El Gobierno cierra dos entidades más sumando 900 puestos de no trabajo
Manuel Adorni anunció la decisión gubernamental de suprimir dos organismos estatales adicionales, marcando otro paso en la estrategia de austeridad fiscal, con consecuencias en el empleo público.
En línea con la política de recorte estatal de Javier Milei, que busca reducir al máximo el gasto público, el vocero presidencial confirmó que el Gobierno cerrará otros dos organismos del Estado. Esto implica el despido de 900 empleados públicos.
Manuel Adorni, portavoz del Gobierno, anunció que el Ministerio de Economía tomó la decisión de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar debido a los hallazgos "alarmantes y profundamente preocupantes" encontrados en ambos entes.
"Con un total de 964 empleados, estos organismos se reducirán a una dirección con solo 64 trabajadores, lo que implica la eliminación de 900 puestos que no generaban productividad y un ahorro estimado en $9 mil millones", declaró Adorni, señalando el fin de "los excesos en el gasto público".
Además, reveló que el Instituto destinaba el 85 % de su presupuesto al pago de sueldos, convirtiéndose prácticamente en "una agencia de empleo político". Con sedes en Catamarca y Santiago del Estero, el organismo contaba con 160 delegaciones y 204 vehículos.
"La falta de eficiencia de este ente se evidencia en la ausencia de reclamos por parte de los productores y trabajadores del campo. Es evidente que el instituto no estaba cumpliendo con su misión original", agregó.
Esta medida se suma al cierre de otros organismos públicos como la agencia de noticias Télam y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Por otro lado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena recibía fondos discrecionales, donde participaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios en estas transferencias.
Creado por decreto en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, el INACI era un ente descentralizado con autonomía económica y financiera. Estaba bajo la dirección de Miguel Gómez, un líder del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, quien fue denunciado por el Gobierno nacional.
