El futuro del país no está en la agenda
La desconexión entre la política y la economía se ha hecho más que evidente esta semana, por un lado, la sociedad, preocupada principalmente por la economía, la seguridad y la salud, y por el otro, el sector político, que parece mirar solo hacia una parte de la salud, la que atañe al Covid, u otros temas como la reforma de la justicia federal.
Se conoció un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que pronostica que la región será una de las más castigadas por efecto de la pandemia. Pronostican, entre otras cosas, que el PIB regional caerá el 9,1% este año, retrocediendo 10 años en el PIB per cápita, lo que producirá un aumento del desempleo que superará el 13%, con su consecuencia directa en el aumento de la pobreza y en la indigencia.
La argentina no escapa a la realidad de la región, debe urgentemente pensar en salir del estancamiento y para ello se han anunciado medidas tendientes a reactivar la construcción, tanto en la obra pública como privada por medio de un nuevo lanzamiento del plan Procrear, y otras tendientes a subsidiar los ingresos.
Respecto de la reactivación de la construcción, bienvenida sea, es la continuidad a políticas que venían desarrollándose, pero es en el auxilio a las personas donde hemos percibido el mayor rechazo de la sociedad.
En este último caso se anunció un subsidio de $8.500 para personas con adicciones en su última etapa de recuperación, cuando un estudiante percibe aproximadamente $2.000 de la beca Progresar por estudiar una carrera universitaria. Esto nos está marcando claramente el orden de prioridades.
También hemos escuchado la propuesta del gobierno de transformar el IFE en un ingreso ciudadano de $17.000, lo que ha despertado muchos comentarios y desconcierto en relación a lo que a algunas personas le cuesta ganar ese monto, habría que analizar si el estado está en condiciones de solventar ese gasto y de qué manera, dado que la recaudación tributaria hoy no alcanza para cubrir las erogaciones del gobierno nacional ni provincial ni municipal, deberá salir del endeudamiento o de la emisión monetaria.
El 4 de este mes se votó en el congreso un aumento del presupuesto nacional de 1.860.000 millones, es decir un 6.5% del PIB, que se financiará con endeudamiento o con emisión. En ambos casos los terminaremos pagando más tarde, al endeudamiento, o más temprano a la emisión mediante mayor inflación. Si este gran aumento presupuestario estuviera planificado para una reactivación de la actividad económica, en parte los efectos negativos se neutralizarían, pero como ya lo ha manifestado nuestro presidente, no cree en los planes.
Es decir, si no tenemos un plan las metas de reactivación son solo expresiones de deseo, que espero con todas mis fuerzas se cumplan. Tampoco parece haber grandes problemas de inseguridad, solo es una cuestión de los medios que lo hacen visible según ha dicho la ministra, y en el tema de la salud hay informes alarmantes del avance de enfermedades que estaban controladas como la tuberculosis, el dengue o Chagas y la disminución en la cobertura para los tratamientos de otras como el VIH, el cáncer y las cardíacas.
Ante esta situación, parece prioritario pensar en una reforma de la justicia federal que solo aportará mayores gastos pero no redundará en más justicia para el ciudadano común, ya que no atiende a los delitos comunes sino a delitos federales como corrupción o narcotráfico.
Este proyecto ha cosechado múltiples críticas y fue declarada inconstitucional por la Cámara del Crimen, o ampliar la Corte suprema de la Nación para contar con la mayoría automática que logró el ex presidente Menem.
Con estas prioridades que el gobierno de turno tiene en su agenda, los ciudadanos seguiremos esperando ese modelo de país que nos lleve hacia el progreso económico y social y que hoy nos parece una utopía.
