales sobre cuál de los dos caminos elegirá. Por lo pronto, viajó a la Base Marambio. El domingo descansará antes de una semana clave, durante la cual empezará el debate en comisiones de la ley ómnibus.
Mientras tanto, se conocerá si el Gobierno promueve la creación de la Bicameral o no, y demostrará así si quiere o no acelerar el tratamiento del controversial decreto o procurará que quede vigente por omisión.
