La denuncia, que fue formalizada este viernes ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría, señala que existen “graves indicios” de irregularidades que involucran desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia. Entre las acusaciones, se destaca una supuesta violación del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos, relacionada con la “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1989, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.
Asimismo, el exmandatario le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.
Como era previsible, Urribarri también mencionó a Daniel Enz,  director de ANÁLISIS: “Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, sostiene en el escrito.
Cabe recordar que el ataque a Enz fue repudiado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El embate contra el periodista de investigación fue considerado un nuevo intento de “amedrentar y acallar” este oficio, y calificó a Análisis como “un orgullo para el periodismo del interior”.
Por otra parte, en la denuncia Urribarri afirma que del “armado judicial” participaron la pareja del Procurador, la vocal de la Cámara de Casación Penal, Marcela Badano; y su amiga, la vocal Marcela Davite. Sobre esta última también subraya que es “cuñada del juez del presidente del tribunal, José María Chemez, que me condenó”.